El delegado del Gobierno en Murcia emplaza a los empresarios a contratar parados españoles

Ayer fue un día de inactividad y tensión en el valle murciano de Guadalentín. Los empresarios del campo no contrataron inmigrantes que no tuvieran regularizada su situación. Víctor Lirón, el empresario agrícola acusado de atentar contra los derechos de 12 inmigrantes muertos el 3 de enero cuando fueron arrollados por un tren en un paso a nivel sin barreras, durmió un día más en la cárcel tras declarar ante el juez. Los sindicatos UGT y CC OO denunciaron las condiciones de 'semiesclavitud' en la que trabajan los inmigrantes sin papeles, y éstos se quedaron sin el jornal diario y con un temor creciente a ser expulsados.

Por la noche, los empresarios estaban convocados a una reunión en el restaurante La Pradera, de Lorca, que finalmente se convirtió en una asamblea que duró unas dos horas y a la que asistieron más de 2.000 personas entre alcaldes, trabajadores españoles, inmigrantes legales e irregulares y organizaciones sindicales. La solución, para ellos, era ampliar la regularización y, en todo caso, que no se criminalice quienes contratan irregulares.

El empresario que empleaba a los 12 ecuatorianos muertos, Víctor Lirón, pasó ayer su cuarta noche en el calabozo. El magistrado del Juzgado número 2 de Lorca decidirá hoy si le deja en libertad tras estudiar sus antecedentes penales. Lirón fue condenado en tres ocasiones por contratar irregulares y no pagarles. El dueño de Greensol, SL, comenzó su declaración ante el magistrado Antonio Alcázar a las 14.15 y apenas media hora después era conducido de nuevo al calabozo. Compareció de nuevo por la tarde para declarar por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores, tipificado en el artículo 213 del Código Penal, que establece penas de entre dos y cinco años de prisión.

Los empresarios de la zona no quieren correr su misma suerte. Con la nueva Ley de Extranjería, que entrará en vigor el próximo 23 de enero, los empresarios que empleen a indocumentados pueden ser multados con entre uno y 10 millones de pesetas, y sufrir además el cierre de su explotación por entre seis meses y cinco años.

Como solución, el PSOE ofrece al Gobierno un plan de 'regularización temporal' de los inmigrantes irregulares en aquellas zonas que, como la huerta murciana, cuentan con una 'demanda clara'; Izquierda Unida pide la retirada de la nueva ley y la reapertura de un amplio proceso de regularización, y los sindicatos UGT y CC OO instan a la regularización e integración de los inmigrantes para evitar que estalle 'el polvorín' que se está creando con estas situaciones. La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia recordó que pidieron que dejara trabajar a todos los inmigrantes que posean copias de la solicitud del permiso.

Los empresarios de la zona invocaron el convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y sindicatos mediante el cual se permite el uso de mano de obra no regularizada ante la inexistencia de mano de obra legal.

El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Peñarrubia, les replicó 'que en la comunidad hay registrados 1.600 trabajadores españoles del campo que están en paro'. El presidente de las cooperativas, Manuel Soler, le espetó: 'Murcia tiene entre 60.000 y 70.000 inmigrantes. Unos 20.000 ni siquiera han iniciado los trámites de regularización. Otros 12.000 están a la espera de lo que la Administración resuelva. Eso suma 32.000 personas. Los 1.600 trabajadores a los que él se refiere probablemente no estén en disposición de trabajar'.

El PSOE e IU defienden que la regulación de los flujos de inmigrantes no puede basarse en la 'represión'. Ambos, así como el Grupo Mixto, piden la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, para que explique esta crisis. El portavoz socialista de la comisión de política social y empleo, Ramón Jáuregui, le sugerirá un plan de cinco medidas para solventarla. La primera es la regularización temporal de los inmigrantes que ya trabajan en la zona. Esa temporalidad serviría para que la patronal de Murcia estimara cuántos inmigrantes necesita. La tercera sería un convenio con Ecuador para regular en origen la mano de obra ecuatoriana que se requiera en esta zona. La cuarta consiste en reforzar la inspección para evitar 'situaciones de semiesclavitud'. Y, por último, un plan de integración de esta mano de obra, sobre todo para escolarizar a los niños y garantizar que acceden a los servicios sanitarios.