La justicia pone punto final al desmán en las costas cántabras

La publicidad de la promotora vendía la urbanización así: 'Nada más salir de su apartamento se introducirá en una masa arbórea donde destaca el gran follaje, las hojas perennes que le acompañarán siempre, la fauna y la naturaleza desbordante de un encinar que sobrevive al paso del tiempo. Un bosque sólo para usted, con todas las ventajas que siempre ha soñado: un bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi, Proyectos y Desarrollos Inmobiliarios pone a su alcance', junto a la ría de Ajo y la playa de la Arena en Arnuero, oriente de Cantabria.

Desde que las distancias entre esta comunidad y Vizcaya se cayeron con la puesta en servicio de la autovía Bilbao-Santander, los reclamos como ese de 1991 abundan en la prensa bilbaína. Al casi millón de habitantes residentes en torno a la estrecha área metropolitana que envuelve la ría del Nervión se les ofrece un paraíso a tiro de piedra. Un millón de gentes sin espacio frente a todo un territorio regional despejado con tan sólo 500.000 habitantes, mar, altas motañas, precios bajos, tranquilidad.

El alcalde de Arnuero, condenado por prevaricación, era a su vez promotor inmobiliario

La oferta es tan irresistible que ya hay muchos vizcaínos con residencia fija en Castro Urdiales, Laredo, las poblaciones más próximas de Cantabria. La mayoría, sin embargo, opta, como los de El Encinar, por adquirir una segunda vivienda para los fines de semana y vacaciones.

Condiciones óptimas para que las costas de Cantabria se conviertan en una réplica de Benidorm o de cualquier otro atiborrado emplazamiento del litoral mediterráneo. 'En la Comunidad Valenciana ya sólo nos queda un 8% de litoral donde podamos aplicar la ley de Costas', admitía recientemente un ejecutivo medioambiental de la administración valenciana.

La presión urbanística que acecha a las costas cántabras corre el peligro de convertirlas en una réplica de las mediterráneas.

El ejemplo de Arnuero evidencia esa tendencia. Durante la etapa de Juan Hormaechea al frente de Cantabria, el alcalde y promotor inmobiliario de Arnuero José Luis Rey Villa declaró urbanizable un bosque de encinas junto a la playa de La Arena, donde iría El Encinar. (Rey está condenado e inhabilitado por prevaricación.) El municipio agrupa a cuatro núcleos urbanos -Isla, Arnuero, Castillo y Soano- donde viven 2.000 personas de derecho y 30.000 de hecho, durante el verano, con 24 hoteles en activo. Al pasar las normas urbanísticas subsidiarias a revisión por la Diputación de Cantabria, ésta impuso una recalificación del suelo urbanizable por urbano.

Con todo el respaldo legal (municipal, regional y registro de la propiedad) se iniciaron las obras de El Encinar y la venta de sus apartamentos, aunque con la oposición de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Dos de sus miembros permanecieron dos días detenidos en junio de 1992 por encadenarse a las máquinas de la promotora. Todo era aparentemente legal hasta que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) falló en favor de un recurso de ARCA contra la recalificación del suelo y el procedimiento utilizado.

Los pronunciamientos jurídicos siguientes a ese fallo han sido complejos y se resumen en que el cambio de las normas subsidiarias fue ilegal y las licencias de construcción de la urbanización nulas. La modificación de las primeras se había hecho sin mediar una motivación que las justificaran y sin someter el trámite a información pública. La ilegalidad de fondo llevó al propio Tribunal Supremo a ratificar en febrero pasado un fallo del TSJC para el derribo inmediato de los 144 apartamentos de El Encinar.

El actual alcalde de Arnuero, un ex militante del CDS que llegó al cargo el año pasado como independiente en las filas del PP, ha recibido una herencia de una magnitud que le supera. El Gobierno de Cantabria le ha dejado en la estacada, de manera que debe ejecutar él solo la sentencia de demolición. 'Si la Diputación de Cantabria ordenó el cambio de las normas, digo yo que debería asumir las consecuencias', afirma José Manuel Igual.

Igual no desea derribar la urbanización porque comprende a los dueños de los apartamentos. Cree que se ha cometido con ellos una injusticia y tienen derecho a ser indemnizados. Pero el tribunal superior cántabro le ha dado un varapalo y le ha instado a que cumpla la sentencia sin dilaciones y no asuma la defensa de esos vecinos porque ya tienen quien los defienda.

Tirar El Encinar y restaurar la zona supera el presupuesto anual de Arnuero. El alcalde ha pedido árnica a la justicia para que le autorice a hacerlo por fases y pueda repercutir en más de una anualidad los 200 millones que vale la demolición.

Los propietarios, por su parte, se sienten estafados y desamparados. Disponen de plazo hasta el 7 de febrero próximo para reclamar una indemnización.El apartamento les costó alrededor de 12 millones de pesetas, pero la petición global de resarcimiento de daños superará los 2.000 millones de pesetas, según su abogado, Guillermo Ibarrondo, porque la mayoría de ellos han hecho obras complementarias. Reclaman que se les indemnice por la pérdida del apartamento y otros elementos asociados como la proximidad a la playa, el paisaje, el bosque 'enteramente suyo' que les prometía la inmobiliaria. Ibarrondo dice que para evitar riesgos procesales dirigirán la reclamación a las dos administraciones, la municipal y la autonómica. Que respondan las dos, dice, ya que ambas se quitan el muerto de encima.

El caso de Arnuero no es el único que puede estallarle en la cara a cualquier comprador de un apartamento o casa con vistas al mar, en Cantabria.

ARCA se mantiene viligante para no pasar una sola ilegalidad urbanística. Enfoca su estrategia en mirar con lupa las promociones que atentan contra el patrimonio natural de la región. Si ve atisbos de ilegalidad los denuncian ante los tribunales. Aunque con retraso, en la mayoría de los casos les han dado la razón. Por su parte, la consejería de Medio Ambiente acaba de anunciar la elaboración de un Plan Especial de Protección del Litoral. El consejero José Luis Gil ha asegurado en varias ocasiones que lo presentaría antes de finales de 2000, pero ha llegado 2001 sin cumplir la promesa.