Del autogobierno al cogobierno: a la espera de un balance

El año nuevo -y en esta ocasión la novedad se extiende al siglo y al milenio- estimula a echar la vista atrás y a elaborar un balance de situación. Han transcurrido dos décadas desde que el Estatuto de Autonomía devolvió a Cataluña una capacidad de autogobierno que le fue arrebatada tras la derrota republicana de 1939. Dentro de pocos días, se pondrá en marcha una comisión de estudio con el fin de evaluar el rendimiento del régimen autonómico. El Parlamento catalán creó dicha comisión a finales de noviembre pasado, a propuesta de todos los grupos y con la excepción del Grupo Popular. Esta decisión seguía a una iniciativa de los 67 diputados de la oposición -Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds- presentada en la primavera de 2000. A ella se sumó en otoño Convergència i Unió. A la vista de las fechas que se citan, se comprueba que el ritmo parlamentario no es precisamente frenético. Con todo, el empeño merece la pena.

Veinte años de autogobierno ofrecen ya experiencia y perspectiva para que la comisión parlamentaria valore su rendimiento y proponga adecuarlo a los cambios producidos desde la entrada en vigor del Estatuto de 1979. En aquel momento, participar en la Europa comunitaria era sólo una aspiración, el telón de acero dividía a una Europa bipolar, se iniciaba la difusión del ordenador personal y poco o nada se sabía de los antecedentes de Internet. El teléfono móvil o la clonación de seres vivientes sólo figuraban en los relatos de ciencia-ficción. Términos como sociedad del conocimiento y globalización no constaban en el vocabulario político y periodístico. Por su parte, la Constitución de 1978 no auguraba la extensión del régimen autonómico a 17 comunidades. Y tampoco era previsible, por tanto, la transferencia de tantas competencias, recursos y personal estatales a estas comunidades autónomas. Después de tantos cambios, ¿puede alegarse que carecen de sentido una evaluación del autogobierno y su eventual actualización?

Quienes hemos propuesto esta evaluación sabemos que el autogobierno no es un fin en sí mismo. Por ello importa conocer el impacto de la autonomía sobre la vida colectiva. ¿En qué medida las competencias asumidas por la Generalitat han repercutido positivamente en el bienestar y la cohesión de la sociedad catalana? ¿Hasta qué punto las instituciones autonómicas han hecho avanzar la calidad democrática de nuestra política? ¿Qué obstáculos encuentran para ello y qué posibilidades hay de eliminarlos?

Es en este contexto donde debe plantearse si conviene asumir más competencias, si cabe ejercerlas de otra forma, si se cuenta con los recursos necesarios, si es adecuado el diseño de nuestras instituciones o en qué aspectos requieren cambios. De la respuesta a estas preguntas pueden derivarse iniciativas legislativas: en el Parlamento catalán, en las Cortes españolas. O pueden resultar correcciones en la aplicación de las actuales normas legales. Por todas estas razones, el informe final que la Comisión ha de producir -no más tarde del 30 de junio de 2001, según el acuerdo de su creación-, será algo más que un ejercicio académico. Ha de constituir un cuaderno de propuestas -políticas y legales- al servicio de los intereses de la sociedad catalana.

A una mejor protección de estos intereses debe orientarse cualquier innovación de lo existente. Por ejemplo, cuando se aspira a un Parlamento más ágil, menos esotérico, más eficaz en el control del Ejecutivo y más abierto a la intervención ciudadana. O cuando se reclama una ley electoral -mandato todavía incumplido del Estatuto de 1979- que combine la igualdad de voto con la proximidad entre electores y elegidos. O cuando se plantea la 'devolución' de competencias y recursos a los gobiernos locales. O cuando se debate la limitación de los mandatos representativos. O cuando se constata la necesidad de que la Generalitat intervenga en las decisiones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales que afectan a sus competencias.

Las normas fundamentales de una comunidad -las reglas básicas de la política- deben manejarse con precaución. Pero no hay que confundir tal precaución con una actitud conservadora, que paradójicamente encierra grandes riesgos. Una actitud integrista en materia constitucional o estatutaria pone la Constitución y el Estatuto en peligro de obsolescencia, de alejamiento de la realidad social, de pérdida de eficiencia y de legitimidad. Cualquier aficionado a la historia constitucional sabe que las constituciones que más duran son las que más se transforman, sea por revisión de su texto, sea por cambios en su interpretación y aplicación.

Nadie niega que la llamada globalización comporta riesgos. Puede significar la marginación de colectivos y naciones, sometidos a potentes actores públicos y privados que esquivan los controles democráticos y albergan escasas inquietudes sociales. Pero esta globalización abre también la oportunidad de insertarse en los nuevos mecanismos de toma de decisión que se perfilan en diversos niveles. Por ello, importa ahora ejercer un cogobierno efectivo en varios ámbitos de interés común, en los que inciden a su modo instituciones de alcance mundial, europeo o español.

