El PP minimiza la 'legionella' de Alcoy y rechaza toda responsabilidad política. El PP atribuye la proliferación de casos de 'legionella' a las nuevas técnicas de diagnóstico

La comisión de investigación parlamentario sobre los sucesivos brotes de legionella detectados en Alcoy, en la que sólo han participado diputados del PP, emitió ayer las conclusiones de su trabajo. La propuesta de dictamen establece que "no cabe atribuir ningún tipo de responsabilidad política" a las autoridades sanitarias. El documento relativiza la gravedad de la enfermedad; apunta la "complejidad" que entraña afrontarla; y vincula la proliferación de casos a las nuevas técnicas de diagnóstico. Una declaración resume el tono del dictamen: "La administración hubiese sido responsable si no se hubiese detectado el brote".

Dos médicos, Alejandro Font de Mora, portavoz del Grupo Popular, y Luis Concepción, ponente en la comisión, firman las conclusiones de la comisión monocolor, a la que no quiso sumarse la oposición en desacuerdo con el plan de trabajo propuesto, las comparecencias solicitadas y la urgencia de los populares por elaborar un dictamen.El conjunto del dictamen intentan restar importancia a la dolencia, a pesar de que la neumonía por legionella es una enfermedad cuya declaración es urgente y obligatoria según la legislación vigente. En ese sentido, el texto afirma: "La legionellosis es una enfermedad bastante común". Y se esfuerza por establecer la existencia de "legionellosis endémica, esporádica o no ligada a brote en nuestra Comunidad".

La intención de restar gravedad a la enfermedad es patente cuando el dictamen abunda en las declaraciones de varios expertos que comentan que la gripe provoca más muertes que la neumonía por legionella. Un dato clínico que los redactores aprovechan para "relativizar" la importancia de la enfermeda.

El documento incluye también un extenso capítulo de acusaciones directas a los dos grupos de la oposición parlamentaria que se negaron a participar en un órgano creado a la medida de las necesidades de la administración autonómica. Los populares consideran que la oposición protagonizó "una algarada insólita" en la historia reciente de las Cortes y asegura que ha actuado como un parásito de los medios de comunicación.

El documento elaborado por el PP apunta en uno de sus apartados que "los nuevos métodos diagnósticos y la búsqueda orientada de casos puede haber hecho que el número de diganósticos de legionella aumente". Juan García de Lomas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, llega a declarar, según cita el dictamen: "La administración hubiese sido responsable si no se hubiese detectado el brote, diría yo".

En conjunto, el documento intenta reducir la posible responsabilidad de la Administración en el control del brote cuando sugiere que "la legionellosis es una enfermedad que presenta rasgos complejos en lo que se refiere a su epidemiología" y, por lo tanto, "plantea problemas a la hora de diseñar las estrategias de prevención y erradicación de los brotes". Sin embargo, en el mismo punto, celebra el decreto de medidas de prevención aprobado por el Consell 15 meses después de que se detectara el primer brote de legionella en Alcoy. El texto destaca el carácter pionero del decreto del Consell y olvida que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid dictó una orden muy similar hace dos años a raíz de un brote de legionella detectado en la localidad de Alcalá de Henares cuyo tratamiento fue considerado un modelo de coordinación entre administraciones públicas por el Ministerio de Sanidad.

La propuesta de dictamen elaborada por el PP establece, por ejemplo, "la corrección y adecuación de las distintas recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria valenciana". Un aserto que queda certificado, según el texto, a partir de la participación de técnicos valencianos en la elaboración del libro editado por el Ministerio de Sanidad bajo el título Recomendaciones para la prevención y control de la legionellosis que "constituye la base de las actuaciones de los sistemas de salud pública contra la enfermedad".

El documento alude a la cantidad de trabajo desarrollado en torno al brote, pero en ningún momento se plantea su calidad. El PP considera acreditada la "cuantía del trabajo" desarrollado por las administraciones públicas. "Tal acreditación se deduce del examen de la numerosa documentación facilitada por el Consell", reza el texto. También se citan entresacados de las intervenciones de dos técnicos del Ministerio de Sanidad que afirman que "aquí se ha trabajado mucho".

La coordinación de las acciones desarrolladas por las administraciones implicadas en el combate del brote se sustenta sobre las declaraciones al respecto del ex alcalde socialista de Alcoy, Josep Sanus, y de la entonces concejal de Sanidad, María José Segura. Sorprende que no recoja las posibles declaraciones al respecto del consejero de Sanidad, Serafín Castellano, que a la postre es el máximo responsable de salud pública en la Comunidad Valenciana.

El dictamen cita los protocolos sobre medidas de prevención del brote elaborados por el Ayuntamiento de Alcoy y la Consejería de Medio Ambiente, pero elude recordar que carecían de poder vinculante.

Después de reiterar que la gripe, provocada por un virus, provoca más muertes que la neumonía causada por la bactería legionella, la propuesta de dictamen sugiere que "la notoriedad" que ha adquirido el brote debido a su difusión en los medios de comunicación ha generado una "preocupación" entre los vecinos de Alcoy que los expertos consideran "desproporcionada". Los redactores del texto atribuyen esa notoriedad "al peculiar tratamiento mediático que esta enfermedad ha tenido en nuestra Comunidad", un argumento recurrente desde las filas populares.

Las conclusiones incluyen un duro alegato del PP contra el PSPV por negarse a participar en el foro parlamentario. Acusa a los socialistas de escenificar "una algarada insólita" en las Cortes al reprobar la comisión debido, reza el texto, a "su incapacidad para afrontar la realidad de una investigación en la cual sus argumentos y acusaciones han sido contradichos y negados". Considera que Esquerra Unida tampoco participó debido a su "seguidismo acrítico" de las posturas de los socialistas y atribuye a los dos grupos "un auténtico fraude a parte del electorado".

La vertiente clínica del dictamen se cierra con invitaciones a la "tolerancia política, social y profesional" en torno a la enfermedad. Y apuesta por lanzar mensajes "tranquilizadores" para educar a la población.

Sorprende el espacio que el informe dedica a la renuncia de la oposición a participar en la comisión. El documento incluye toda una serie de disquisiciones jurídicas para sustentar sus ataques al PSPV y Esquerra Unida y sugiere que las preguntas de los periodistas en los pasillos son las que debían haber formulado los diputados de la oposición y, a partir de tal argumento, denuncia "el primer ejemplo en la historia de nuestra democracia de parisitismo de determinados grupos políticos respecto a algunos medios de comunicación".