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Estado vasco y calidad democrática

Un hipotético Estado vasco, según el autor, garantizaría peor el pluralismo político y la integración social que el Estado actual.

Las declaraciones del presidente del PNV a un semanario alemán acerca de la situación de los ciudadanos españoles en un futuro Estado vasco independiente han suscitado una reacción que, hasta cierto punto, puede calificarse de artificiosamente farisaica. En efecto, no cabe escandalizarse ante la afirmación de que los españoles serán en esa futura Euskadi independiente "lo que son hoy los alemanes en Mallorca", pues en eso consiste precisamente la independencia que reclama abiertamente el nacionalismo: en convertir en extranjeros los que hasta ahora son connacionales. La única llamada de atención que cabría hacer a Arzalluz en este punto es la de que tenga en cuenta que, si bien alemanes y mallorquines coinciden en pertenecer ambos a la Unión Europea, esta pertenencia sería muy problemática en el caso de los vascos independientes, dadas las reglas vigentes en la Unión para la admisión de nuevos estados, que exigen la unanimidad de los actualmente integrantes (por lo que la relación con España podría ser, no como la actual con Alemania, sino como la existente hoy con Marruecos).Ahora bien, dejando de lado esta obviedad, lo verdaderamente interesante de las manifestaciones del líder nacionalista es su referencia a la situación futura de los "inmigrantes españoles", puesto que, aunque sea veladamente, introduce en el discurso independentista un tema que hasta ahora ha sido muy escasamente explicitado por quienes defienden la secesión como método de solución del contencioso. Y ya va siendo hora de pedir a quienes preconizan la independencia que definan claramente su visión de las reglas del juego en ese futuro Estado.

Una aclaración previa y probablemente innecesaria: cuando el nacionalismo habla de "inmigrantes españoles" (que no existen como tales desde hace treinta años) está refiriéndose en realidad a todos los ciudadanos vascos que mantienen un sentimiento nacional español, con independencia del lugar de nacimiento de sus abuelos. Por eso, las palabras sobre la situación de los "inmigrantes" son un circunloquio para definir la situación futura de los vascos que se sienten nacionalmente españoles.

Como ha subrayado Juan José Linz, la paradoja de casi todas las secesiones es la de que generan en el nuevo Estado secesionado una situación de plurinacionalidad similar a la previamente existente en el Estado global anterior, aunque invertida en sus proporción. Esto es evidente en nuestro caso: pues si España es un caso típico de Estado plurinacional en el que la población con un sentimiento de identificación nacional vasco es minoría, el futuro Estado vasco sería igual de plurinacional, aunque la minoría vendría entonces formada por los ciudadanos vascos con sentimiento nacional español. La diferencia entre ambas situaciones, además de la proporcionalidad cuantitativa, sería la de que la futura minoría española carecería de una base territorial exclusivamente propia en la que identificar su nación, pues compartiría su ámbito físico de vida con otro sentimiento nacional, el vasco. Se trataría de un sentimiento nacional desprovisto de un referente territorial exclusivo (salvo, quizás, en el caso de Alava, lo que podría conllevar la secesión de esta provincia de esa futura Euskadi libre).

Ante situaciones como ésta son útiles los pensamientos anticipados por el austromarxismo de Karl Renner a principios de siglo, cuando intentaba aportar soluciones al puzzle de nacionalidades entremezcladas que se englobaban en el Imperio Austrohúngaro. Defendió este pensador una propuesta innovadora y arriesgada: la de reconocer los derechos de las nacionalidades sobre base personal, no territorial. Los grupos nacionales característicos gozarían de un estatuto de autonomía cultural y política como tales colectividades, sin necesidad de un soporte territorial exclusivo, que era imposible de encontrar en la mayoría de los casos. Pues bien, una solución de este tipo sería la única posible para atender los derechos de la minoría española en el futuro Estado vasco.

El problema, y aquí enlazamos con las manifestaciones de Arzalluz, es el de si ese futuro Estado estaría dispuesto a reconocer constitucionalmente el derecho de autogobierno y conservación propia de la minoría poseedora de un sentimiento nacional distinto al oficial. ¿Garantizaría ese Estado, como hoy garantiza la Constitución española, la autonomía política como derecho inherente de su minoría nacional española (o francesa)? ¿Permitiría el libre desarrollo de la plurinacionalidad constitutiva de su población? La respuesta está implícita en las palabras del líder abertzale (y estaba ya más claramente apuntada en otras propuestas del mundo radical): los inmigrantes españoles podrán disfrutar de un estatuto especial, pero con la condición de ser considerados políticamente como extranjeros. Podrán seguir siendo españoles y votar al Parlamento de España, aunque vivan en Euskadi ("alemanes en Mallorca"); pero, sensu contrario, los que decidan ser ciudadanos vascos que se olviden de sentimientos nacionales distintos del oficial, pues para ellos no habrá autonomías ni autogobierno.

Esta posición del nacionalismo vasco es congruente de todo punto con su propia naturaleza de etnonacionalismo. A diferencia de lo que sucede con un nacionalismo político como el español, un nacionalismo cultural o étnico como el vasco no puede admitir la existencia en el seno de su propia nación de ciudadanos con sentimiento nacional diverso y, por ende, no podría reconocerles derechos especiales como grupo nacional minoritario. No habrá lugar en la nación vasca soñada sino para lealtades unívocas, a diferencia de la española hoy existente en la que coexisten cómodamente lealtades compartidas. Admitir éstas últimas sería tanto como poner en cuestión la existencia misma de la nación etnocultural. Y, por ello, Arzalluz dixit, sólo hay una alternativa para los futuros ciudadanos vascos: o el régimen común y uniforme del Estado uninacional, o la extranjería.

Lo cual, traducido a términos democráticos, significa que el régimen político de ese Estado padecería de un significativo déficit de pluralismo por comparación al Estado actual. Al no poder reconocer los derechos de los grupos nacionales minoritarios sería menos pluralista e inclusivo que el actual. Desterraría a la condición de extranjera a parte de su población, recreando, dos mil cuatrocientos años después, la condición peculiar de los metecos atenienses.

Pues bien, cuando los estudiosos analizan el expediente secesionista como vía de solución de un conflicto nacional de otra forma insostenible, señalan siempre unos límites prudenciales a su acceptabilidad. Y, entre estos límites, vienen al caso aquí dos muy significativos: la secesión no debe utilizarse cuando vaya a reproducir, aunque invertido, el problema de plurinacionalidad anterior, y, sobre todo, no debe permitirse la secesión si la sociedad resultante quedará dotada de un régimen de inferior calidad democrática, en términos de inclusividad y pluralismo, al anteriormente existente. Como recuerda Andrés de Blas Guerrero, un Estado plurinacional organizado federalmente protege mejor los derechos democráticos que varios Estados secesionados que se organizan sobre bases uninacionales rígidamente homogéneas. El independentismo vasco, si presume de democrático, debería reflexionar sobre estas evidentes realidades, en lugar de encerrarse en su solipsista ensoñación.

José María Ruiz Soroa es abogado.

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