Poder, negocios y sedes GERMÀ BEL

En 1999 se desató la reflexión sobre la pérdida de liderazgo económico de Cataluña. La proximidad de convocatorias electorales hizo pensar a algunos que la polémica era instrumental y, por tanto, de vuelo corto. Pero la discusión no ha remitido, sino que se ha acentuado. Y continuará creciendo porque sus raíces son reales y se han extendido con el tiempo. Entre las diferentes causas que explican la progresiva pérdida de centralidad económica de Cataluña dos me parecen muy relevantes: las decisiones gubernamentales de política territorial, reflejadas en la inversión en infraestructuras, y las decisiones de localización de sedes empresariales de relevancia.Por lo que respecta a la política territorial, las interminables discusiones sobre el trazado del AVE Madrid-Barcelona-frontera, el diseño gradual de las obras y su ritmo, y la resistencia ministerial a la conexión directa del AVE con el aeropuerto de El Prat dejan al descubierto dos propósitos. En primer lugar, la concepción radial de la política ferroviaria, que persigue garantizar la conexión entre Madrid y Barcelona, pero postergar la relación en ancho de vía internacional entre Barcelona y la frontera. En segundo lugar, puede dominar el deseo de evitar que el aeropuerto de El Prat sirva de nudo de conexión para vuelos internacionales en el triángulo Barcelona-Zaragoza-Valencia. El círculo se cierra con la postración de la inversión en el aeropuerto de Barcelona, cuya media en los cinco últimos años da una relación de 1 a 5 con la inversión en Madrid-Barajas. Aunque algunas compañías aéreas están dispuestas a establecer una sede en El Prat, se lo están poniendo realmente difícil.

La otra vertiente del deterioro de la centralidad relativa de Barcelona es la localización de sedes empresariales de relevancia. A estas alturas del proceso de privatizaciones y de los procesos de fusiones que le han seguido parece claro que la atracción de Madrid como sede es irresistible. Son muy reveladoras sobre este proceso unas declaraciones de José Manuel Fernández Norniella, secretario de Estado en el primer Gobierno popular y presidente de la empresa Azucarera Ebro Agrícolas. Ante la inminencia de su fusión con Puleva para formar Ebro Puleva, y dada la inquietud territorial sobre cambios de sedes, Fernández Norniella decía el 11 de noviembre a Cinco Días: "Lo único que se ha cambiado es la sede social de Azucarera Ebro Agrícolas de Barcelona a Madrid, porque nos parece que una empresa nacional que tiene la gestión centralizada en Madrid debe tener la sede aquí".

En la economía de la posprivatización y de liberalización han adquirido gran relevancia organismos estatales que intervienen sobre los mercados. En España, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se encarga de velar por la defensa y promoción de la competencia. Por su parte, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se encargan de la regulación de los respectivos sectores. Las empresas de gran dimensión mantienen relaciones formales frecuentes con estos organismos, y es normal que persigan la cercanía física en su localización, porque también facilita contactos informales. En España, la concentración en Madrid del Gobierno -que retiene muchas facultades de intervención- y de estos organismos estatales constituye una tentación difícil de resistir al decidir la localización de sedes empresariales (...siempre será más fácil la coincidencia casual en alguna recepción con el ministro o directivo regulador de turno). Así se entiende mejor la lógica de Fernández Norniella: la sede del negocio debe ir donde está el poder.

La promiscuidad entre el Gobierno, los organismos estatales de regulación y defensa de la competencia y las empresas reguladas puede ser muy gravosa para los consumidores porque facilita la influencia de los regulados sobre el poder. Además, la frecuencia de contactos informales resta transparencia y publicidad a la relación entre poder y negocios. Por eso, en muchos países se ha impuesto la preferencia por separar estos elementos.

En Estados Unidos, Australia y Holanda, el hecho de que Washington, Canberra y La Haya no sean capitales industriales facilita la separación entre reguladores y grandes grupos industriales. En otros países de gran dimensión territorial y con Estados descentralizados se ha alejado físicamente a los organismos reguladores de las sedes ministeriales: el TDC y los principales organismos reguladores de Alemania tienen su sede en Bonn. La sede del TDC de Canadá está en Hull (Quebec). En Italia, el regulador de la energía tiene sede en Milán, y el de las telecomunicaciones en Nápoles.

La España democrática ha adquirido muchas semejanzas con estos últimos países. De ahí que fueran afortunadas las ideas y propuestas para situar en Barcelona sedes de organismos reguladores españoles, que Antón Costas anticipó en abril en estas mismas páginas y el alcalde Joan Clos formuló en noviembre en el Círculo de Economía. Países de los que aún tenemos mucho que aprender han transitado por esta vía. Por eso creo que la conveniencia de romper el triángulo Gobierno-reguladores-regulados está llamada a abrirse camino en España.

Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado por el PSC.