Manifiesto de constitucionalistas para pedir que se fomenten los principios democráticos

Casi la mitad de los 700 alumnos de la ESO, el bachillerato y el 1º de carrera encuestados sobre los derechos y libertades "no alcanza a mencionar cuatro derechos humanos". Un 65% de ellos "desconoce lo que dice la Constitución sobre la pena de muerte", pese a que un 47% la admite "en los supuestos de terrorismo". En cuanto al conocimiento de las instituciones, un 46% no daba "una explicación mínima de lo que es el Parlamento", porcentaje que se eleva al 97% a la hora de explicar lo que es el Consejo de Europa. Finalmente, sobre personalidades relevantes, un 80% "no sabe quién es Rigoberta Menchú", aunque al menos un 60% sí sabe quién es Martin Luther King.La parte esperanzadora del estudio, titulado Derechos, deberes y responsabilidades en la enseñanza, es que una abrumadora mayoría cree "importante la enseñanza de los derechos humanos" y que "debería imponerse una asignatura relativa a los derechos humanos antes de la universidad". El editor del estudio, Lorenzo Cotino, recuerda también las positivas actitudes detectadas en aspectos relacionados con la convivencia o la xenofobia.

Estos datos, la celebración del aniversario de la Carta Magna y la inminente reforma de la secundaria delimitan el momento escogido por el grupo de profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia para promover, a través de Internet, un manifiesto "por una efectiva enseñanza de los principios democráticos y los derechos y libertades para nuestros jóvenes". Inicialmente, se ha dirigido a los aproximadamente 400 constitucionalistas de las universidades españolas. Más de un tercio se había adherido al documento ya el pasado viernes. El listado provisional reunía a 18 catedráticos, 46 titulares, 20 ayudantes, 30 asociados, 9 becarios y 17 sin determinar.

Los firmantes se muestran "preocupados porque los jóvenes continúan desconociendo los fundamentos del sistema político democrático y, lo que es peor, que esta evidencia no ha suscitado particular atención de los poderes públicos". Se declaran además "convencidos de que, tanto los anteriores instrumentos que hasta hoy fijan los mínimos de la educación secundaria como la reforma emprendida, no han resultado ni van a resultar medios oportunos para lograr la enseñanza que la Constitución exige". Por ello, creen imprescindible que "los poderes públicos se impliquen y aseguren mayores contenidos mínimos relativos a los derechos humanos y las instituciones básicas democráticas, garanticen que se impartan en los centros de enseñanza los contenidos relativos a las bases del sistema democrático fijados por las normas de mínimos y atribuyan y garanticen un horario que permita conceder a la materia el tiempo que se merece".