Vecinos de Padul sostienen que han sido sancionados por manifestarse libremente

Vecinos de Padul (Granada), sancionados por Tráfico con multas de 25.000 pesetas por circular a velocidad reducida por la Nacional 323 con motivo de tres protestas, acusaron a la Subdelegación del Gobierno en Granada de coartar su derecho a manifestarse. Los vecinos sostienen que los agentes regularon el tráfico en una ocasión y en otra se negaron a intervenir. En total, los guardias civiles han presentado denuncias contra 215 vecinos que se manifestaron en octubre y noviembre para exigir un enlace más próximo con el pueblo.

Escasas simpatías

Representantes de la Asociación de Vecinos El Manar difundieron un comunicado en el que arremeten contra el subdelegado del Gobierno, Alfonso Marín Sicialia, por impedir el ejercicio del derecho a la libre manifestación. Los vecinos, durante tres domingos consecutivos, coincidiendo con la mayor densidad de tráfico, salieron a la carretera en una caravana automovilística que causó retenciones de hasta dieciocho kilómetros. Las protestas se produjeron el 29 de octubre y el 12 y el 19 de noviembre pasados.En la primera protesta los vecinos sostienen que la Guardia Civil reguló el ritmo del tráfico y no los conductores. El 12 de noviembre, los agentes no intervinieron y la caravana circuló "al ritmo que marcaba el coche anterior, y guardando los vehículos la distancia de seguridad permitida por el Código de Circulación". En la manifestación del día 19 de ese mes los vecinos sostienen que rogaron a un capitán de la Guardia Civil que intercediera para que la sección de Tráfico controlara la marcha, pero que su propuesta fue desoída. "Lo único que queríamos era manifestarnos libremente", señalan en el comunicado.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico ha tramitado 215 denuncias contra vecinos de esta localidad situada a 20 kilómetros de la capital que llevan aparejadas sanciones de 25.000 pesetas. La notificación explica que la causa de la sanción es por "circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada y entorpeciendo la marcha de otro vehículo". "El único delito que ha cometido el pueblo de Padul", señalan los vecinos, "ha sido el de pedir permiso al subdelegado del Gobierno para salir a la carretera Nacional 323 cuando sabemos que podemos ocuparla el día y la hora que queramos. ¿Es que los ciudadanos de Padul no tenemos derecho a salir a la carretera?", se preguntan los vecinos en el escrito aludido.

Los firmantes añaden que están convencidos de que sus protestas no despiertan simpatías entre otros ciudadanos de Granada, aunque ellos mismos llevan años soportando las idas y venidas de los automovilistas que se desplazan a las playas. En las fechas con más circulación, añaden, "cruzar un paso de peatones en este pueblo supone una odisea y una espera de hasta media hora y, por supuesto, sin tanto guardia civil como cuando Padul se manifiesta".Los vecinos de Padul reclaman desde hace meses un enlace más próximo que el previsto en el proyecto de obra entre el pueblo y el nuevo trazado de la carretera. La petición fue formulada, y según ellos aceptada verbalmente, por el diputado del Partido Popular Eugenio Castillo y por el anterior subdelegado del Gobierno, Julián Urbano. Sin embargo, el Ministerio de Fomento dijo que la solicitud se debió presentar formalmente cuando el proyecto estuvo en exposición pública para alegaciones.

Las protestas vecinales han estado en todo momento amparadas por el Ayuntamiento de Padul y su alcalde, Cipriano Duarte Rejón, de Izquierda Unida. Duarte, tras mantener hace dos semanas una reunión con el subdelegado del Gobierno, acordó suspender temporalmente las protestas hasta el próximo 10 de diciembre, día en que se repetirá la marcha si no han recibido alguna respuesta del Gobierno de la Nación.

De hecho, la autoridad gubernativa también ha sancionado al Ayuntamiento con sendas multas de 250.000, 500.000 y 750.000 pesetas, por motivos similares a los dados por Tráfico en las denuncias contra los particulares. Marín Sicilia explicó que las sanciones al municipio se podrían revisar, pero no en cambio las dirigidas contra los vecinos.