El PSPV denuncia que la presión del sector privado hace "vulnerable" a la sanidad pública

Las empresas privadas que operan en el ámbito de la sanidad constituyen un "grupo de presión" cuya "capacidad de chantaje" hace "vulnerable" el sistema sanitario público, que está "parasitado" por intereses mercantiles. Así lo denunció ayer la diputada socialista María José Mendoza durante el debate de las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para 2001, que serán aprobados hoy en las Cortes. El PP rechazó destinar 100 millones de pesetas para sufragar el cambio por otros sistemas no contaminantes de las torres de refrigeración de las industrias de Alcoy que presumiblemente han transmitido la legionella. El PP dijo que ese gasto tienen que afrontarlo los empresarios.

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista-Progresistas pidió el rescate "a muy corto plazo", para su integración en el sistema sanitario público, tanto del hospital de La Ribera, en Alzira, como de los equipos de alta tecnología de resonancia magnética instalados por empresas privadas en hospitales titularidad de la Administración. Y lo justificó porque, según dijo, las empresas privadas que operan en el ámbito de la sanidad constituyen un "grupo de presión que condiciona el servicio público" y que tienen una "capacidad de chantaje" que convierte en "vulnerable" el sistema público, además de "aumentar la deuda". "Los intereses privados parasitan al sistema sanitario público", dijo más adelante la diputada socialista, quien volvió a reclamar la redacción de un Libro blanco de la Salud Pública.Según Mendoza, el Consell del PP ha dado una respuesta "insuficiente y tibia" ante recientes problemas de salud pública, en referencia a la empidemia de legionella de Alcoy y al problema de las vacas locas. Por ello, argumentó la necesidad de crear una dirección "fuerte y clara" en Salud Pública, a cuyo frente, añadió, el PP ha puesto a "las personas más incompetentes".

El diputado popular Antonio Clemente, que replicó a Mendoza, dijo que ésta "tiene obsesión por lo público" y se "empeña en un discurso calamitoso, completamente alejado de la realidad, trasnochado, obsoleto, caduco y antiguo". Clemente dijo que "nunca el servicio público ha estado tan garantizado como con el Gobierno del PP", añadió que los ciudadanos lo que quieren es "más calidad y mejor asistencia" y aseguró que ahora se invierte en sanidad "más del doble" que en la época socialista.

Mendoza replicó que su discurso es "tan antiguo como los valores de solidaridad, igualdad y libertad" y, al criticar la "falta de dirección y la incompetencia" del Consell en el brote epidémico de legionella de Alcoy que, en su opinión, demuestra la necesidad de potenciar una "dirección fuerte" en el área de Salud Pública, se refirió a la comisión de investigación sobre el caso instaurada en las Cortes. Según la diputada socialista, el "autoritarismo" del partido del Gobierno ha obligado a la oposición a abandonar ese órgano investigador en el que el PP ha optado por el "yo me evalúo, yo me investigo y yo me pongo la nota". Tras recordar que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, prometió una comisión sin restricciones, Mendoza dijo que el PP la "encorsetó" al ponerle límites en las comparecencias y en el tiempo. Y auguró: "A ustedes les va a ocurrir lo mismo que les ocurrió con lo del lino, que dijeron que era un montaje del PSOE y hoy la fiscalía ha dicho lo que ha dicho", en referencia al "fraude generalizado" que la Fiscalía Anticorrupción ha detectado en la concesión de las ayudas europeas al sector.

La polémica en torno a la legionella que desde hace unas semanas se ha convertido en el principal motivo de enfrentamiento entre el Consell y el PP, por un lado, y los grupos de la oposición, por otro, volvió a surgir con motivo de la discusión de las enmiedas del área de Industria. El socialista José Pérez Grau defendió una enmienda que reclamaba 100 millones de pesetas en concepto de ayudas a las industrias de Alcoy para la sustitución de las torres de refrigeración que presumiblemente han transmitido la bacteria por otros sistemas no contaminantes. Pérez Grau dijo que el coste de esa operación no sería muy elevado -lo cifró en unos tres millones de pesetas por unidad- y sería "más fácil".

Pero el popular Vicente Ramírez le contestó, en la réplica, que lo que hace falta es "investigar" para encontrar métodos de refrigeración que permitan sustituir las torres, para lo cual el Impiva ya destina los fondos necesarios. El Consell ayudará a las empresas en ese sentido, afirmó. En todo caso, dijo, si cambiar esos sistemas de refrigeración cuesta los tres millones de pesetas citados por el diputado socialista, "que los paguen las empresas". Ramírez recordó que el problema de la legionella no es específico de Alcoy, porque tiene "carácter mundial" y defendió el mantenimiento, limpieza y desinfección de las torres de refrigeración como el mejor método para evitar la proliferación de la bacteria.