La mayoría de ministros ignoraba las masivas medidas de gracia

La mayoría de los componentes del Consejo de Ministros se enteró en la mañana de ayer de las intenciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, y del titular de Justicia, Ángel Acebes, de aprobar 1.443 indultos, entre ellos el del ex juez Javier Gómez de Liaño. Distintas fuentes gubernamentales confirmaron que estas medidas de gracia masivas tan sólo las barajaron y estudiaron el presidente, los dos vicepresidentes, Acebes y el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que ayer no asistió al Consejo por hallarse en Bruselas.La agenda de los Consejos de Ministros se compone de dos tipos de asuntos: los que figuran en el índice verde, que son discutidos, tramitados y casi solventados hasta el final por la Comisión de Subsecretarios que se reúne los miércoles de la semana anterior; y los del índice rojo, que llegan directamente a la mesa los viernes de reunión. Esto es lo que sucedió ayer.

El hecho de que la Comisión de Subsecretarios no discutiese la semana pasada estas medidas es calificada de "normal y habitual" por diversas fuentes gubernamentales para los alrededor de 10 o 12 indultos que el ministro de Justicia suele llevar cada semana para su ratificación en el Consejo. Todas estas explicaciones las ofrecieron media docena de miembros del Gobierno para subrayar que lo sucedido ayer en el Consejo había requerido y cumplido los mismos trámites que en otras ocasiones y que sólo se diferenciaba de las demás en su excepcional volumen. Fue lo único que consideraron sorprendente.

Cuestiones reservadas

Varios ministros del Gabinete revelaron, eso sí, que no supieron de las intenciones de Aznar y Acebes hasta ayer mismo y apuntaron que esas cuestiones están reservadas en este Gobierno al presidente, los vicepresidentes y los titulares de Justicia e Interior. Fuentes del Gobierno precisaron que para algún indulto muy concreto, como es el caso del de Teresa Moreno, Tany, se había informado también a los ministros de Trabajo y Sanidad, Juan Carlos Aparicio y Celia Villalobos, afectados por distintas circunstancias. El Gobierno, en cualquier caso, asume esta actuación de forma colegiada, como ayer resaltaron en Segovia el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro de Interior. Rajoy se negó a realizar valoraciones de esta medida y reiteró que si se había tomado era "por la petición de generosidad de la Santa Sede por el año jubilar", siguiendo "criterios objetivos" de jueces y fiscales. Mayor rechazó formular un comentario "singular" y destacó la "importancia significativa y simbólica" para los ciudadanos.Fuentes del Gobierno afirmaron que ningún ministro se mostró molesto por no haber sido consultado sobre el de Liaño. "Muy al contrario", destacó uno de los altos cargos preguntados. Esas fuentes explicaron que el caso Liaño era uno más de los que cumplía los requisitos para aplicar la generosidad que el Vaticano había reclamado. "Nadie puede pensar que la Santa Sede y el Papa se dirigen al Gobierno a pedirlo por Liaño".