Plan hidrológico racional

De la atenta lectura de los cinco volúmenes que integran la documentación básica de proyecto de Plan Hidrológico Nacional, propuesta para su debate público por el Ministerio de Medio Ambiente, pueden extraerse las cuatro decisiones políticas que inspiran el plan. Para quien no haya tenido ocasión de aproximarse a su lectura, la propuesta bien podría quedar resumida en los siguientes términos: a) al amparo y por requerimiento de lo establecido en la Ley de Aguas, se propone -primera decisión política- el trasvase de un máximo de 1.200 Hm3 de recursos que se estiman sobrantes desde una cuenca cedente y desde una sola captación -el Bajo Ebro- hacia otras cuencas receptoras (Júcar, Segura, Guadalquivir y cuencas internas de Cataluña). La propuesta de cantidades sobrantes a trasvasables se considera un avance positivo respecto a las contenidas en el plan de 1993; b) el trasvase propuesto no cuestiona en ningún caso los planes de cuenca. En consecuencia -segunda decisión política-, no se introduce previsión alguna de limitación de usos ni obligación adicional de ahorro en la cuenca cedente. Sí se incorpora, en cambio, la exigencia formal de no ampliación del regadío en las cuencas receptoras; c) el plan incluye un conjunto de requisitos relacionados con la dimensión medioambiental y se defiende su sostenibilidad; d) dedica un amplio volumen a estudiar y demostrar su viabilidad y racionalidad económica a partir del estudio de costes y su repercusión en el usuario, avanzando el precio medio de 52 pesetas/litro -ésta sería la tercera decisión importante que incluye el plan-. Incluye igualmente un mecanismo de compensación económica concreta a la cuenca cedente -cuarta decisión novedosa y positiva-, y e) sugiere la idea de que es un plan socialmente viable.Expuestas las principales decisiones políticas para hacer posible un trasvase de sobrantes que parte de la base de que es un proyecto viable desde el punto de vista hidráulico, ambiental, económico y social, entramos en el terreno, opinable, de las consideraciones que a cada uno le puede merecer una propuesta estratégica de esta importancia. Y es desde ese terreno opinable desde el que aquí se avanzan algunas reflexiones, que bien podrían quedar igualmente resumidas en una idea básica: el trasvase propuesto tal vez es imprescindible, probablemente inevitable, viable desde el punto de vista hidráulico (aunque con la décima parte de las obras inicialmente previstas en opinión de expertos en ingeniería hidráulica), pero existen muchas posibilidades de que en el medio plazo su ejecución no solamente no contribuya a resolver el problema, sino que puede agravar la actual situación. En las actuales circunstancias el trasvase tal vez sea una actuación necesaria, pero no es suficiente y mucho menos previa. Dicho en otros términos, si no se incorporan garantías y compromisos de todas las administraciones implicadas, es muy discutible que sea sostenible en el medio plazo, desde la óptica ambiental, económica y social, precisamente en el único ámbito en el que es realmente necesario.

La primera consideración está referida a la naturaleza del documento. A mi juicio, no debe ser considerado como un Plan Hidrológico Nacional. Ni siquiera estamos ante lo que podría ser definido como un proyecto de Plan Hidráulico Nacional. Se trata, y no es una cuestión accesoria, de un anteproyecto de trasvase que pretende resolver uno de los problemas más graves que en estos momentos existen en toda la cuenca del mediterráneo: la existencia de un déficit de agua en la cuenca sobreexplotada de la región geográfica del sureste español que ya no puede ser resuelto recurriendo a fórmulas de ahorro y eficiencia. A juicio de los expertos en hidráulica, el problema dramático de esta región geográfica no es una cuestión de eficiencia del sistema sino que, en conjunto, el sistema del sureste presenta un déficit actual no inferior a 1.000 Hm3 que sólo puede ser resuelto reduciendo en más de 80.000 Ha la superficie regada o recurriendo a aportes externos.

La segunda reflexión hace referencia a la actual realidad del Estado autonómico. El proyecto de Plan Hidrológico sintetiza mejor que ninguna otra cuestión de ámbito estatal las notables carencias existentes en España en materia de coordinación institucional. Un auténtico Plan Hidrológico Nacional debe ser una iniciativa que implique y obligue a todas las administraciones que son el Estado español. El marco de decisión política que aborde el problema en complejidad -y ésta es una cuestión muy relevante que únicamente admite soluciones complejas-, se sitúa en un ámbito competencial que excede a las posibilidades reales de actuación territorial del propio gobierno central. Téngase en cuenta que es un territorio que forma una unidad geográfica sobre la que se superponen tres cuencas hidrográficas, tres confederaciones -cuyos límites no se ajustan a los de los gobiernos autónomos- y tres gobiernos regionales entre los que no existe ninguna coordinación en sus políticas territoriales. Como suele decirse de forma expresiva, los gobiernos autónomos de Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía deben hacer sus deberes y han de garantizar que van a seguir haciéndolos con anterioridad a la decisión de proceder a un trasvase desde el Ebro. La responsabilidad de cada uno, en un contexto de profunda descentralización política como la nuestra, es fundamental. Un problema como éste no se puede pretender resolver dejando que cada parte afectada haga todo lo que tenga previsto en el futuro, a condición de que deje que la otra lo haga también. En el marco de una discusión racional, no fijar ninguna obligación de ahorro a ningún nivel, en la cuenca del Ebro y prever un aumento de 400.000 Ha de regadío están alejadas de todo planteamiento sensato en el actual contexto. En el otro extremo, no se puede pretender que la solución a problemas generados en un ámbito que cuenta con niveles de responsabilidad política muy elevados, le venga proporcionada desde fuera sin aceptar plenamente decisiones corresponsables.

