Empresario navarro juzgado por secuestrar a inmigrantes

July Marisel Sánchez Quintero, de 24 años de edad, pudo ayer, tras más de dos años de espera, relatar ante los jueces de la Audiencia de Pamplona el calvario de explotación y abusos que ella y otras nueve súbditas venezolanas y colombianas sufrieron a finales de 1998 en el club de alterne J.J. de la localidad navarra de Buñuel, en el que fueron 'secuestradas' según la fiscalía y obligadas a prostituirse a razón de doce horas diarias de trabajo.

Marisel Sánchez fue la única de las cinco denunciantes que se atrevió a testificar en la primera jornada del juicio oral abierto en el Palacio de Justicia de la capital navarra contra el empresario navarro Adolfo Labarga, propietario del local, y su compañera sentimental Juana Urdániz.

Sánchez relató en la sala la sórdida cadena de amenazas y abusos que ella y sus compañeras, inmigrantes sin papeles, padecieron a finales de 1998. Aunque el acusado, para quien se solicitan 133 de cárcel, negó los delitos de prostitución, detención ilegal, abusos sexuales y contra los derechos de los trabajadores que se le imputan, Sánchez relató con serenidad y pormenorizadamente el régimen de secuestro y esclavitud en el que fueron mantenidas en el club navarro hasta que no acabaron de pagar la deuda contraída con el acusado.

Bajo llave

Según su relato, no pudieron salir del chalé en el que se ubicaba el prostíbulo durante meses, donde permanecían vigiladas y encerradas bajo llave en sus habitaciones, tras retirárseles el pasaporte y el dinero que traían, obligadas a realizar prácticas sexuales con los clientes durante doce horas diarias a razón de 5.000 pesetas por servicio pero sin percibir una sola peseta de su explotación, que Labarga descontaba de la presunta 'deuda' contraída con él. Las jóvenes eran vigiladas por distintos inmigrantes ilegales contratados por el acusado, así como por Urdániz, según los relatos de la acusación. La joven testigo afirmó que un día Labarga la violó amenazándole con un cuchillo. Narró múltiples amenazas de muerte, denunció agresiones físicas y reconoció que tras abandonar el club de Labarga tuvo que seguir practicando la prostitución en Guipúzcoa, en un club de Tolosa, para poder subsistir.

Cuando el abogado defensor de Juana Urdániz, para la que se piden 106 años de prisión, le preguntó por qué no se había ido de España, la joven miró al tribunal y dijo: 'Le aseguré un día que me iba a pagar lo que me estaba haciendo y no quería perder el privilegio de estar hoy en esta sala declarando la verdad'. Las defensas del presunto proxeneta y de su compañera, pusieron en duda la credibilidad de las afirmaciones de la joven y de sus compañeras y el acusado aseguró que las denunciantes se prostituían 'autónomamente' y que él sólo las hospedaba. La fiscalía sostiene que Labarga mantenía contactos con intermediarios sudamericanos para la selección de prostitutas que acudían a España creyendo que iban a obtener otro tipo de empleos.