Los ecuatorianos muertos trabajaban para un empresario condenado por explotación

Un ministro, un obispo y el delegado del Gobierno para la Inmigración acudieron ayer a su funeral. Según los sindicatos, demasiado tarde. CC OO de Murcia había denunciado en 60 ocasiones a Víctor Lirón y UGT vaticinó hace un año que la 'explotación de los inmigrantes por parte de empresarios sin escrúpulos' terminaría en tragedia. Ningún patrón fue detenido entonces ni preguntado siquiera por sus prácticas ilegales. Ni la Policía ni la Guardia Civil saben dónde se encuentra Víctor Lirón ni tampoco Lucas Cervantes, otro de los empresarios investigados. Las reiteradas llamadas realizadas ayer por este periódico a los teléfonos del domicilio y de la oficina de Lirón, así como a su móvil, no fueron atentidas.

'No señor, no sólo lo mató el tren', dice Mercedes junto al féretro de su hermana Gladys. Y aunque el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, dijo tras el funeral que es 'mezquino en lo personal y demagógico en lo político' mezclar el terrible accidente con la situación de los inmigrantes, Mercedes sigue en sus trece. Dice que quizás Gladys María Loayza Capa de León estaría hoy viva de haber tenido papeles. Y la verdad es que su relato da que pensar: 'La furgoneta salió de Lorca antes del amanecer, ¿y sabe usted por qué? Porque ninguno tenía papeles, y de noche todos los gatos son pardos. El chófer no escogió el camino más seguro ni el más corto para ir de aquí a la plantación, ¿y sabe por qué? Porque es muy peligroso circular por la autovía, donde suele haber patrullas de la Guardia Civil, así que atajan por carreteras secundarias, poco transitadas'. Es la última razón de Gladys, rodeada por compatriotas que asienten, la que da más vértigo. De haber escogido la autovía -el trayecto más corto-, la vieja furgoneta atestada de inmigrantes no tendría que haber cruzado el paso a nivel sin barreras. 'No, no le engaño', insiste Mercedes, 'a mi hermana Gladys no sólo la mató el tren'.

Los sindicatos están de acuerdo. Ayer no fue difícil recuperar tres sentencias que demuestran cuál es la situación en el campo de Lorca. Una de ellas, dictada el 3 de noviembre de 2000 por el juzgado de lo social número dos de Murcia, considera probado que los demandantes -siete ecuatorianos- trabajaron para Víctor Lirón, dueño de Greensol S. L., sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social. 'Los actores', dice la sentencia, 'fueron contratados verbalmente por los demandados, sin que estuviera regularizada administrativamente su situación en España, y sin formalizar por lo tanto ni contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social'. La sentencia continúa advirtiendo que 'la condición de trabajadores emigrantes de los denunciantes, sometidos por tanto a la imperiosa necesidad de trabajar, determinó que, mayoritariamente, fueran contratados verbalmente, sin cobertura contractual alguna'. Pero -y aquí viene lo peor- el juez Mariano Gascón no condenaba a Lirón por todas estas irregularidades, sino porque, además, no les llegó a pagar el salario de miseria que les prometió. Menos mal que el juez determinó que la situación de ilegalidad en que se encontraban los inmigrantes 'no puede privarles de su derecho a ejercitar acciones jurisdiccionales ni a que se les tutele judicialmente de forma efectiva'.

El acoso judicial y sindical a que fue sometido Lirón a finales del pasado año dio resultado. Su empresa, Greensol S. L., fue declarada 'insolvente provisional' por los juzgados de lo social números 2 y 4. No obstante, según los sindicatos, las andanzas del empresario no acaban ahí. Víctor Meseguer, líder de UGT en Murcia, asegura que el conductor de la furgoneta siniestrada hacía de intermediario entre la nueva empresa de los empresarios Lirón y Cervantes y los inmigrantes ecuatorianos. Según Meseguer, 'el conductor [único inmigrante con papeles de los 14 que ocupaban el vehículo arrollado a las 7.40 del miércoles] se encargaba de hacer seis viajes diarios entre Lorca y las plantaciones de brécol. Ofrecía a los trabajadores, que transportaba hacinados en la furgoneta, trabajar a destajo, lo que está terminantemente prohibido: 10 pesetas por kilo de brécol recogido'. La policía trata ahora de establecer la relación de los dos empresarios citados y una nueva empresa -creada presuntamente para sustituir a Greensol- llamada Agrícola Bresol S. L., donde aparentemente no figuran pero al frente de la cual está David Fernández Sánchez, antiguo trabajador de Greensol y mano derecha de Lirón. Las plantaciones de Bresol en la Venta de Ceferino estaban ayer vacías, sin ningún inmigrante que sacara brécol de la tierra, pero una envasadora seguía luciendo el anagrama de Greensol.