Creo que debería acometerse la solución del problema partiendo de una metodología distinta. El gobierno central debería tomar la iniciativa y, vía conferencia de presidente del Gobierno central, presidentes autonómicos, establecer compromisos vinculantes previos orientados a coordinar y racionalizar estrategias de crecimiento y modelos territoriales dispares, divergentes y dotados en algunos casos de un grado de irracionalidad que ya los hace insostenibles. El trasvase propuesto puede ser una pieza necesaria, pero debe ser una más en el conjunto y probablemente debería ser la última en colocar. Ni este plan -ni el anterior de 1993- puede ni debe aspirar a convertirse en el elemento vertebrador de una estrategia territorial que resuelva los problemas actuales y futuros del litoral mediterráneo. El trasvase debería ser el corolario de compromisos y medidas previas que vinculen a los tres niveles de administración que, de acuerdo con nuestra Constitución, son Estado: central, autonómica y local. Podría argumentarse que para eso están los planes de cuenca, pero a mi juicio -y ésta sería la tercera reflexión que propongo- precisamente ahí radica una de las mayores debilidades de este plan. Hablar en España de planificación hidrológica equivale a hablar de regadíos, porque el regadío consume el 80% del agua. Tal vez el punto más débil del plan sea no haber presentado una propuesta integrada con el Plan Nacional de Regadíos, o mejor, con los escenarios de proyección de la superficie regada en las diferentes comunidades autónomas que son cuencas cedentes y receptoras. Porque si se hace una lectura comparada de planes nacionales, planes regionales, planes de cuenca, ausencia, en su caso, de planes de modernización y ahorro... la conclusión que se obtiene es que los diferentes escenarios regionales deberían incluir la posibilidad de reducir las previsiones futuras de ampliación de regadíos en la cuenca cedente y el compromiso de reducción de algunos regadíos en las cuencas receptoras.

Por último, el plan no parte de un análisis completo de la única gran experiencia de este tipo hasta ahora acometida, el trasvase Tajo-Segura. A mi juicio debería hacerse y sentar las bases que pudieran garantizar que lo que ha ocurrido en ese caso no vuelva a ocurrir con ocasión de un nuevo trasvase. Las conclusiones del trasvase Tajo-Segura son, por conocidas, poco esperanzadoras: a) ha habido una deficiente explotación reconocida por todos; b) el caudal trasvasado apenas ha alcanzado el 35% del previsto en la ley; c) las expectativas inicialmente creadas tras el anuncio del trasvase y la desidia y falta de control posterior demostrada por las autoridades competentes -en cada momento y en cada nivel competencial- han acabado por generar un problema que actualmente es de mucha mayor envergadura que el que inicialmente se pretendía solucionar. Un problema incrementado por un trasvase que ahora se pretende resolver en la zona afectada con un segundo trasvase que, a su vez, amplía de nuevo las expectativas como puede comprobarse ya con el aumento incontrolado de perforaciones y trasformaciones recientes, y d) ha evidenciado el nivel que pueden alcanzar las tensiones políticas interterritoriales en el nuevo Estado autonómico, con independencia de las mayorías parlamentarias existentes en cada parlamento regional. A la vista de la única experiencia previa ¿Qué certeza existe de que con un futuro trasvase del Ebro no va a desencadenarse un proceso similar, aunque de mayor dimensión? ¿Qué garantías existen de que no volverá a incrementarse la superficie regada de forma descontrolada, irracional y anárquica en la próxima década? ¿Cómo y quién garantiza que los recursos sobrantes procedentes del Ebro llegarán finalmente y en las cantidades establecidas en la ley a las cuencas receptoras? ¿Podría ocurrir que se acometieran las obras de infraestructuras previstas -un presupuesto billonario- y el agua llegara en mucha menos cantidad? ¿Quién garantiza con más seguridad que en el anterior trasvase los mecanismos de gestión? La propuesta de plan, a mi juicio, no puede dar respuesta a estas y a otras muchas cuestiones fundamentales.

Joan Romero es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia.