El Gobierno niega a la Guardia Civil la paga extra de los funcionarios

La Administración se ha ahorrado más de 2.000 millones con los agentes de la Guardia Civil al negarles la paga compensatoria por la desviación del IPC de 1999, que sí ha abonado al resto de empleados públicos. Un millar de guardias civiles han protestado por esta discriminación, y han recibido como respuesta que la paga no procede, por tratarse de un cuerpo especial distinto de la policía y del personal militar.

Los 73.000 empleados de la Guardia Civil quedan al margen de los 14.000 millones de pesetas que el Gobierno ha repartido entre los funcionarios para corregir la diferencia entre el 2% de subida salarial acordada en 1999 y el 2,9% de inflación real. Los sindicatos y la Administración negociaron hace un año "fondos adicionales" que compensaran la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios de casi un punto anual. Esta partida consistió en una primera entrega de 13.000 millones, más otra posterior de 9.000. Los últimos pagos -a personal del Insalud, Instituciones Penitenciarias y de la Agencia Tributaria- se liquidaron hace una semana. En total, se han beneficiado 600.000 empleados públicos, que vieron aumentados sus salarios con el 2% ya acordado y los citados "fondos adicionales", que equivalen a 1,14% extra.

La plantilla de la Guardia Civil, sin embargo, ha sido excluida de esta compensación, según el Ministerio de Administraciones Públicas "por no formar parte de la mesa de negociación general", ya que, entre otras razones, la Guardia Civil carece de sindicatos que representen sus intereses. Sus integrantes tienen prohibida la afiliación sindical.

Por esa razón, la protesta se ha realizado a título personal. Un millar de guardias civiles remitieron escritos a sus superiores de zona en los que se recordaba la "discriminación, desigualdad en el trato y consiguiente agravio comparativo", tanto con los funcionarios de la Administración civil como del resto de las Fuerzas Armadas. Responsables de la Guardia Civil les contestaron por escrito que "no existen causas objetivas que justifiquen" el agravio comparativo. "La Constitución", argumentan, "define a la Guardia Civil como integrante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como un grupo singular, perfectamente diferenciado respecto del conjunto de funcionarios públicos. No existe, pues, discriminación alguna, sino un tratamiento distinto para realidades distintas, por lo que no se puede pretender nivelar situaciones desparejadas, nacidas de relaciones especiales de sujeción, asumidas voluntariamente, porque a ellas así se accedió y así se pueden abandonar en cualquier momento".