La alianza CiU-PP muestra su buena salud y derrota las enmiendas de la izquierda al presupuesto

El proyecto de presupuesto de la Generalitat para 2001 superó ayer sin problemas el debate de las enmiendas a la totalidad planteadas por los tres partidos de la izquierda. El debate sirvió para mostrar, además, el buen funcionamiento de la alianza entre CiU y el PP. El consejero de Economía, Artur Mas, presentó la gran novedad de este presupuesto, el déficit cero, como fruto maduro de una orientación adoptada en 1993. Los diputados que hablaron en nombre de la izquierda, Josep Huguet (ERC), Rafael Ribó (IC-V) y Joaquim Nadal (PSC), coincidieron en restar credibilidad al equilibrio presupuestario, calificándolo de "maquillaje" contable, y en la insuficiencia de las inversiones.

El consejero Mas atribuyó a la bonanza económica el hecho de poder presentar un presupuesto con todas las virtudes imaginables: aumento de la inversión, mantenimiento del gasto y equilibrio entre gastos e ingresos. El equilibrio presupuestario era también, sin embargo, una exigencia del PP, como se encargó de recordarle amigablemente a Mas la diputada conservadora Dolors Nadal. Así fue posible sumar los 67 votos de CiU y el PP, frente a los 66 del PSC-Ciutadans pel Canvi, ERC e Iniciativa-Verds para derrotar las tres enmiendas a la totalidad.La portavoz del PP exigió a Mas el compromiso de que en los próximos meses presentará al Parlament un proyecto de ley para garantizar el equilibrio presupuestario. Más aceptó la exigencia, pero la condicionó a que el Gobierno central presente primero su anunciado proyecto de bases. El PP también exigió que en los sucesivos trámites parlamentarios CiU acepte una serie de enmiendas a inversiones de detalle. Esto permite un aumento del 7,5% en el volumen del presupuesto, que alcanza 2,5 billones de pesetas. El endeudamiento nuevo asciende a 22.000 millones y la deuda acumulada de la Generalitat suma 1,62 billones, pero la izquierda la acusa de ocultar parte de la deuda y sostiene que ésta llega ya a los dos billones.

Mas respondió a esta acusación indicando que el Gobierno catalán sólo está obligado a computar la deuda en los térmicos exigidos por la Unión Europea. "Si los demás no computan toda su deuda, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo", dijo. El pago de esta deuda supone el 7% de los ingresos previstos para el año 2001.

Lo primero que cuestiona la izquierda es la credibilidad del proyecto, porque el Gobierno catalán está habituado a unas desviaciones presupuestarias en ocasiones del 50%. Joaquim Nadal recurrió a una reciente afirmación del vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato: "El incumplimiento de un presupuesto hace poco creíble el siguiente". El diputado socialista dijo del proyecto que es "opaco, anodino e irrelevante" y que "no está orientado a favorecer la nueva economía".

Los dos aspectos que más duramente criticaron los defensores de las tres enmiendas de retorno fueron el "maquillaje" contable realizado para conseguir el déficit cero y la insuficiencia de las inversiones, que no alcanzan los 200.000 millones de pesetas, y aun con lagunas acerca de su financiación. Todos criticaron prácticas como la venta de edificios que luego la propia Generalitat alquila, la venta de patrimonio de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) para enjugar parte de su deuda y la endémica incapacidad del Gobierno de CiU para controlar los gastos corrientes.

Ribó destacó que algunas comunidades autónomas, como Madrid, Galicia y Andalucía, invierten más que la Generalitat, tanto en cifras absolutas como relativas. Lo que en Cataluña son 30.000 pesetas por habitante para el año 2001, son 90.000 en Galicia, 60.000 en Andalucía y 70.000 en Valencia, explicó.

Esta insuficiencia inversora permitió a Huguet insistir en que el Gobierno de CiU y el mal sistema de financiación autonómica han convertido a Cataluña en "un país de peaje". Cada catalán aporta cada año 3,3 millones a la Hacienda española y ésta le retorna uno, explicó. Eso significa, añadió, "que la diferencia sirve para pagar las autovías gratuitas en el resto de España mientras en Cataluña se paga peaje en las autopistas".

Mas defendió el proyecto argumentando que las inversiones "quizá son insuficientes, pero crecen un 14%" respecto a 2000 y sostuvo que los gastos corrientes están estabilizados y que el único crecimiento significativo de personal que se prevé es el de la policía autonómica.