Un reconocimiento a los 'desafectos'

Unos 200 andaluces, que padecieron la represión franquista en cárceles y campos de concentración durante más de tres años, podrán beneficiarse de las indemnizaciones, que regula un decreto aprobado el martes por el Consejo de Gobierno andaluz. La cifra definitiva, sin embargo, variará conforme a las solicitudes que se presenten durante los seis meses de plazo, que ha concedido la Consejería de Justicia y Administración Pública, para que antiguos presos reclamen el pago. La cuantía máxima de la indemnización será de 1,5 millones. El decreto también abre un banco de datos con la lista de represaliados en cárceles o campos de concentración -con estancias superiores a tres meses e inferiores a tres años-, a los que se podría compensar en una segunda fase. Éstos son los testimonios de seis presos andaluces, que podrían beneficiarse del decreto.

'El calvario de quienes hemos trabajado por la libertad no se paga con nada'

- José Custodio Serrano Gañán

Tantos años después de que un consejo de guerra celebrado en Algeciras (Cádiz) le endosara 30 años de cárcel por sublevarse, José Custodio Serrano sigue reaccionando con estupor e ingenuidad: 'Si los sublevados eran ellos'.

A José Custodio Serrano Gañán, que nació hace 87 años en un pueblo de Córdoba y fue teniente de la milicia durante la guerra civil, le pasearon por varios campos de concentración y cárceles andaluzas antes de destinarle a trabajar en el canal del Bajo Guadalquivir (acuñado como canal de los presos), donde le redimían tres días de condena por cada uno de trabajo. Tuvo más suerte que centenares de compañeros que se murieron de hambre y extenuación. Sobre las indemnizaciones dice con franqueza: 'Nunca es tarde, hemos estado muy olvidados'.

- Ángel Gómez. 'Pasé mucha hambre. Para todo el día, nos daban una lata de sardinas y un chusco de pan que teníamos que compartir entre cinco. Perdí tantos kilos que tardé años en recuperarme'. Ángel Gómez guarda un doloroso recuerdo del año que pasó en dos campos de concentración de Alicante. Después, padeció tres años en la cárcel de Granada, condenado por su filiación al PSOE y mandar, como comandante, a fuerzas republicanas en la guerra civil.

Nacido en Santa Fe (Granada) hace 89 años, duda si solicitará las indemnizaciones recién aprobadas por la Junta: 'Nunca me ha gustado pedir. Siempre he sido muy independiente y pedir resta libertad. El que da te pasa factura tarde o temprano. Y eso ata mucho'. Con sólo 15 años ingresó en las Juventudes Socialistas y con 18, en la UGT. Cuando estalló la guerra fue denunciado por vecinos y tuvo que huir de Granada con su hermano mayor, simpatizante republicano. Durante decenas de kilómetros cargó con él, herido en una pierna, hasta que lo dejó a salvo y huyó a Málaga, donde formó un batallón de caballería. 'Me quitaba el sueño la responsabilidad de mandar un batallón de niños de 18 a 20 años', recuerda.

El final de la guerra le sorprendió en Toledo: 'Me negué a rendir a mis hombres y cada cual se marchó a donde pudo'. Él se dirigió a Alicante, en cuyo puerto fue capturado. De allí a los campos de concentración y, después, encarcelado. Gómez sigue siendo militante socialista. Entre 1983 y 1987 fue concejal de Limpiezas del Ayuntamiento de Granada. 'Introduje los contenedores de basura en la ciudad', rememora con orgullo.

- Manuel Ruiz Benítez. Fue detenido el 1 de mayo de 1967, apenas un día después de su casamiento. Su delito fue luchar por la libertad desde el Partido Comunista y CC OO. Escribir octavillas, repartir panfletos y colocar banderas rojas le costó casi cuatro años de prisión. Estuvo en media docena de cárceles y, aunque fue torturado, dice que nunca temió por su vida. 'Sí me pesaban las represalias hacia mi familia', confiesa.

