Recuentos a contrarreloj

Si el abogado David Boies hubiera pedido a los jueces que establecieran un criterio uniforme para realizar un recuento manual en toda Florida, y hubiera cuestionado la inamovilidad del plazo del 12 de diciembre para nombrar a los compromisarios, Al Gore podría ser hoy el presidente electo de Estados Unidos. No lo hizo porque pedir un cambio de las leyes vigentes del Estado en medio de un proceso electoral parecía de entrada un argumento perdido. Pero esa laguna legal, irresoluble con la urgencia que requería el caso, es precisamente a la que se ha atenido el Tribunal Supremo al declarar que los distintos métodos de interpretar las perforaciones en las papeletas atentan contra la igualdad de derechos, recogida en el artículo 14 de la Constitución Federal.Al final de la larga batalla jurídica, el artículo 14 se ha convertido en el cruce de la leyes federales y estatales que ha permitido la intervención del Tribunal Supremo, y con ello la victoria de George W. Bush. De hecho, es la única disputa sobre la que el Supremo de Estados Unidos ha sentado jurisprudencia -por siete votos contra dos- al añadir a la igualdad de derechos, "la igualdad de derechos del votante". Pero los magistrados tampoco han resuelto el problema crucial por el que han denegado los recuentos de al menos 50.000 papeletas en los 67 condados de Florida: sentar un criterio uniforme para contar manualmente los sufragios.

Los jueces de la alta instancia federal se lavaron las manos de esa tarea y se la pasaron al Supremo de Florida dándole un plazo imposible de cumplir para que la dirimiera y luego ordenara los recuentos. Sólo faltaba 1 hora y 45 minutos para que acabara el 12 de diciembre (el día 9 el Supremo de Washington había ordenado cautelarmente parar los recuentos). El profesor de la Universidad de Harvard y también miembro del equipo defensor de Gore, Laurence Tribe, no se atrevió como otros a calificarlo de "trampa", pero lo resumía así ayer, en Miami: "Con su dictamen dijeron que no había tiempo para ejercer la democracia".

Todas las demás cuestiones planteadas en las demandas del bando republicano y demócrata quedan en el aire. El Supremo federal no se ha pronunciado sobre la legalidad de las papeletas perforadas, ni sobre la autoridad del Legislativo de los Estados para nombrar a los compromisarios (artículo 2 de la Constitución), ni sobre la jurisdicción de los tribunales supremos de los Estados para extender plazos u ordenar recuentos. De ahí la lluvia de críticas contra los cinco magistrados conservadores cuya opinión prevaleció frente a la de sus otros cuatro colegas, acusándolos de actuar políticamente agarrándose a un clavo ardiente legal para servirle en bandeja la presidencia al candidato a cuyo padre debían directa o indirectamente sus puestos.

El propio equipo legal de George W. Bush -que tan arduamente arguyó en contra de la autoridad del Supremo de Florida y a favor de la del Legislativo- no se esperaba ganar la pelea en el round de la igualdad de derechos. Prácticamente la habían descartado desde que un juez federal en Miami y el propio tribunal federal de apelaciones de Atlanta fallaran en su contra.

Desde entonces, la defensa de Bush dejó el alegato de violación del artículo 14 sólo a modo de muletilla en todos sus recursos y resucitó el ataque contra el Tribunal Supremo de Florida cargando las tintas en otros preceptos legales. Primero cuando ese tribunal extendió el plazo del recuento hasta el 26 de noviembre, le acusaron de extralimitarse en sus funciones judiciales reescribiendo las leyes del Estado. El caso llegó al Supremo federal, que en esa ocasión le preguntó a sus homólogos en qué fundamentaban su fallo, pero no mencionaron la posible violación de igualdad de derechos. De haberlo hecho, el Tribunal Supremo de Florida todavía hubiera tenido tiempo de definir el criterio uniforme de los recuentos.

La gran pregunta es qué hubiera pasado si el equipo jurídico de Gore hubiera tomado otro camino en sus demandas. Una gran mayoría de juristas creen que de todas formas estaban en un callejón sin salida. Ésta es la razón: el Tribunal Supremo de Florida, que era el embudo por el que pasaban todas las quejas antes de llegar al Supremo Federal, estaba a su vez en otro callejón. Si este tribunal hubiera establecido un método uniforme de recuento, sus homólogos federales podrían haber fallado que era ilegal porque esa es la función del Legislativo. Y si hubieran extendido el plazo del 12 al 18 de diciembre igualmente podría haber revocado su decisión.

En palabras de David Cole, jurista y profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, "el Tribunal Supremo de Florida hubiera perdido de todas formas. Los magistrados del Supremo de Estados Unidos eran muy conscientes de que ellos podían decidir la elección".

[No obstante, con su hermano mayor George W. finalmente declarado presidente electo, el gobernador del Estado de Florida, Jebb Bush, dijo ayer que planeaba adoptar acciones inmediatas para iniciar la reforma del sistema electoral, informa Reuters. Éste se ha visto sometido a un minucioso escrutinio a raíz de la tormenta que estalló tras la jornada electoral del pasado 7 de noviembre.

"Hoy empezamos un importante primer paso de cara a afrontar una reforma electoral para la gente de Florida", manifestó Jeb Bush a los periodistas al anunciar la formación de un equipo para estudiar los procedimientos electorales, los criterios y la tecnología que se utilizan en ese Estado.]