Sindicatos y patronal se dan tres meses de plazo para llegar a un pacto

La patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos UGT y CC OO creen posible llegar a un consenso sobre la reforma del mercado laboral y ayer decidieron darse de plazo hasta el mes de febrero de 2001 para cerrar acuerdos. Con ello descartaron la urgencia reclamada por el Gobierno, que había fijado inicialmente como límite este año. Ayer el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, se mostró más flexible y manifestó en Bruselas que es razonable ese acuerdo de los agentes sociales sobre el calendario para llegar a un pacto.

Evitar la crispación

El ministro de Trabajo considera "un hecho positivo" que los agentes sociales se hayan dotado de "un calendario de compromiso para alcanzar acuerdos o desacuerdos" antes del mes de febrero, un tiempo que calificó de "razonable" y que demuestra "su sentido de la responsabilidad".La apuesta por el consenso la reafirmó ayer el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, quien aseguró que tanto la patronal como los sindicatos quieren concluir en el más breve plazo posible, pero "sin ningún tipo de prisa", y lo harán dentro del calendario acordado que se extiende durante los tres próximos meses. El mismo ánimo de llegar a acuerdos expresaron los dirigentes sindicales Fernando Puig (CC OO) y Antonio Ferrer (UGT), que precisaron que el proceso de debate se encuentra todavía en la fase de presentar las respectivas propuestas sobre los tres aspectos de la contratación que van a abordar: contrato temporal, estable y a tiempo parcial. Eso supone que, por el momento, la patronal mantiene como prioridad reducir los costes de los contratos fijos y los sindicatos reducir la temporalidad.

Ferrer añadió que "el Gobierno debe recoger el mensaje de que el diálogo autónomo tiene más valor y que no hay ninguna razón para injerencias". Del resultado de su reunión con la patronal también saca la conclusión de que el Ejecutivo "no debe tener prisa para utilizar la ley de acompañamiento para imponer reformas".

Las comisiones negociadoras de los interlocutores sociales también decidieron pedir al Ejecutivo que la marcha del diálogo sobre el mercado laboral no condicione otras mesas en un estado muy avanzado, como la que ha definido la reforma de la formación continua de los trabajadores y la referida a solución extrajudicial de conflictos, o la que tiene como objetivo renovar el Pacto de Toledo sobre pensiones. Asimismo dejaron abierta la posibilidad de ir cerrando acuerdos parciales sobre Seguridad Social o mejora de la protección social.

Los sindicatos obtuvieron, de entrada, el respaldo de los partidos de la oposición de izquierdas en su defensa de que el mejor pacto social es el que se forja sin la interferencia del Gobierno. En reuniones paralelas del líder de UGT, Cándido Méndez, con el del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y del nuevo coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, con el secretario general de Comisiones, José María Fidalgo, las centrales confirmaron el apoyo de estos dos partidos para que alcancen un pacto con los empresarios que mejore el mercado laboral y la protección social. Los cuatro coincidieron en que "la sociedad española retribuye el diálogo y al Gobierno que lo practica".

Méndez subrayó que "la mejor legislación laboral es la pactada entre sindicatos y patronal, y la peor, la más agresiva, la que produce más crispación, es la que pretende imponer el Gobierno a golpe de decreto". Zapatero respaldó esta opinión de Méndez e incluyó al Ejecutivo en la negociación al asegurar: "El Gobierno debe hacer un esfuerzo de negociación con los sindicatos, pues los trabajadores llevan años perdiendo poder adquisitivo por la equivocación de sus previsiones". El Ejecutivo, añadió, "debe entender que hay personas que sufren sus equivocaciones en sus bolsillos".IU fue más allá y garantizó a Comisiones su respaldo incluso si la "rigidez" del Gobierno se traduce en movilizaciones sociales de protesta. Llamazares y Fidalgo coincidieron en que la mayoría absoluta y el empeoramiento de la situación económica ha desatado "un cambio de talante" del PP hacia la "derechización", sobre todo "en las cuestiones que afectan a los trabajadores españoles y a los inmigrantes".