Dimite el presidente de la patronal gallega tras descubrirse "un desfase" de 1.000 millones

Antonio Ramilo, presidente de la patronal gallega y uno de los dirigentes históricos del movimiento empresarial español, dimitió ayer de su cargo tras la crisis abierta en la organización por el hallazgo de "un desfase" de 1.000 millones de pesetas. Ramilo, de 72 años y presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) desde 1991, había tratado de resistir en los últimos días las críticas de diversos sectores de la patronal, que le acusaban de "despilfarro y de turbios manejos contables". Casi un 80% del presupuesto de la CEG procede de subvenciones públicas.

Hace sólo cinco días, Ramilo anunciaba que seguiría en el cargo hasta "resolver el problema" detectado en las cuentas de la organización empresarial gallega. Y aunque ayer tuvo que rectificar clamorosamente, siguió insistiendo en que su renuncia no ha sido impuesta por la directiva de la patronal, sino que se debe simplemente a una "decisión personal". "Lo hago por lo que he defendido siempre: el servicio a la organización", dijo Ramilo, quien admitió que su permanencia en el cargo "podría suponer alguna dificultad".Lo cierto es que ya el pasado viernes, cuando Ramilo había tratado de atajar en una comparecencia pública el alud de acusaciones contra su gestión, quedó en evidencia que las explicaciones del presidente de la CEG no coincidían exactamente con las de su directiva. Ramilo admitió un "desfase" de 1.000 millones en las cuentas de la organización, pero descargó toda la responsabilidad en su ex secretario general, Rafael Sánchez Sostre. Sin embargo, la CEG emitió al mismo tiempo una nota pública en la que admitía que el desfase se originó por el "esfuerzo inversor" que supuso la compra, en 1992, de un edificio del casco viejo de Santiago de Compostela para la sede de la patronal -costó 400 millones de pesetas, de los que la Xunta de Galicia subvencionó el 40%- y por las "múltiples actividades desarrolladas durante los ocho años de mandato de Antonio Ramilo que incidieron negativamente en la tesorería".

La crisis se venía gestando desde hace varias semanas, cuando se conocieron los resultados de la auditoría de PricewaterhouseCoopers. La delicada situación financiera de la CEG ya le había obligado a ampliar la hipoteca sobre su sede oficial para lograr un crédito de 600 millones y a despedir a varios empleados. Los acontecimientos se precipitaron con la destitución del secretario general, Sánchez Sostre, quien en setiembre demandó a la patronal por despido improcedente. Sánchez Sostre sostiene que ha sido tomado como "cabeza de turco" por Ramilo, quien ayer reconoció sin embozo que él mismo lo había fichado por la amistad que le unía a su padre.

En los últimos días, diversas agrupaciones de las patronales de Galicia habían pedido la dimisión del presidente de la CEG, a la vez que lanzaban graves acusaciones, desde los excesivos gastos de representación de Ramilo hasta los alquileres de locales para cursillos a precios exorbitantes. El diario La Voz de Galicia, citando fuentes de la CEG, difundió las sospechas de que las subvenciones concedidas por la Xunta y el Gobierno central para cursillos de formación se habían desviado a fin de sufragar gastos corrientes de la entidad. Ramilo niega estas imputaciones e insiste en que el culpable de mala gestión es Sánchez Sostre. Cuando los periodistas preguntaron ayer a Ramilo si estaría dispuesto a someterse a una investigación parlamentaria, el empresario contestó de forma rotunda: "Yo al Parlamento no voy". "Como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, yo ya no soy noticia", sentenció.

La patronal CEOE, de la que es miembro la organización empresarial gallega, rehusó ayer hacer ningún tipo de declaración en relación a la crisis desatada por la dimisión de Antonio Ramilo como presidente de los empresarios. Los partidos de oposición de Galicia, PSdeG y BNG, sí reaccionaron y reclamaron datos sobre las ayudas de la Xunta a la patronal gallega. El presidente del Grupo Socialista, Ismael Rego, señaló que el Gobierno y el PP deben estar preocupados porque Ramilo había "respaldado" públicamente la política del Ejecutivo gallego.