El consistorio de Barcelona ordena de nuevo el precinto de seis hoteles
El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado por segunda vez en menos de cuatro meses el precinto de seis hoteles del grupo Gargallo, todos ellos situados en el Casc Antic, por las deficiencias y faltas de medidas de seguridad que presentan. Un particular denunció ayer ante la fiscalía que los establecimientos siguen abiertos y reclamó su clausura. En uno de ellos, el Rialto, está prevista para el domingo una fiesta de fin de año con 400 personas, pese a que un juez ordenó su cierre para evitar así "un caso de incendio o de catástrofe".
La última orden municipal de cierre de los hoteles Suizo, Barcino, Rialto, Gótic, Santa Marta y del Mar fue acordada por el Área de Vía Pública del Ayuntamiento el 2 de noviembre. A primeros de julio se dictó otra orden similar, pero entonces, como ahora, no fue ejecutada por parte de la Guardia Urbana.En los últimos requerimientos el consistorio insta a la empresa para que cese en su actividad por falta de licencia y se le advierte de que, de no hacerlo, se precintará el hotel y se puede estar cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal. Además, se le advierte de que en caso de no cumplir esas resoluciones se le impondrán multas de 100.000 pesetas. Pero dos meses después ninguno de esos requerimientos ni amenazas ha surgido efecto y los hoteles seguían ayer abiertos. Un portavoz municipal declinó pronunciarse ayer sobre la situación creada argumentando que no podía consultar a los servicios jurídicos del consistorio hasta el día de hoy.
Antecedente en julio
El consistorio explica en las últimas órdenes de clausura que cuatro de los hoteles carecen incluso del permiso de puesta en marcha porque todavía no han adecuado sus instalaciones a los planos aprobados en su día. Dos hoteles carecen de puerta de servicio y en cuatro de ellos consta que el propietario ha construido habitaciones en la parte superior del edificio, en los lugares en que había de habilitarse cuartos trasteros de acuerdo con el proyecto presentado. "Resulta increíble que el Ayuntamiento no ejecute sus propios actos cuando, además, está reconociendo la gravedad de la situación", afirma Xavier Gràcia, abogado del denunciante de los hechos, Juan Ucher, ex responsable de obras y servicios del grupo Gargallo.El Ayuntamiento ya ordenó a primeros del mes de julio el precinto de los seis hoteles, pero éste no llegó a ejecutarse ante la promesa de los propietarios de la cadena Gargallo de subsanar las numerosas deficiencias que se detectaron. En el caso del hotel Rialto, situado en la calle de Ferran de Barcelona, el dueño presentó incluso un recurso contencioso-administrativo contra la orden de cierre, pero la juez lo desestimó y el 19 de julio ordenó que se ejecutara la orden municipal de clausura. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona razonaba en su resolución que debe prevalecer el interés general sobre el interés particular del propietario "en cuanto a trabajadores, clientela, pérdida de ingresos, etcétera". La juez explicaba también que si no se clausurase el hotel se estaría poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios del hotel y la de los 50 empleados "ante un caso de incendio o catástrofe" en el establecimiento. Por eso, la juez puntualizaba que "resulta evidente la prevalencia del interés general sobre el concreto particular".
Juan Ucher Vaquer compareció ayer ante la fiscalía para denunciar la situación creada y exigir el cierre inmedito de los seis hoteles, especialmente en el caso del Rialto. Ucher ha solicitado también del Ayuntamiento de Barcelona que no autorice la fiesta prevista en ese hotel con motivo del cambio de año, ante la falta de medidas de seguridad. El denunciante asegura que para ese día se prevé la asistencia de entre 350 y 450 personas en los sótanos del hotel y que el local tiene precintadas sus salidas de seguridad.
Los hoteleros recurren la orden de precinto y aseguran que están mejorando la seguridad
Días después de que el Ayuntamientro de Barcelona ordenase, en noviembre, el precinto de los seis hoteles, el Grupo Gargallo solicitó al consistorio que suspendiera la decisión. Los hoteleros argumentaban que desde el verano están haciendo obras de mejora en las instalaciones y pedían a la Administración municipal más tiempo para concluirlas. Joaquim Clavaguera, abogado del Grupo Gargallo, afirmó ayer: "Suponemos que el consistorio ha considerado nuestros argumentos", aunque los recursos no han sido resueltos todavía.El abogado explicó también que algunas normas de seguridad que se exigen a los seis hoteles en cuestión no serán de obligado cumplimiento hasta 2001 o 2003. También recordó que los edificios tienen más de 30 años de antigüedad, lo que dificulta su adecuación. Al margen de los expedientes administrativos, el propietario de los hoteles, Miguel Gargallo, tiene abierto un proceso penal pendiente de juicio en el que el fiscal le acusa de un delito de estafa y solicita provisionalmente para él tres años de prisión y una multa de varios millones de pesetas.
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