Cataluña encierra potencial suficiente para intervenir en la mayoría de dichos ámbitos. Si no activara dicho potencial, perdería el tren de la historia. No será sólo un cambio legal el que permita la activación de dicho potencial. Pero no hacerlo puede retrasarla o malograrla. De ahí la necesidad de acometer este balance. A la vista de lo que resulte, tocará a quienes tienen hoy responsabilidades políticas y sociales actuar en consecuencia. Con sentido de país, deberán adoptar las medidas necesarias para que el autogobierno -el cogobierno- amplíe las oportunidades de desarrollo personal y nacional y nos acerque a objetivos de mayor solidaridad y justicia social.El año nuevo -y en esta ocasión la novedad se extiende al siglo y al milenio- estimula a echar la vista atrás y a elaborar un balance de situación. Han transcurrido dos décadas desde que el Estatuto de Autonomía devolvió a Cataluña una capacidad de autogobierno que le fue arrebatada tras la derrota republicana de 1939. Dentro de pocos días, se pondrá en marcha una comisión de estudio con el fin de evaluar el rendimiento del régimen autonómico. El Parlamento catalán creó dicha comisión a finales de noviembre pasado, a propuesta de todos los grupos y con la excepción del Grupo Popular. Esta decisión seguía a una iniciativa de los 67 diputados de la oposición -Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds- presentada en la primavera de 2000. A ella se sumó en otoño Convergència i Unió. A la vista de las fechas que se citan, se comprueba que el ritmo parlamentario no es precisamente frenético. Con todo, el empeño merece la pena.

Veinte años de autogobierno ofrecen ya experiencia y perspectiva para que la comisión parlamentaria valore su rendimiento y proponga adecuarlo a los cambios producidos desde la entrada en vigor del Estatuto de 1979. En aquel momento, participar en la Europa comunitaria era sólo una aspiración, el telón de acero dividía a una Europa bipolar, se iniciaba la difusión del ordenador personal y poco o nada se sabía de los antecedentes de Internet. El teléfono móvil o la clonación de seres vivientes sólo figuraban en los relatos de ciencia-ficción. Términos como sociedad del conocimiento y globalización no constaban en el vocabulario político y periodístico. Por su parte, la Constitución de 1978 no auguraba la extensión del régimen autonómico a 17 comunidades. Y tampoco era previsible, por tanto, la transferencia de tantas competencias, recursos y personal estatales a estas comunidades autónomas. Después de tantos cambios, ¿puede alegarse que carecen de sentido una evaluación del autogobierno y su eventual actualización?

Quienes hemos propuesto esta evaluación sabemos que el autogobierno no es un fin en sí mismo. Por ello importa conocer el impacto de la autonomía sobre la vida colectiva. ¿En qué medida las competencias asumidas por la Generalitat han repercutido positivamente en el bienestar y la cohesión de la sociedad catalana? ¿Hasta qué punto las instituciones autonómicas han hecho avanzar la calidad democrática de nuestra política? ¿Qué obstáculos encuentran para ello y qué posibilidades hay de eliminarlos?

Es en este contexto donde debe plantearse si conviene asumir más competencias, si cabe ejercerlas de otra forma, si se cuenta con los recursos necesarios, si es adecuado el diseño de nuestras instituciones o en qué aspectos requieren cambios. De la respuesta a estas preguntas pueden derivarse iniciativas legislativas: en el Parlamento catalán, en las Cortes españolas. O pueden resultar correcciones en la aplicación de las actuales normas legales. Por todas estas razones, el informe final que la Comisión ha de producir -no más tarde del 30 de junio de 2001, según el acuerdo de su creación-, será algo más que un ejercicio académico. Ha de constituir un cuaderno de propuestas -políticas y legales- al servicio de los intereses de la sociedad catalana.

A una mejor protección de estos intereses debe orientarse cualquier innovación de lo existente. Por ejemplo, cuando se aspira a un Parlamento más ágil, menos esotérico, más eficaz en el control del Ejecutivo y más abierto a la intervención ciudadana. O cuando se reclama una ley electoral -mandato todavía incumplido del Estatuto de 1979- que combine la igualdad de voto con la proximidad entre electores y elegidos. O cuando se plantea la 'devolución' de competencias y recursos a los gobiernos locales. O cuando se debate la limitación de los mandatos representativos. O cuando se constata la necesidad de que la Generalitat intervenga en las decisiones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales que afectan a sus competencias.

Las normas fundamentales de una comunidad -las reglas básicas de la política- deben manejarse con precaución. Pero no hay que confundir tal precaución con una actitud conservadora, que paradójicamente encierra grandes riesgos. Una actitud integrista en materia constitucional o estatutaria pone la Constitución y el Estatuto en peligro de obsolescencia, de alejamiento de la realidad social, de pérdida de eficiencia y de legitimidad. Cualquier aficionado a la historia constitucional sabe que las constituciones que más duran son las que más se transforman, sea por revisión de su texto, sea por cambios en su interpretación y aplicación.

Nadie niega que la llamada globalización comporta riesgos. Puede significar la marginación de colectivos y naciones, sometidos a potentes actores públicos y privados que esquivan los controles democráticos y albergan escasas inquietudes sociales. Pero esta globalización abre también la oportunidad de insertarse en los nuevos mecanismos de toma de decisión que se perfilan en diversos niveles. Por ello, importa ahora ejercer un cogobierno efectivo en varios ámbitos de interés común, en los que inciden a su modo instituciones de alcance mundial, europeo o español.

Cataluña encierra potencial suficiente para intervenir en la mayoría de dichos ámbitos. Si no activara dicho potencial, perdería el tren de la historia. No será sólo un cambio legal el que permita la activación de dicho potencial. Pero no hacerlo puede retrasarla o malograrla. De ahí la necesidad de acometer este balance. A la vista de lo que resulte, tocará a quienes tienen hoy responsabilidades políticas y sociales actuar en consecuencia. Con sentido de país, deberán adoptar las medidas necesarias para que el autogobierno -el cogobierno- amplíe las oportunidades de desarrollo personal y nacional y nos acerque a objetivos de mayor solidaridad y justicia social.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi.Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y diputado del grupo parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi.