La Cámara vasca aprueba una renta mínima de 61.845 pesetas al mes para las familias pobres

"Desnaturalizada"

El Parlamento vasco cerró ayer su periodo de sesiones de 2000 aprobando el asunto de más trascendencia social de la legislatura, la Carta de Derechos Sociales, y con una mayoría inédita formada por el PNV, PP y PSE. La también llamada Carta Social, que garantiza una renta mínima mensual del 75% del salario mínimo interprofesional SMI (lo que supone actualmente 61.845 pesetas) para las personas sin recursos, será un hecho a partir del 1 de enero, aunque todavía quedan asuntos pendientes, como reducir la edad de los perceptores desde los 25 años de la actual ley de inserción, a los 18 años. El tope máximo se establece en 110.000 pesetas mensuales (el 125% del SMI) para familias con más de tres miembros. El País Vasco, que ya se adelantó al resto de las comunidades con esta ley, que introdujo el llamado salario social, da un paso más al introducir ahora la renta universal. Con ella se pretende asegurar unos ingresos mínimos a todas las personas, con el fin de favorecer la inserción social y laboral.

La Carta Social tiene su origen en la iniciativa legislativa popular promovida en 1996 por varios colectivos y remitida al Parlamento vasco con el apoyo de 83.000 firmas. Sin embargo, el resultado final tras el acuerdo entre el PNV, PP y PSE no ha agradado a sus promotores, a los sindicatos, IU y a EA, pese a estar en el Gobierno. El debate de ayer sirvió para ver coincidir a adversarios habituales y, paradójicamente, el distanciamiento entre los socios de Gobierno, ya que EA votó contra la cuantía fijada.

En su opinión, el 75% del SMI en 12 pagas es insuficiente para conseguir reducir las bolsas de pobreza y reinsertar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. EA pedía que la renta universal fuera al menos del 85% del salario mínimo, mientras que IU, Euskal Herritarrok (que no acudió al Parlamento, pero se manifestó fuera de él), los sindicatos y los promotores reclamaban el 100% y acusaban a los partidos que aprobaron la ley de haber "desnaturalizado" la iniciativa. El argumento de que la nueva ley va a ser poco útil para quienes viven en la pobreza fue también esgrimido por IU. El parlamentario de esta formación Koldo Usín censuró con dureza el texto aprobado finalmente porque, en su opinión, "defrauda las aspiraciones de los promotores, y porque no cumple ni en lo más mínimo los objetivos que perseguía".

Todos ellos coincidieron con el portavoz de los promotores en que la Carta de Derechos Sociales se ha quedado en "una mera declaración de buenas intenciones sin apoyo económico". José Ramón Castaños calificó la cuantía de la renta universal como una "humillación" y dijo que "con la nueva ley, los pobres seguirán siendo pobres".