Educación destinó cerca de 400 millones para el alquiler de aulas prefabricadas en 2000

'Una educación de montar y desmontar'. Así calificó la diputada socialista por Alicante en las Cortes Valencianas María Dolores Mollá la política educativa aplicada por el PP desde que llegó al poder en 1995. Mollá criticó que el Gobierno de Eduardo Zaplana haya multiplicado por seis el gasto destinado a costear las aulas prefabricadas ante el retraso en la construcción de centros educativos. Según figura en una respuesta parlamentaria del consejero de Educación, Manuel Tarancón, se ha pasado de los 60 millones de pesetas presupuestados en 1995 para aulas modulares a los 383 millones abonados por Educación durante el presente curso escolar.

Además, el Gobierno de Zaplana no sólo dispara el gasto en la instalación y alquiler de estos 'barracones' sino que, según apuntó Mollá, la partida dirigida a la adecuación de centros escolares de la provincia de Alicante no figura en los presupuestos para este ejercicio. 'Existen casos sangrantes, y más aún cuando se trata de la provincia de Alicante, donde los centros educativos están muy deteriorados', lamentó.

La diputada socialista expresó su 'perplejidad'ante casos como los registrados en los municipios alicantinos de Alfàs del Pi y de Xàbia. Según Mollá, el ejecutivo autonómico destinó a la localidad de Alfàs del Pi durante 2000 más de 15 millones de pesetas para la subvención de estas instalaciones, pese a tratarse del municipio con 'mayor' renta per cápita de toda la región valenciana. Del mismo modo, expresó su contrariedad ante el pago por parte de la Consejería de Educación de 24.870.596 pesetas este año para sufragar el coste de unas aulas prefabricadas en Xàbia, puesto que sólo fueron utilizadas por un período de dos meses.

Proporcionalmente al número de centros, la provincia de Alicante, con 28 aulas prefabricadas, es la que cuenta con mayor número de estas instalaciones. Le siguen las provincias de Valencia, con 34, y Castellón, con 13. Así, el gasto total durante 2000 ascendió a 383.264.023, de los que más de 175 millones se abonaron a la provincia de Valencia; 125 millones a Alicante, y más de 82 millones a Castellón.

La diputada socialista insistió en que la 'provisionalidad de estas instalaciones' impide el cumplimiento de los ciclos formativos previstos en el mapa escolar. Mollá advirtió además de la información 'confusa y sesgada' proporcionada por el ejecutivo valenciano, al tiempo que desmintió las declaraciones pronunciadas por el jefe del Consell durante la inauguración del curso escolar en las que afirmaba que la región valenciana es la primera comunidad en aplicar la LOGSE. 'Pero si somos los últimos', replicó.

Mollá acusó al PP de aplicar una política educativa 'improvisada y sin planificación'. Para la diputada socialista, esto contrasta con los proyectos ya diseñados de centros de ocio. Por ello, Mollá exigió la elaboración de un estudio serio y profundo que revele las carencias en materia educativa, porque, en su opinión, es 'inconcebible', que desde 1995 el gasto en instalaciones prefabricadas se haya incrementado en un 600%. Educación paga 192.922 pesetas mensuales por el alquiler de un aula de 120 metros cuadrados, además de 864.896 pesetas por su montaje. Su desmantelamiento cuesta también 154.454 pesetas. No obstante, estas cifras varían en función del tamaño de las instalaciones. Las empresas que copan los contratos de montaje y alquiler son concretamente tres: Alquimodul, SA, Wiron Prefabricados Modulares, SL, y Jahuel, SL.