El Síndic eleva a 1.468 millones el riesgo asumido por el Ivex

El Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) se embarcó en una serie de operaciones de intermediación comercial para favorecer las exportaciones de vehículos Ford a Túnez desde julio de 1996 que derivaron en una querella contra su último director general, José María Tabares, cuando fue relevado en el cargo, en septiembre de 1999, por Carmen de Miguel.El informe del Síndic pasa de puntillas sobre el caso y apenas sugiere que los avales concedidos por el Ivex durante 1999 no se sometieron a "los condicionantes" que impone la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, un comentario que De Miguel subrayó ayer cuando declaró que el informe "viene a decir que Tabares avaló de forma ilegal".

Pero al margen de los pleitos que deben resolver los tribunales, el Síndic expresa su preocupación por los riesgos asumidos por el Ivex y apunta la escasa provisión de fondos para afrontarlos.

El Síndic señala que "a 31 de diciembre de 1999, el Ivex tiene constituida una provisión para responsabilidades probables procedentes de litigios en curso por importe de 795 millones de pesetas". Un montante infravalorado en cerca de 70 millones porque deja de sumar intereses y costas, según el Síndic.

Pero el informe va más allá y considera que el Ivex debería dotar fondos suficientes para afrontar el conjunto de los efectos avalados, aunque algunos de ellos todavía no hayan sido reclamados y sólo extrajudicialmente.

El Síndic de Comptes sugiere que "atendiendo al principio de prudencia el Ivex debería haber dotado una provisión para responsabilidades por el importe total del riesgo contraído por los avales prestados, que ascendería, como mínimo a 1.468 millones de pesetas". "En consecuencia", concluye el Síndic, "la provisión dotada por la sociedad se encuentra infravalorada, como mínimo, en 673 millones de pesetas".