Los empresarios esperan garantizar el origen sostenible de un 25% de la madera en 2004

La patronal nacional de los empresarios del sector maderero, Confemadera, espera que en el año 2004 pueda garantizar que el 25% de la madera que se comercializa en España tenga un origen sostenible, es decir, que se obtenga de bosques gestionados con criterios medioambientales y que la cadena de custodia de esta materia prima esté garantizada. Mientras, Jaume Matas, titular del Ministerio de Medio Ambiente, que ayer se reunió en Valencia con estos empresarios, cree que no es necesario legislar sobre la certificación de la madera y deja la cuestión en manos del sector.

"Estamos por la certificación, pero es un acuerdo que se se está desarrollando dentro del sector", explicó Matas, "el ministerio lo que debe hacer es promover ese acuerdo y facilitar que se pueda conseguir". Y en eso están los empresarios, en consensuar un sistema que garantice a los ciudadanos que sus productos no participan de los continuos expolios que sufren la mayor parte de los bosques del planeta. Matas participó ayer en el encuentro empresarial denominado La estrategia medioambiental del sector de la madera, organizado por Confemadera y por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Por la tarde, asistió a la inauguración de una planta de tratamiento de neumáticos en La Vall d'Alba, donde fue testigo de una protesta del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) contra la política ambiental del PP.En la jornada se puso de manifiesto cómo una de las claves para aumentar la competitividad del sector de la madera pasa por desarrollar un producto más ecológico, con un origen sostenible, una fabricación menos contaminante y que origine residuos menos agresivos.

Por su parte, caja de ahorros y patronal maderera anunciaron ayer que están ultimando un convenio para ayudar a las empresas a adaptar sus métodos de producción a las normativas ambientales. Aunque todavía falta pactar los últimos flecos, según explicó Roberto López Abad, director adjunto de la CAM, el acuerdo prevé financiar con crédidos preferenciales, es decir, con "créditos blandos", a las empresas que inviertan en tecnología para reducir la toxicidad de las aguas residuales, la minimización de sus residuos o cualquier otra mejora ambiental de sus métodos de producción.

No en vano, según explicó Francesc Pons, secretario general de Confemadera, el sector está muy atomizado, integrado en su mayoría por "micropymes" que difícilmente pueden afrontar costosas inversiones. Pese a esta estructura, según cifras de la CAM, el sector proporciona el 2% del producto interior bruto (PIB) español, da trabajo al 2,2% de la población activa y tiene una tasa de cobertura comercial (que relaciona exportaciones con importaciones) del 173%. Y la Comunidad Valenciana acapara el 30% de todo el sector maderero.