Los papeles de Altamira
Uno ha seguido lo publicado en la prensa sobre el legado de Rafael Altamira con una mezcla de perplejidad y bochorno. Este estado cambió a vergüenza al anunciar la Consellería de Cultura que se haría cargo de la catalogación de los papeles del jurista. La rapidez con la que Cultura respondía ahora, acuciada por las denuncias de la diputada Dolores Moyá, contrasta con la pasividad mantenida durante los últimos ocho años. En todo este tiempo, la documentación de Altamira no mereció, ni por un instante, la atención de nuestras autoridades. Y ello, pese a las repetidas reclamaciones del instituto Jorge Juan, que guarda los documentos del político alicantino. Cuando, a lo largo de estos años, las autoridades del centro demandaban un bibliotecario, pedían un especialista para ordenar y mantener los documentos de Altamira, la Consellería enviaba, en el mejor de los casos, a un objetor de conciencia para auxiliar en la biblioteca (!).Ha manifestado el director general del Libro que él ignoraba la existencia de estos papeles. Suponía Villacañas que el archivo de Altamira había sido trasladado, en su totalidad, a a la Residencia de Estudiantes. Algo desordenadas deben andar las cosas por la dirección general del Libro, cuando ocho años de insistentes peticiones por parte de un instituto público no figuran en ningún documento. Aunque parece más grave que el propio director general no tenga constancia del legado. Sobre todo, porque no hablamos de unas decenas de papeles, sino de varios armarios de documentos depositados en un centro oficial. Apreciamos el esfuerzo de Villacañas al anunciar ahora que la catalogación de estos fondos comenzará en el próximo mes de enero. Pero, nos tememos que, de no mediar la denuncia de Dolores Moyá, estos papeles de Altamira hubieran acabado de banquete para las polillas.
Podemos gastarnos miles de millones de pesetas en una Biblioteca Valenciana, podemos construir un espectacular Museo de la Ciencia, pero somos incapaces de proteger el legado de uno de los juristas más prestigiosos que ha tenido este país y que llegó a presidir el Tribunal Internacional de La Haya. Uno ignora las razones del escaso aprecio que la figura de Rafael Altamira despierta entre los políticos del Partido Popular de nuestra Comunidad. En su día, ya se permitió que el grueso de su archivo acabara en Madrid, cuando podría haber permanecido en Alicante. No se actuó entonces con la eficacia debida. Se permitió que la recién creada Fundación Altamira se disolviera, quizá porque había sido una creación de los socialistas. Cuesta comprender a esas personas alardean en defensa de la provincia alicantina y después someten a este maltrato a uno de sus hombres más ilustres. Semanas atrás, en la inauguración del Museo Arqueológico Provincial, el presidente de la Diputación, Julio de España, repetía, una y otra vez, que sólo conociendo nuestro pasado, podríamos comprender nuestro presente. Es una hermosa frase que obliga a preguntar si Rafael Altamira forma o no parte de ese pasado.
