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Discapacitados físicos y psíquicos difieren sobre el pago de los servicios sociales

Dimisión irrevocable

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Dos de las principales asociaciones de discapacitados de la región, la Federación de Organizaciones a Favor de Personas con Retraso Mental (Feaps) y la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos (Famma), se enfrentaron ayer por el nuevo modelo de atención social a discapacitados que pretende implantar el Gobierno de la Comunidad, y que unificará en una sola red los centros públicos (gratuitos) y privados de la región.La organización Feaps, que representa a 30.000 minusválidos psíquicos, ratificó su rechazo a la propuesta de que los discapacitados paguen las residencias, talleres y centros de día según las rentas de sus familias; la Famma, que agrupa a 36 organizaciones de minusválidos físicos, aplaude esa propuesta porque, asegura, favorecerá a las familias más pobres. Ambas asociaciones pertenecen al Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), organismo con el cual debe negociar la Consejería de Servicios Sociales la implantación del nuevo sistema de prestaciones.

La propuesta de la Comunidad, secundada por Famma, consiste en cobrar a los minusválidos en función de la renta familiar, eximiendo de ese pago a quienes tengan ingresos mínimos. Feaps (la más afectada por la reforma, por ser sus asociados quienes más usan estos centros) cree que el dinero debe salir, en todo caso, de la pensión mensual que percibe el discapacitado.

Los discapacitados físicos aceptan pagar la asistencia pública en función de su renta familiar

Tras dos semanas de continuos cambios de rumbo, las 89 asociaciones de la Feaps decidieron ayer, en asamblea, ratificar su oposición a este modelo. En la misma reunión, la presidenta de la Feaps y del Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), María Luisa Ramón-Laca, presentó su dimisión irrevocable por "coherencia". Ramón-Laca aceptó el pasado 13 de diciembre, en contra de la opinión de las bases del Cermi, el sistema de precios propuesto por Servicios Sociales.Al contrario que la Feaps, las asociaciones de discapacitados físicos agrupadas en la Famma respaldaron ayer el proyecto de la Comunidad. Según su presidente, Fernando Becerra, el nuevo modelo presenta tres ventajas: crea una red de centros públicos "pedida desde siempre por el movimiento asociativo"; establece mínimos de calidad para integrarse en la red, de forma que "dejará de haber centros de primera y de segunda", y, sobre todo, permitirá que paguen más las familias que más tienen y que no paguen nada las que cuentan con ingresos mínimos, mientras que, con el sistema anterior, quien no conseguía plaza en un centro público debía abonar hasta 60.000 pesetas mensuales por una residencia privada. "Quien más tiene, más debe pagar", declaró a Efe Becerra, quien añadió: "Algunos de estos centros [privados] podrían ser un negocio encubierto para padres desaprensivos".

Desde la Feaps replican que "quien más tiene", ya paga más a través de sus impuestos, y que la atención a los discapacitados debe equipararse, en ese sentido, a la enseñanza pública: la distinción debe hacerla Hacienda, pero los servicios sociales deben ser iguales para todos.

Una polémica plagada de rectificaciones

La polémica generada por la intención de la Consejería de Servicios Sociales de cambiar el sistema actual de prestaciones a discapacitados ha estado jalonada de rectificaciones continuas por ambas partes, Comunidad y asociaciones. Ésta es la cronología del conflicto. - 1 de diciembre. Miles de discapacitados reciben una carta de la consejería en la que se les informa de que, a partir de ese momento, deberán empezar a pagar las plazas que ocupen en residencias, talleres y centros de día públicos (gratuitos hasta entonces). La Comunidad, decía la misiva, "ha aportado 26.000 millones de pesetas para la creación" de una red única de servicios (suma de la pública y la privada), "y se ha considerado conveniente que los usuarios y sus familias colaboren". La colaboración se fija en el 75% de la renta per cápita familiar para obtener plaza en residencias y el 37,5% para los talleres y centros de día. Ante las quejas de los afectados, el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, rectifica: califica la carta de "error" y "barbaridad", y pide a sus destinatarios "que la rompan". "La gente tiene que contribuir al mantenimiento de estos servicios, pero no en esa medida", señala. Días después, la consejería vuelve a lanzar su propuesta.

- 11 de diciembre. El Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), que aplaude el "esfuerzo realizado por la Comunidad" en la elaboración del Plan Regional de Discapacidad, anuncia su rechazo al sistema y pide que, de cobrarse algo a los discapacitados, se haga en función de su pensión y no de la renta familiar.

- 13 de diciembre. La presidenta del Cermi y de la Federación de Organizaciones a Favor de Personas con Retraso Mental (Feaps), María Luisa Ramón-Laca, acepta, en una reunión con la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, el modelo que ésta abandera y que Feaps, hasta ese día, había rechazado. Servicios Sociales anuncia que el acuerdo es "unánime".

- 14 de diciembre. Unos 60 familiares de discapacitados abuchean al presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, después de que éste expusiera en la Asamblea los baremos de pago por la asistencia.

- 19 de diciembre. Las siete asociaciones que forman el Cermi acusan a su presidenta de aceptar las condiciones del Gobierno regional sin contar con las bases del Consejo, y ratifican su oposición a la medida. Ramón-Laca presenta su dimisión, que es rechazada.

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