Inflación, salarios y empleo

A lo largo de estos últimos años, desde CC OO hemos impulsado una política sindical que ha permitido el crecimiento del número de personas ocupadas, la moderada ganancia de poder adquisitivo de los salarios y la mejora en la cuantía real media de las pensiones públicas, elementos que conforman una senda positiva en el reparto de la renta a favor de la remuneración de los asalariados.Una política corresponsable del fuerte crecimiento económico, lograda gracias a la unidad de acción con la UGT y, también, a un complejo proceso de negociación con el Gobierno y con las organizaciones empresariales. Una negociación que ha dado sus frutos al entender todos que sólo es posible el acuerdo buscando el equilibrio entre las diferentes posiciones de partida, y que la eficacia de cada reforma depende en gran medida del consenso alcanzado alrededor de la misma entre quienes luego deben desarrollarlas en cada sector y en cada empresa.

Nuestras propuestas han colaborado a una mayor calidad en el empleo, una mayor seguridad en el trabajo y un progreso más rápido en la corrección de desigualdades que todavía subsisten, principalmente entre hombres y mujeres. Propuestas que han sido, son y serán razonables, tanto por justas como por creíbles, y que suponen nuestro firme respaldo a la negociación y a la búsqueda del acuerdo en aquellas materias que afectan tanto a nuestras condiciones de vida y de trabajo como al funcionamiento de las empresas.

Esta decisión afecta tanto al diálogo social como a la negociación colectiva. Sabemos que ésta es una pieza básica del conjunto de decisiones que deben adoptarse en este complejo entramado de negociaciones y somos conscientes de que en el actual momento nuestra política salarial cobra mayor importancia.

En primer lugar, porque consideramos que una inflación elevada perjudica a los colectivos peor situados, disminuye la capacidad de competir frente a terceros por un encarecimiento relativo de los productos españoles y afecta a las posibilidades redistributivas de las políticas públicas de gasto. Interesa el esfuerzo colectivo por disminuir la inflación y a él queremos contribuir.

Este objetivo, compartido, sin duda, por toda la sociedad, exige dos condiciones: credibilidad y garantía. Debía haber sido posible el consenso en un aspecto tan sensible como éste, pero el Gobierno fijando una previsión para 2001 del 2% se ha instalado en una posición casi virtual primando las ventajas contables derivadas del mismo para alcanzar un dudoso equilibrio presupuestario (150.000 millones cada medio punto adicional de inflación). Su decisión menosprecia los efectos negativos derivados de la incredulidad generalizada sobre su previsión, que sin duda provocará que cada cual busque la protección que pueda sin una referencia válida y común.

El Gobierno desprecia el modelo de negociación salarial que tan buenos resultados ha dado en el último periodo, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea (UE). Un modelo que necesita, para funcionar correctamente, una previsión de inflación creíble. En nuestra opinión, partiendo de una tasa anual en el año 2000 como mínimo del 3,9% y de una inflación subyacente del 2,8%, fijar un objetivo del 2,5% como tasa anual para final del próximo año 2001 sería poner el listón en un nivel ya bastante ambicioso, pero podría suscitar un objetivo compartido.

El Gobierno justifica su previsión en el objetivo marcado por el Banco Central Europeo. Nada que objetar por nuestra parte al objetivo europeo. Pero la propia Comisión Europea, junto a la OCDE, descarta que la inflación española en el próximo año pueda alcanzar en media el 2%.

Además, la Comisión Europea prevé para el próximo año en la UE un incremento medio de los salarios nominales del 3,2%, y considera que "la subida de los costes salariales unitarios sería, sin embargo, moderada". Y sabiendo como sabemos que a pesar de nuestros esfuerzos los precios subirán en España, en el año 2001, por encima del 2%, ¿acaso podemos pedirles a los trabajadores que asuman una pérdida segura en sus salarios? Parece más razonable contribuir al control de la inflación con una previsión creíble que permita, entre otras cosas, sostener un buen modelo de negociación salarial.

Por otro lado, además de credibilidad, nuestro modelo exige cláusulas de garantía. En otras palabras, cualquier negociación salarial debe tener la garantía de que el resultado final de la negociación (IPC real + productividad) corresponde al objetivo inicial acordado. Si negociamos sobre previsiones futuras, y creemos que es un buen modelo precisamente para evitar espirales inflacionistas nada deseables, debemos completar la negociación con cláusulas que permitan corregir las desviaciones producidas a nuestro pesar. La aplicación de las cláusulas de garantía es el camino más efectivo de comprometer a los trabajadores con el control de la inflación, cerrando la puerta a subidas nominales más elevadas establecidas para lograr teóricas ganancias que no siempre se alcanzan en términos reales y, en cambio, colaboran a disparar los precios.

Parece que el Gobierno tampoco quiere en este caso contribuir al sostenimiento del modelo de negociación salarial: les niega a los empleados públicos y a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) la posibilidad de revisar su situación, aunque sí lo admita para los pensionistas, sin duda un gran bloque electoral. Si el Gobierno está tan seguro de cumplir su previsión, ¿por qué no establecer cláusulas de garantía para quienes no son responsables de las desviaciones en la inflación?

Esta doble negativa del Gobierno, tanto a la credibilidad de su objetivo en la inflación como a la garantía de los citados colectivos, quiebra el modelo de negociación salarial más deseable. Una quiebra que supone un grave inconveniente. Y no sería mala señal que el Gobierno actuara para corregir la situación con los empleados públicos y con el SMI, negociando en ambos casos cláusulas de garantía.

La inflación no es el único elemento a considerar en el incremento de los salarios. Todas las organizaciones sindicales europeas hemos convenido una "línea de coordinación" salarial que implica sumar inflación más productividad. El reto que tenemos en España es cómo conseguir modificar el peso de cada componente de la suma de forma que haya menos inflación y más productividad. Un objetivo al que ayudaría una actitud más activa de los empresarios asumiendo inversiones en formación bruta de capital, diferente a su comportamiento del último año.

En definitiva, este modelo de negociación salarial basado en el reparto de la productividad de cada sector o empresa, necesita de previsiones futuras de precios fiables y garantías de cumplimiento de lo pactado, no modificando los términos del acuerdo por desviaciones en los precios. Este modelo consigue mejorar el poder adquisitivo de los salarios, crear empleo y, a la vez, corregir de forma progresiva las desigualdades y discriminaciones existentes en un marco racional que contribuye a alargar y consolidar el ciclo económico expansivo. La actitud del Gobierno desprecia el valor del consenso como factor de estabilidad y crecimiento. Un mal servicio para la sociedad española.

Fernando Puig-Samper es secretario de acción sindical de CC OO. Miguel Ángel García es economista del gabinete técnico confederal de CC OO.