Los empresarios exigen al Gobierno que regularice a los indocumentados

La situación irregular de estos casi 20.000 inmigrantes indocumentados los deja a merced de las mafias y de los empresarios sin escrúpulos. De ahí que agricultores y sindicalistas insistieran ayer en denunciar la 'doble moral del Gobierno', que por un lado habla de integración y por otro mantiene a los sin papeles 'al límite de la esclavitud'.

No parece probable que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, consiga su propósito de desligar el accidente de los jornaleros de Ecuador -arrollados el miércoles, a las 7.40, por un tren de cercanías en un paso sin barreras cuando viajaban hacinados en una furgoneta- de la dramática situación por la que atraviesan sus compatriotas. Ni empresarios ni sindicatos quieren que la tragedia irrevocable de la muerte oculte la de los que, sin permisos, obligados a trabajar a destajo para satisfacer la voracidad de las mafias, sin derecho siquiera a ponerse enfermos, ofrecen su mano de obra casi a cambio de la voluntad del patrón.

Y, por si fuera poco, miles de ellos se tuvieron que quedar ayer en Lorca, mano sobre mano. Ningún empresario se atrevió a contratarlos. '¿Qué agricultor, tras el accidente, se va a arriesgar ahora a contratar inmigrantes? Se corre el riesgo de ser visitado por la inspección de Trabajo y ser sancionado con 1.100.000 pesetas por cada trabajador que no tenga contrato', explicó Manuel Soler, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM). Soler mostró su preocupación por la imagen negativa que puede proyectarse sobre los agricultores de Murcia tras conocerse que algunos de ellos contratan sistemáticamente a inmigrantes sin permisos para aprovecharse de su desamparo legal.

'A los primeros que les conviene que los extranjeros tengan documentación', aseguró el presidente de los cooperativistas, 'es a los empresarios, porque queremos que haya trabajadores suficientes, que tengan documentación en regla y que puedan cotizar a la Seguridad Social, como ellos se merecen y como nosotros necesitamos'.

Según Soler, unos 20.000 inmigrantes residentes en Murcia pudieron regularizar su situación en el último proceso abierto por la Administración, pero otros muchos, cerca de 20.000, quedaron fuera. '¿Qué pasará ahora?', se preguntaba, '¿con estas personas?'.

A su juicio y al de los sindicatos UGT y CC OO, el Gobierno tiene la respuesta. Y ésta no debe ser otra que la apertura inmediata de un 'proceso extraordinario de regularización' al que puedan acceder todos estos inmigrantes que aún no han podido legalizar su situación. 'La situación de estas personas', explicó Lola Jara, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras, 'puede llegar a ser dramática, puesto que el temor a las acciones de la Inspección de Trabajo ha provocado que muchos empresarios del campo hayan cerrado sus explotaciones a trabajadores extranjeros sin papeles'.

Hay un dato que escandaliza a los responsables sindicales de Murcia y al alcalde de Lorca, Miguel Navarro. 'Parece que los representantes del Gobierno', dice el alcalde socialista, 'se acaban de enterar de la escandalosa situación por la que atraviesan los trabajadores extranjeros. ¡Y no será porque no se lo hayamos dicho mil veces...!'. Lo de mil no parece una exageración. En los archivos de UGT y CC OO descansan un buen número de denuncias cursadas contra empresarios agrícolas de la región por abusar de inmigrantes.