El Defensor del Menor recela de la gestión privada de centros de jóvenes

El defensor del menor, Javier Urra, no ve con buenos ojos que el nuevo centro de reforma que la Comunidad va a abrir en la antigua residencia San Vicente, en la carretera de Colmenar Viejo, lo gestione una empresa privada.

'En principio es una idea que no me gusta. Creo que en temas fundamentales como éste es mejor que el personal sea contratado por la Administración porque así se garantiza mejor su estabilidad laboral, su independencia, su nivel formativo y que esté bien remunerado', explica. 'Podría tener sentido en un primer momento porque la Comunidad no sabe aún a cuántos chavales tendrá que atender, y sin esa información no puede sacar plazas públicas; pero no después', concluye Urra.

De la misma opinión son los sindicatos CC OO y UGT y la presidenta del grupo parlamentario regional del PSOE- Progresistas, Cristina Almeida. Almeida considera que dejar la gestión de un reformatorio a una empresa privada 'es un error porque el fin de la empresa es ganar dinero y no la reinserción social de los jóvenes delincuentes', asegura.

El artículo 45 de la Ley Penal del Menor permite a los gobiernos autonómicos establecer convenios con entidades privadas, siempre que sean sin ánimo de lucro, para gestionar los centros de reforma. Sin embargo, la entidad que contrata personal para este nuevo reformatorio se autodefine como 'empresa en expansión' en un anuncio publicado en prensa el pasado 31 de diciembre ofreciendo trabajo.

'Alta retribución'

En el anuncio, esta compañía también ofrece 'alta retribución económica', pero algunas de las personas que han sido entrevistadas para los 18 puestos laborales ofertados aseguran que, por ejemplo, en la categoría de monitor educacional se ofrece un sueldo bruto anual de 1.900.000 pesetas por 38 horas semanales.

Según UGT, un educador de la plantilla del Instituto del Menor y la Familia (IMMF) gana unos tres millones brutos al año, aunque admite que en el Instituto no existe la categoría de monitor educacional.

Los interesados en trabajar en este nuevo reformatorio debían enviar su currículo a una dirección de la calle de Cea Bermúdez. El local no figura a nombre de la asociación Cicerón, sino de una consultora y de un arquitecto. EL PAÍS intentó ayer contactar con la asociación a través de la secretaria que atiende dicho despacho, pero no fue posible. 'Yo sólo me encargo de recoger los currículos y de informar sobre las pruebas selectivas', aseguró.

También indicó que las 18 plazas anunciadas de educadores y vigilantes están ya cubiertas. Los candidatos seleccionados recibirán un curso desde el 7 hasta el 12 de este mes. El día 13 entrarán ya a trabajar.