El TSJ celebrará en abril la primera subasta judicial en colaboración con entidades privadas
Los buenos resultados obtenidos por la sala única de subastas, servicio público creado en 1999 por el decanato de juzgados de Valencia, han impulsado a dicho decanato a profundizar en la externalización de las pujas cumpliendo con el espíritu de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación a partir del próximo día 8 de enero. Tanto es así, que a partir del mes de abril del año 2001, se celebrará la primera subasta judicial de la Comunidad Valenciana en colaboración con entidades privadas. En cualquier caso el decanato seguirá manteniendo el control sobre los expedientes judiciales y administrando el acceso público a los mismos aunque el acto material de la subasta lo llevará a cabo una empresa especializada que incluso permitirá la puja electrónica. Desde su creación en 1999 el servicio público de subastas ha facilitado a los ciudadanos más de 4.619 informaciones, el 76% de ellas a través del teléfono, y se han facilitado 14.540 consultas personales a los expedientes de subastas.
En los nueve primeros meses de este año se han subastado más de 500 bienes, mientras que de 643 subastas previstas se han realizado un total de 338. Los bienes subastados de la provincia y capital de Valencia que más interés han suscitado entre los ciudadanos han sido las fincas urbanas. De hecho el 69% del total de los bienes subastados hasta septiembre del año 2000 son pisos o casas, seguidos de maquinaria y enseres con un 15% y de las fincas rústicas con un 10%.
Los datos estadísticos facilitados por el gabinete de comunicación de la Audiencia de Valencia señalan además que la mayoría de los bienes subastados se adjudican en tercera subasta, lo que representa un 57% de los mismos, mientras que en primera convocatoria apenas llega a adjudicarse un 27% de los bienes subastados.
Cabe destacar la participación de los ciudadanos en el mundo de las subastas judiciales. Durante los primeros nueve meses del año, de los 279 bienes adjudicados, 46 han sido adquiridos por ciudadanos particulares, 131 por acreedores y 102 por profesionales.
