El combustible y la pesca R. FRANQUESA/J. LLEONART/P. OLIVER/J. L. SÁNCHEZ-LIZASO

El reciente conflicto de la pesca ha puesto sobre el tapete la especificidad del sector: no es el mercado el que marca los límites de la explotación, sino la propia naturaleza. Y ahí deben intervenir las administraciones.

Periódicamente surgen noticias sobre los problemas de la pesca. La más reciente ha sido la protesta por parte de los pescadores por el aumento del precio del combustible; en anteriores ocasiones las causas habían sido otras. Las manifestaciones son diversas, pero la enfermedad es la misma: la sobreexplotación. Dicho brevemente, el poder de la pesca es superior al que es necesario para explotar los recursos de una manera sostenible, es decir, capaz de satisfacer tanto las necesidades de las generaciones presentes como de las futuras, de manera continuada y sin provocar el deterioro del recurso.Esto es algo que sucede en todo el mundo. El sobredimensionamiento de las flotas es el resultado de la carrera para obtener una riqueza que es del primero que llega y conduce al agotamiento de los recursos. Una pesca sostenible implica mantener en la mar una población de peces suficiente para generar unos excedentes de biomasa que son los que tendríamos que limitarnos a explotar. Si se supera ese límite las capturas y los beneficios disminuyen. En esta situación un aumento de la intensidad de pesca puede producir beneficios a corto plazo pero resulta contraproducente a medio y largo plazo. Sin embargo la tentación de convertir en dinero un recurso que otro, más avispado, puede obtener antes que nosotros constituye un estímulo casi irresistible. Así se cae en la espiral de la sobrepesca, invirtiendo cada vez más en tecnología y potencia para hacer la pesca rentable a corto plazo. En esta carrera, la necesidad de correr más que los demás estropea la eficacia de la propia pesca en forma de descartes masivos de pescado que, pequeño, deteriorado o poco comercial, es devuelto al mar sin vida, con lo cual su contribución al ciclo vital es nula o muy escasa.

Los síntomas de la enfermedad, la sobrepesca, son los problemas económicos que se manifiestan en forma de protestas por las tallas mínimas, las mallas legales, los fondos de pesca, las vedas y, ahora, el precio del carburante, que, en definitiva, no son sino demandas de más captura o de subvención. Las soluciones que se dan tradicionalmente a estos problemas son económicas, es decir, no muy distintas de las que se aplican a la producción de cualquier otra mercancía: soluciones económicas a problemas económicos. Sin embargo el recurso pesquero no se deja regular sólo por este sistema. Tratar un recurso natural autorrenovable como si fuera capital es algo que no funciona. Para la economía neoclásica "capital monetario" y "capital natural" son diversas formas de una misma categoría, y por tanto, intercambiables. Pero la cosa no funciona así. La explotación de los recursos renovables, ya sea pescado o agua potable, no puede crecer indefinidamente. No es el mercado quien marca los límites de un recurso natural, es la naturaleza. ¿Quiere esto decir que nuestras pesquerías están abocadas al colapso? No necesariamente. Pero para evitarlo se tiene que hacer algo más que arreglos económicos. Se necesita una planificación del sector que tenga en cuenta el potencial pesquero de nuestras aguas y que contemple una flota moderna, bien dimensionada y que sea respetuosa con el medio natural. Una correcta gestión de la pesca tiene que afrontar el conflicto existente entre la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, que conduce a la sobreexplotación, y una explotación sostenible y rentable a largo plazo.

Este último conflicto del carburante ha puesto en evidencia además la potencia excesiva de algunas embarcaciones de la flota pesquera del Mediterráneo. La normativa pesquera limita la potencia máxima de los arrastreros que faenan en el Mediterráneo a 500 caballos. No obstante, se ha tolerado y subvencionado el aumento de potencia, cuando en realidad la única razón para que existan arrastreros en el Mediterráneo de más de 1.000 caballos es que ya existen arrastreros de más de 1.000 caballos. Un pacto de no superar por ejemplo los 400 o 500 caballos de potencia permitiría pescar a todo el mundo con costes claramente inferiores a los actuales. Claro que en este caso es necesario cooperar, ya que quien viole el pacto sacará ventaja iniciándose otra vez la alocada carrera hacia una potencia absurda.

Existen otras posibles medidas de gestión, pero en todo caso se debe escoger el camino de la sostenibilidad. Nuestro mundo va hacia el encarecimiento del combustible fósil, cosa por otra parte bastante previsible, de forma que los procesos que estamos viviendo son difícilmente reversibles.

Es difícil pensar que el problema se resuelva con acuerdos del tipo de los que se han estado negociando. Precisamente es a partir de las situaciones menos agudas cuando hay que empezar a actuar, desactivando de forma gradual pero enérgica las raíces del problema: la sobreinversión, el exceso de capacidad en relación con los recursos existentes, el predominio excesivo de métodos de pesca muy intensivos en el uso de energía y, por tanto, muy vulnerables al aumento de precio del carburante

Son los gobiernos a través de sus administraciones pesqueras quienes deben tomar la iniciativa, dirigir, coordinar y reconducir el sistema pesquero, y no que el sistema les dirija a ellos. Deben ser capaces de crear el marco adecuado y tener la voluntad política de gestionar con visión de futuro el uso de un recurso que pertenece, no lo olvidemos, al conjunto de la sociedad. Asimismo es imprescindible que el sector se involucre en la toma de decisiones de gestión. El sector debe tomar consciencia del problema que supone la explotación sostenible de los recursos pesqueros y reclamar un papel activo en su gestión, abandonando el tradicional sometimiento a una gestión de carácter paternalista por parte de las administraciones pesqueras que supuestamente le eximen de responsabilidad ante las consecuencias de ésta. Amparado en ello, el sector pesquero se enfrenta a la situación de sobrepesca de los recursos y a la consecuente falta de rentabilidad de su actividad exigiendo más y más subvenciones y haciendo oídos sordos a las señales de alarma provenientes de la realidad socioeconómica en la que se mueve y del agotamiento de los recursos sometidos a explotación.

R. Franquesa es economista pesquero del Gabinete de Economía del Mar de la Universidad de Barcelona, J. Lleonart es biólogo pesquero del CSIC, P. Oliver biólogo del IEO y J.L. Sánchez-Lizaso profesor de la Universidad de Alicante y presidente del Foro Científico sobre la pesca española en el Mediterráneo.