Los socialistas proponen revisar la inmunidad presidencial tras el discurso de Chirac

Representantes de asociaciones judiciales y de partidos de izquierda criticaron ayer al presidente de Francia, Jacques Chirac, por rechazar la idea misma de que el jefe del Estado, "que obtiene su poder del conjunto de los franceses y es el garante de la continuidad del Estado", pueda estar sometido "a la dependencia de un juez". Ninguno de los instructores de los sumarios en los que se menciona a Chirac le ha llamado a declarar, pero el presidente ya les ha cerrado la puerta. "Esto demuestra hasta qué punto es necesario revisar la inmunidad presidencial", opina el líder socialista, François Hollande.

Las argumentaciones de Chirac son "arcaicas", según Valéry Turcey, presidente de la Unión Sindical de la Magistratura (mayoritaria entre los jueces), que ironiza sobre el jefe del Estado: se cree "situado a tanta altura que no va a rebajarse a responder a las convocatorias de un juez". Una decisión del Consejo Constitucional de 1999 garantiza al presidente de la República que no será procesado durante el ejercicio de sus funciones, salvo en caso de alta traición. Chirac, por tanto, tiene un respaldo formal para mantener su postura, por más que lo haga cuando el mundo acaba de asistir a la batalla judicial que ha dirimido la presidencia de EE UU. Puede que la firmeza emocional con que se manifestó como garante de las instituciones haya hecho mella en una parte de los 12 millones de personas que le vieron por televisión; lo mismo que imputar al espectáculo montado por jueces y periódicos la sensación de que Francia vive una crisis política y moral, que Chirac niega. El problema es si esto le bastará para aguantar un calendario electoral que se abre en marzo con las municipales y termina un año después con las presidenciales y las legislativas.

Chirac aparece mencionado en cinco investigaciones judiciales distintas, pero no está acusado en ninguna de ellas. El testimonio más contundente contra él es el de Jean-Claude Méry, que ha confesado haber organizado un sistema para trucar las adjudicaciones de obras en viviendas sociales a cambio de comisiones para la Unión por la República (RPR), y que asegura haberlo hecho a las órdenes de Chirac. Pero esta cinta se ha conocido sólo tras la muerte del testigo. El otro testimonio importante procede de una persona viva: Louise- Yvonne Casetta, ex directora administrativa de la RPR, quien dice haberse dedicado a la colecta de fondos entre adjudicatarios de obras en institutos de enseñanza media con la seguridad de que actuaba al servicio de Chirac.

En los medios de comunicación, menospreciados por el presidente como "vendedores de papel" -en la estela de los comentarios que hiciera en otro tiempo François Mitterrand-, se extraen consecuencias. El director de la Redacción de Le Monde, Edwy Plenel, defiende el papel del periódico para impulsar la reflexión democrática. "Lo que constituye un peligro para la democracia no es la revelación de la corrupción, sino su existencia", recordaba ayer el editorial del diario que anticipa la mayor parte de los escándalos políticos. Y el presidente de Libération, Serge July, sugiere a Chirac que, si quiere devolver a la función presidencial una parte de la autoridad perdida, "se someta al veredicto de los electores" y anticipe las presidenciales, como ya hizo en 1997 con las legislativas. Chirac ha rechazado el simple cambio de orden en las elecciones de 2002. Con argumentos constitucionales, se resiste a la propuesta de inversión del calendario electoral que los socialistas y los centristas de la UDF quieren hacer aprobar en la Asamblea Nacional, y cuyo primer debate está previsto la semana próxima.

La anticipación de las presidenciales de 2002, para que se celebren un par de meses antes que las legislativas, le parece a Chirac una actuación precipitada, un cambio de reglas del juego "en condiciones que no me parecen dignas", y que sólo podría efectuarse en el marco de una revisión constitucional pensada con calma. Y en cuanto al plan del Gobierno para conceder una autonomía limitada a Córcega, el presidente opina que dar a la isla un cierto poder legislativo "abre dos vías: la disociación de Córcega del resto de la República o dar a todas las regiones las mismas competencias".

[Por otra parte, los jueces del caso Elf pidieron, por tercera vez, ayer el levantamiento del secreto del sumario, informó France Presse. Los jueces intentan determinar el destino de cientos de millones de francos supuestamente dedicados por el grupo petrolero al pago de comisiones en la compra de la refinería alemana Leuna y del grupo español Ertoil.]