El Defensor del Pueblo pide una moratoria de la Ley del Menor

Madrid El del Pueblo, Enrique Múgica, recomendó ayer al Ministerio de Justicia una moratoria en la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor 'hasta tanto no se habiliten los recursos humanos y materiales para su aplicación'. 'Los medios existentes en este momento no permiten pronosticar que existan las condiciones idóneas como para garantizar una correcta aplicación de la ley', explicó la oficina del Defensor del Pueblo en un comunicado. En las cárceles españolas había hace un año 835 jóvenes de entre 16 y 20 años, según Instituciones Penintenciarias, que ahora deben pasar a centros de menores adecuados. Los consejeros de Justicia de siete autonomías (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana) ya pidieron una moratoria de la Ley del Menor a finales de verano, poco después de que el ministro Ángel Acebes insistiera en que la normativa entraría en vigor el próximo mes de enero. El Defensor del Pueblo insiste ahora en que antes hay que determinar el número de plazas y realizar una distribución geográfica de los centros que posibilite que los menores estén internados en lugares próximos a sus domicilios, 'lo que facilitaría su proceso de integración social'. Y señala que en los últimos tres años no se ha puesto en funcionamiento ningún juzgado de menores en régimen de exclusividad, 'una carencia que abunda en lo ya señalado por el informe del Defensor del Pueblo en 1997'. 'La creación de 31 juzgados para el próximo 13 de enero de 2001 supondrá que buena parte de ellos no pueda ser cubierta por magistrados especialistas en la jurisdicción de menores', añade. En el mismo comunicado se recuerda que el Consejo General de la Abogacía ha solicitado a Justicia 'en tres ocasiones' la dotación de medios económicos para impartir cursos de especialización a los abogados, 'dotación que todavía no ha sido recibida'. El Defensor del Pueblo solicita además la aprobación de un reglamento para el desarrollo de la ley y que se estudie 'la conveniencia de introducir modificaciones en las que se tengan en cuenta las inquietudes de los ciudadanos'.