'Deslenguada' justicia valenciana

El juez instructor Mann Heger envía al servicio de traducción del Tribunal Superior de Justicia la demanda escrita en valenciano de un vecino de Gandia para que sea traducida al castellano. Insólito, ya que son pocos los ciudadanos que se dirigen a la justicia en valenciano, y menos aún los jueces que requieren de las más altas instancias para una traducción.La ley orgánica 6/1985 declara que jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales son libres de utilizar la lengua oficial propia de cada Comunidad. Un derecho ése que alcanza a los ciudadanos tanto en las manifestaciones orales como en las escritas.

Pero el uso de la lengua propia de la Comunidad no pasa de la anécdota. Un uso que se refleja en la señalización en los edificios judiciales y que llega también a las charlas de pasillos entre abogados, jueces, funcionarios y usuarios.

Y no es que la Administración niegue los medios para que la Justicia deje de ser una deslenguada en materia autónoma. El edificio de los juzgados de Instrucción de Navarro Reverter en Valencia alberga una oficina de normalización lingüística en la que trabaja una funcionaria ducha en la lengua valenciana.

Pilar Monerri se encarga de organizar para los miembros de la judicatura los cursos de la Junta Qualificadora del Valencià, así como de traducir cualquier documento que se le pida. "Los medios", asegura Pilar, "están, sólo falta que se utilicen. Hay buena predisposición y se ha notado un aumento de la participación de los funcionarios en los cursos".

En los 16 cursos de valenciano organizados para la judicatura este año 2000, se han registrado más de 300 inscripciones. Esta cifra es moderadamente optimista si se compara con los casi 600 inscritos en la convocatoria 1996-1997 o el millar largo de 1992-1993. Lo cierto es que falta material técnico para el usuario en valenciano, que a penas puede recurrir a la traducción del Código Civil hecha entre finales de 1994 y principios de 1995. Y falta, también, publicidad del producto. "La gente", dice la letrada Carmen Peris, "prefiere el castellano. Aunque cada vez celebro más juicios de faltas en los que los clientes optan por el valenciano".

Situación muy distinta ésta a la que se vive en Cataluña. Según datos de 1999, el 35% de las oficinas judiciales estaba en disposición de atender a los usuarios en catalán. Hace un mes, el Departamento de Justicia de la Generalitat vecina puso en marcha un plan piloto en el que 40 órganos judiciales trabajarán durante seis meses íntegramente en catalán. El objetivo es animar al uso del catalán en la Administración de Justicia y cuenta para ello con un presupuesto de 40 millones de pesetas.

Una realidad que dista mucho de la que vive la Comunidad Valenciana. "Vivimos en efecto", se justifica un alto funcionario de la Consejería de Justicia valenciana, "realidades lingüísticas diferentes. El valenciano, mal que nos pese, no tiene clientela". Ni quien patrocine el producto.