La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil no podrá aplicarse completamente hasta dentro de dos meses

Tres días después de entrar en vigor la nueva Ley de Enjuiciamento Civil (LEC), la consejera de Justicia, Núria de Gispert, admitió ayer que la falta de medios impedirá su aplicación inmediata en Cataluña. La mayor parte las 115 nuevas salas de justicia necesarias para cumplir la ley no podrán entrar en funcionamiento hasta finales de febrero. De Gispert atribuyó el retraso a la 'falta de previsión' por parte del Gobierno central.

La nueva ley sustituye la normativa procesal vigente desde 1881 y obliga a modificar los equipamientos técnicos y los recursos humanos de las salas en que se aplique. Según el juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, 'se necesitarán entre un 30% y un 35% más de jueces para que esta ley no sea un fracaso'.

En cuanto a los requisitos materiales, Justicia ha iniciado los trámites para construir 115 nuevas salas en Cataluña, que estarán dotadas de una videocámara y varios micrófonos para poder grabar las vistas orales. Gracias a ello, las partes implicadas en el juicio podrán adquirir un CD-ROM con la grabación del juicio.

Pero la adaptación de las salas no progresa al ritmo necesario. Aunque los representantes de Justicia presentaron ayer el funcionamiento de estas salas, con juicio simulado incluido, buena parte de los juzgados aún no tienen los medios para aplicar la ley. Un total de 56 salas no estarán listas hasta el día 29 de este mes y otras 59 no serán operativas hasta finales de febrero. Una vez que entren en servicio, Cataluña contará con 280 salas de vistas, 165 de las cuales han entrado en servicio esta semana. Las obras y los medios audiovisuales han costado casi 900 millones de pesetas.

De Gispert atribuyó la demora y la escasez de personal a la 'falta de previsión' del Gobierno central. Opina que aunque las competencias de Justicia están transferidas a la Generalitat, resulta 'incomprensible' que el Gobierno 'no hiciese una memoria económica para que cuando la ley entrara en vigor estuviera todo previsto'. Pese a la falta de recursos humanos y materiales de los juzgados catalanes, éstos no son los únicos que tienen problemas con la aplicación de la nueva normativa. Núria de Gispert recordó ayer que, mientras que la ley sólo exige adaptar una sala por cada dos juzgados, 'Cataluña tendrá una sala en cada juzgado'. La consejera también admitió que los juzgados catalanes aún están anticuados y definió el nuevo texto como 'una ley del siglo XXI que se aplica en oficinas judiciales del siglo XIX'.

Por su parte, el juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, se sumó a las críticas formuladas por la consejera y denunció que la nueva ley 'se olvida de la figura del secretario judicial' al limitarle sus funciones, lo que en su opinión, puede colapsar aún más la justicia. Sin embargo, Bayo aseguró que 'si la ley fracasa no será por culpa de los jueces ni de los funcionarios judiciales'.

Representantes sindicales de estos funcionarios también mostraron su descontento con la entrada en vigor del nuevo texto y pidieron más medios materiales y humanos para aplicar la ley de procesos civiles.