Empleo agilizará la aprobación de los cursos de formación para evitar los retrasos de otros años

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentó ayer la Orden de Formación Profesional Ocupacional para 2001, destinada a la inserción laboral de los parados. Con un presupuesto inicial de 4.000 millones de pesetas, la orden introduce por vez primera prácticas no retribuidas y voluntarias en empresas valencianas, y una planificación de cursos formativos orientada a las necesidades de las empresas y no a la elección de los alumnos. El consejero Vicente Rambla aseguró que agilizará la tramitación de los cursos para evitar los retrasos de otros años.

Prácticas dilatorias

El consejero Vicente Rambla aseguró que la orden, que se publicará en el DOGV esta semana, concibe una formación profesional ocupacional "más dinámica" y "adaptada a las necesidades del mercado de trabajo valenciano". La programación del año próximo se basará en la demanda de trabajo y no tanto en la oferta. Esta orden sale con un presupuesto inicial de 4.000 millones de pesetas, que se completará con otros 4.328 millones a lo largo del año. La orden introduce varias novedades para 2001. Por ejemplo, la división de los cursos en módulos formativos relacionados, a modo de carrera profesional. También se ha simplificado la burocracia administrativa, "sin reducirse el control sobre las subvenciones", aclaró el consejero, y se han separado los cursos financiados con fondos estatales de los que provienen de fondos europeos.

Rambla se comprometió además a agilizar la tramitación de los cursos para evitar que la formación se concentre en el segundo semestre del año como ha ocurrido hasta la fecha. Las entidades que quieran impartir cursos de formación ocupacional dispondrán de un mes, a partir de la publicación de la orden, para presentar los programas y luego la Consejería resolverá en un plazo de seis meses.

Los alumnos podrán, por primera vez, realizar, con carácter voluntario, prácticas no retribuidas en las empresas valencianas. Éstas podrán acogerse a este plan de formación siempre que inserten a un 50% de los alumnos a su cargo. La Generalitat primará también la calidad de los centros de formación que soliciten la realización de los cursos, aunque se rebaja el número de alumnos precisos para adjudicar los cursos.

Las previsiones son formar a 40.000 alumnos a lo largo de este año con un presupuesto total de 8.328 millones de pesetas. Esta orden se ha presentado y tratado en la comisión permanente del Consejo Valenciano de la Formación Profesional, constituido hace unas semanas.

El consejero de Empleo hizo balance de las actuaciones de anteriores ejercicios. Entre 1995 y 1999 se han realizado una media de 3.036 cursos por los que han pasado 45.815 alumnos. Durante este año, concretamente hasta el 21 de diciembre, se han realizado 3.513 cursos, en los que han participado 54.247 desempleados valencianos. Las subvenciones ejecutadas entre 1995 y 1999 ascienden a una media de 7.100 millones, mientras este año la cifra se eleva a 8.171 millones de pesetas.

Rambla advirtió ayer que la tendencia apunta a una reducción de los cursos, dado el descenso del paro en la Comunidad.

Los sindicatos, receptores de parte de estos fondos, han arremetido en más de una ocasión contra la Administración autonómica por su lentitud a la hora de tramitar y aprobar los programas formativos. En los últimos tres años, las resoluciones de la Generalitat se han retrasado hasta los meses de junio o julio y han obligado a los centros educativos a aplazar la impartición de cursos hasta después del verano. Esta práctica forzaba a las entidades colaboradoras a impartir los módulos formativos en poco más de dos meses, dado que en noviembre la Generalitat exige a las citadas entidades una justificación de que los cursos se han llevado a cabo. Además, los sindicatos, concretamente CC OO, ha denunciado en alguna ocasión cómo algunas academias privadas o la misma patronal, que también imparte estos cursos, han recibido el visto bueno de la Generalitat hasta un mes y medio antes que los sindicatos. Relacionado con el uso de los fondos de formación, todavía está pendiente de resolución el caso de las patronales CEV y Cepymev, a las que el Tribunal de Cuentas exige la devolución de subvenciones públicas por el uso irregular de estos fondos entre los años 1993 a 1995.