El Gobierno anuncia que impedirá la puesta en marcha de la mina en terrenos de Campo Real

Un obstáculo de 103 hectáreas puede surgir en mitad del futuro aeropuerto de Campo Real, cuya construcción apoyan el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional como alternativa a Barajas. La Consejería de Medio Ambiente ha firmado una declaración de impacto positiva para una explotación yesera en el mismo lugar donde se ha proyectado el aeropuerto. El Gobierno regional aseguró ayer que la Consejería de Economía denegará el permiso definitivo al proyecto, mientras que el PSOE replica que el Ejecutivo carece de argumentos legales y habla de "enorme descoordinación".

Calificación urbanística

La declaración de impacto (norma legal que prevé las medidas correctoras que la mina debería incluir) se ha realizado sin que ninguna Administración presente alegaciones. Por eso, el diputado socialista Modesto Nolla habla de "gigantesca metedura de pata del Gobierno de Ruiz-Gallardón, al haber dado la aprobación ambiental a una mina en los terrenos del futuro aeropuerto", así como de una "enorme descoordinación entre consejerías". "Expropiar a la empresa minera, que con una declaración de impacto positiva ya tiene ciertos derechos, puede costar a los madrileños más de 15.000 millones", dice. El diputado exige que el presidente regional "depure responsabilidades". Sin embargo, el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, afirma que la declaración de impacto no da ningún derecho a los mineros.A finales de noviembre, Medio Ambiente hizo pública la declaración de impacto de la mina que promueve la empresa Aricemex. En ella se explica que los mineros reclamaban explotar 178 hectáreas, aunque el proyecto definitivo se reduce, por razones medioambientales, sólo a 103. La concesionaria podría extraer aproximadamente 15 millones de metros cúbicos de yeso a lo largo de 38 años. La dureza del terreno obligará, además, al "arranque del material con explosivos" y voladura eléctrica.

"Con carácter previo a la autorización de la explotación [que deberá conceder la Consejería de Economía] deberá disponerse de la calificación urbanística de la Consejería de Obras Públicas para llevar a cabo la explotación de caliza", se señala.Desde la Presidencia del Gobierno se anunció ayer que la Consejería de Economía "no concederá finalmente el permiso de explotación". "Se argumentará que, según el Plan de Estrategia Territorial [documento que diseña el crecimiento de la región en los próximos 25 años], la zona está considerada como reserva estratégica. Por ello, y por razones económicas alternativas, el proyecto será rechazado".

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón considera que la declaración de impacto positiva "no da ningún derecho" a los yeseros, por lo que no podrán reclamar ningún tipo de indemnización. Igualmente, el Ejecutivo regional afirma que la declaración de impacto "ha sido positiva, como no podía ser menos, porque, en el caso de ser negativa, sería muy difícil que allí pudiera construirse un aeropuerto".

La declaración de impacto impone una serie de "condiciones previas para la explotación". Entre ellas, la realización de prospecciones arqueológicas, dado "el alto potencial" de yacimientos históricos de la zona, así como "medidas adecuadas que eviten o minimicen las previsibles alteraciones ambientales" que provocará la mina. Adyacente a la futura explotación se encuentra una zona de especial protección para las aves (ZEPA), en la que hay una importante colonia de avutardas.

Igualmente, se obligará a los explotadores a que "los niveles [de ruido] no provoquen la alteración de los procesos biológicos, especialmente durante el periodo de nidificación de la avifauna existente. En este sentido", añade, "no se efectuarán voladuras en la época de apareamiento y cría de las aves esteparias". Asimismo, y "al objeto de evitar el impacto que las luces de las instalaciones mineras pueden ocasionar en la fauna, se ajustará la explotación a horario diurno. No obstante, las luminarias para el alumbrado tendrán el diseño apropiado para garantizar la difusión de la luz, evitándose los focos y puntos de luz que puedan deslumbrar a la avifauna".

Según el diputado socialista Modesto Nolla, Economía no podrá alegar ningún motivo justificado para negar el permiso, ya que el Plan de Estrategia Territorial no ha sido aprobado por la Asamblea. "Sólo existe un documento de bases que no sirve para reservar el suelo". Nolla rechaza también que la declaración positiva de la mina se pueda aplicar para el aeropuerto. "El documento, en primer lugar, reduce el tamaño de la mina por sus daños ambientales. Además impone restricciones a su contaminación. Si obliga a la mina a trabajar sólo con la luz del día para no dañar a las aves, ¿qué diría de un aeropuerto que produce una contaminación acústica y lumínica mil veces mayor?".