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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Los minusválidos pagarán por decreto

La dirección del centro ocupacional Fray Bernardino Álvarez de Madrid me envía, como padre de usuaria que soy, un sobre de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (debo indicar que este centro en la actualidad es gratuito), con fecha 23 de noviembre, carta circular y documentación para que, a partir del mes de febrero de 2001, consideran conveniente que los usuarios y familias colaboren económicamente en la atención integral de las necesidades de este colectivo, y que, según cuadro del BOCM número 273, de 16 de noviembre de 2000, las cantidades máximas a pagar mensualmente van desde 98.956 pesetas hasta 299.730, y que por razones sociales se les deduce a estas cantidades en unos casos el 75% y en otros el 37,5% de la renta per cápita de la unidad de convivencia. Como consecuencia de este acuerdo tendría que pagar una cantidad importante con respecto a la gratuidad actual. La documentación que requieren sería:- Volante de inscripción padronal de la unidad de convivencia de origen.

- Declaración de la renta del año 1999 de cada miembro de la unidad de convivencia de origen.

- En caso de no estar obligado a realizar declaración de la renta, deberá presentar certificado negativo de Hacienda y/o certificado anual de ingresos y retenciones.

- Nóminas y/o declaración jurada de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad de convivencia que trabajen.

- Justificantes de los distintos tipos de pensiones de la unidad de convivencia.

- Anualmente, los usuarios o sus representantes legales, en su caso, formularán declaraciones de los ingresos de la unidad de convivencia en el modelo que la Consejería de Servicios Sociales establezca al efecto.

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Esta ingente documentación hay que aportarla al centro el día 12 de diciembre de 2000, un margen de menos de 10 días hábiles, y todo esto sin ninguna información previa o reunión. Cuando llamas para información telefónica a donde corresponde (Dirección de Servicios Sociales), te pasan de un funcionario a otro, diciéndote que esto nos es ningún asunto administrativo, sino una decisión política.

¿Estamos en un periodo de auge económico o de recorte de gastos para los discapacitados?-

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