El nuevo gobernador de Chiapas promete trabajar por la reconciliación

Corrupción

El primer gobernador de oposición en Chiapas, Pablo Salazar, negociará con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sublevado en 1994, pero también con los numerosos grupos armados, varios de carácter paramilitar, alzados contra los zapatistas y sus apoyos sociales. Salazar juró ayer prometiendo trabajar por la reconciliación, el principal reto de un Estado enconado por la pobreza y complejas divisiones sociales, políticas, agrarias y religiosas. La liberación de zapatistas presos, una de las exigencias del subcomandante Marcos para reanudar el diálogo de paz, será una de sus primeras medidas. Salazar aseguró que su administración "dará todos los pasos necesarios" y hará "todos los procedimientos legales para liberar a los presos de conciencia", unos cien actualmente.

El presidente, Vicente Fox, diplomáticos de 24 países y numerosos invitados, entre ellos el presidente de Guatemala, país al que perteneció Chiapas antes de su anexión por México en 1825, asistieron a la toma de posesión del gobernador número 167. Salazar ganó las elecciones de agosto al frente de una coalición entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), centro-izquierda, y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), y sustituye a Roberto Albores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un funcionario adscrito a la mano dura que, lejos de contribuir a la pacificación de Chiapas durante sus 34 meses de mandato, agravó los choques entre las comunidades zapatistas y las antizapatistas.

Pablo Salazar enviará "comisionados para la reconciliación" a los puntos más conflictivos de Chiapas, un Estado con el 90% de sus habitantes en la pobreza y con cinco gobernadores desde el levantamiento de hace casi siete años. El trabajo del nuevo gobernador deberá ser casi pastoral pues la crisis casi hizo imposible la convivencia entre aldeas y sectores de diferente filiación política, y donde no pocos de los cuantiosos recursos volcados por el Gobierno de Ernesto Zedillo para atajar la pobreza, causa fundamental del conflicto, fueron absorbidos por la corrupción oficial."Un gobierno que quiere hacer la paz con todos no puede excluir a nadie, hasta con los paramilitares vamos a hablar", dijo Salazar en declaraciones previas a la ceremonia de transmisión de mando. "A la lucha zapatista se le quiso combatir con el vandalismo y eso no trajo buenos resultados; lo que tenemos, y no teníamos en 1994, son 12 grupos paramilitares reconocidos por el Gobierno federal. Lo que tenemos es la misma pobreza, programas que nunca llegaron a su destino". Salazar propone un gobierno equilibrado, y en las regiones más castigadas por la miseria "hacer equilibrio significa ponerse abiertamente al lado del pobre".

El presidente Fox, por su parte, abrirá un proceso de conversaciones con el nuevo gobernador para coordinar una estrategia común en las previstas conversaciones con Marcos, que ha pedido para aceptarlas la liberación de todos los presos zapatistas, más de cien, y la salida del Ejército de las zonas de influncia del EZLN. También pide el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por delegados del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-diciembre de 2000) y de la guerrilla indígena. La traducción de esos acuerdos en un proyecto de ley fue efectuada por la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), pero el texto no satisfizo a Zedillo, y las negociaciones quedaron rotas hace cuatro años.

"En Chiapas es necesario que haya política, mucha política", señala el analista Jorge Fernández. El nuevo fiscal del Estado de Chiapas, por otra parte, será Mariano Herrán Salvatti, hasta ahora fiscal antidrogas de México, con un desempeño aplaudido por la mayoría.