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Las diputaciones piden al Gobierno fondos estructurales para las vías secundarias

Ginés Donaire

Desequilibrios

El presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Felipe López, coordinará un grupo de trabajo creado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reclamar al Gobierno central que destinen fondos estructurales de la Unión Europea, correspondientes al periodo 2000-2006, para el mantenimiento y conservación de las carreteras de la red secundaria, dependientes de las administraciones provinciales. El grupo de trabajo está integrado además por representantes de las diputaciones de Zamora (gobernada por el PP) y Albacete (PSOE-IU). Las Diputaciones provinciales no pueden hacer frente con sus propios presupuestos a las necesidades en la red secundaria. A juicio de Felipe López, "para conseguir la integración territorial del Estado, después de las grandes inversiones en las principales redes de comunicaciones estatales, es necesario invertir en las carreteras secundarias que comunican los núcleos más pequeños y con más necesidades".

Para el presidente de la Corporación provincial jiennense, la protección de los intereses provinciales es lo que justifica la petición de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), pues entre sus objetivos se encuentra la corrección de los desequilibrios territoriales. "El Feder", añade López, "debe servir para reducir las diferencias entre las distintas regiones y compensar el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales".La Diputación jiennense ha invertido en el último lustro más de 9.000 millones de pesetas en el acondicionamiento de los 1.700 kilómetros de red secundaria existentes en la geografía provincial. Sin embargo, un estudio elaborado en la anterior legislatura evaluaba en más de 50.000 millones la inversión necesaria para corregir los déficits en estas vías, cantidades que los entes locales, por sí solos, no pueden financiar, según Felipe López.

El titular de la Diputación de Jaén ha logrado el consenso para que todos los órganos provinciales del país se dirijan a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para que atiendan sus reivindicaciones para la red secundaria.

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