En 1967 estuvo privado de libertad dos semanas, pero en 1968 volvió a ser detenido y no salió hasta 1971. Ahora recuerda con añoranza aquellos días que lo reafirmaron en sus convicciones antifranquistas. Allí conoció a la cúpula del PCE: Marcelino Camacho, Gerardo Iglesias y tantos otros. Para redimir pena o mandar algo de dinero a casa, trabajó en una forja que había en la cárcel, hizo de oficinista, limpió váteres y ejerció de bibliotecario.

Ahora, tiene 60 años, reniega de la política 'profesional' y dirige una importante empresa constructora malagueña. 'Hay que seguir luchando contra el fascismo', afirma. No pudo cobrar las indemnizaciones para represaliados aprobadas en 1990 por el Gobierno, pero reúne los requisitos para solicitar las acordadas por la Junta. Ya piensa cómo las va a distribuir. 'No quiero el dinero para mí, porque el calvario que ha pasado mi familia y los que hemos trabajado por la libertad en este país no está pagado con nada', aclara. A continuación lanza algunas ideas: editar ejemplares de la Constitución y repartirlos en algunos institutos, crear un premio periodístico sobre la libertad, donarlo a ONG que se dediquen a atender a inmigrantes y, sobre todo, compartir el reconocimiento con la familia de su amigo José Luis López de la Calle, asesinado por ETA.

- José Gutiérrez Campoy. En la madrugada del 1 de mayo de 1970 sembró de banderas rojas con la hoz y el martillo los edificios emblemáticos de Málaga. Pocos días después era detenido en la sede de una peña recreativa, que en realidad era una tapadera del PCE. Se pasó el verano en la prisión de Málaga. A finales de 1974 fue condenado junto a otras 38 personas más por asociación ilícita y propaganda ilegal. Le echaron tres años y medio, pero apenas cumplió unos meses en Carabanchel y Jaén. En julio de 1975 un indulto le devolvió la libertad. No llegó a estar un año en prisión, por lo que no podrá beneficiarse de las indemnizaciones. 'Me agrada el reconocimiento porque los que luchamos por la democracia en aquella época exponíamos nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo. Pero no me importa el dinero, sino el reconocimiento'.

- José Mena Ortega. A sus 71 años, Pepe, como le gustan que le llamen, todavía recuerda el frío invernal de Hamburgo, a donde llegó desde Cádiz en 1959 huyendo del franquismo. Siete años antes, este tornero de Astilleros se afilió al Partido Comunista. Este hecho y su activa participación en todas las protestas laborales le procuraron no pocos problemas. Su propia madre le pidió que abandonase el país. 'Fue el momento más duro', relata con la voz entrecortada. 'Dejé a mi mujer, de 26 años, a dos niños pequeños, al resto de mi familia, al trabajo y a los amigos. Lo dejé todo', explica. A su vuelta del exilio en Alemania y Francia, participó activamente en el Partido Comunista y fue concejal de fiestas. Sigue militando en IU, formación de la que es presidente de honor. Ahora, con 71 años, vive con una pensión de apenas 70.000 pesetas y 'un piquillo' que le llega de Francia. De ahí que confiese que se siente 'víctima del pasado, de los asesinos de la cúpula de la represión, pero también del presente'. Aplaude las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía, que piensa solicitar, aunque se muestra un tanto escéptico. 'Espero que sea verdad y no sea pura propaganda', espeta.

- Jacinto Martos. Con 83 años, jubilado y residente en Lopera (Jaén), cree que el decreto llega tarde. 'Pero bueno, a nadie amarga un dulce', manifestó ayer. Martos no se beneficiarán de forma inmediata, pues sólo estuvo 20 meses privado de libertad. Permaneció en un campo de concentración muy cerca de Figueras (Girona), donde estuvo a punto de morir de pulmonía. 'En 1941 nos llamaron a todos los de la quinta del 39 para ir a Jaén y sólo yo fui enviado a Madrid, primero, y después a Girona', recuerda. Su delito: ser 'desafecto al régimen'. Entonces era afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas. Su esposa, Carmen Calvache, recuerda: 'Se lo llevaron como a los cochinos, en un vagón de tren al descubierto y sin darles de comer'.

Información de Tereixa Constenla (Sevilla), Francisco J. Titos (Granada), Leonor García (Málaga), Fernando Pérez Monguió (Cádiz) y Ginés Donaire (Jaén).