Fernández Tapias y Gallardón polemizan sobre la libertad de horarios comerciales

El presidente de la patronal madrileña CEIM, Fernando Fernández Tapias, y el de la comunidad autónoma, Alberto Ruiz-Gallardón, polemizaron ayer públicamente sobre la libertad de horarios comerciales. El dirigente empresarial mostró su rotundo rechazo a la decisión del Ejecutivo de Madrid consistente en que el comercio abra los cuatro domingos de agosto, e hizo "una llamada a la cordura". Ruiz-Gallardón, con el que mantiene un estrecha amistad, le respondió que es una medida necesaria para impulsar el turismo, como ocurre en las grandes capitales europeas.

Fernández Tapias dedicó ayer su intervención ante la asamblea de la patronal madrileña CEIM a expresar la preocupación que ha provocado entre los comerciantes esa decisión y aseguró que "ha enturbiado las relaciones, por lo demás excelentes, entre el Gobierno de la Comunidad y CEIM". A su juicio, los intereses de las grandes superficies y del pequeño comercio "son legítimos y, a veces, discrepantes", y en este caso se ha provocado "el descontento" de los pequeños comerciantes.Ruiz-Gallardón reconoció que puede ser una decisión polémica, pero la consideró justificada para dinamizar la industria turística en un mes como el de agosto en el que Madrid se ve afectada por una sensible paralización de la actividad. A "la llamada a la cordura" de Fernández Tapias respondió que no busca "el aplauso fácil de los empresarios" y actúa desde "el convencimiento y la ideología", y como "un político que no trabaja a golpe de encuestas".

Además de esa discrepancia, el dirigente empresarial enumeró una serie de peticiones al presidente de la Comunidad madrileña, entre ellas que corrija las malas relaciones de la Consejería de Obras Públicas con CEIM, que no ha pedido su opinión para la elaboración de la ley del suelo; la creación de un marco para actuar en el incremento continuado del precio del suelo; que se agilicen los plazos de solicitud de las ayudas y subvenciones; la supresión de trámites innecesarios en las relaciones entre las empresas y la Administración; la eliminación de las prohibiciones y limitaciones a la contratación pública que se han puesto a las empresas de trabajo temporal; y la configuración de un Servicio Público de Empleo eficaz que haga frente a las dificultades que tienen las empresas para contratar trabajadores cualificados.