La Comunidad da una 'amnistía' para legalizar 15.000 pisos del Ivima ocupados irregularmente

El Gobierno regional quiere legalizar la situación de 15.000 pisos del Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid) vendidos irregularmente por sus adjudicatarios o, incluso, okupados por el sistema de la "patada en la puerta". Para ello, ha introducido en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocido como Ley de Acompañamiento) un articulado que permitirá a la Comunidad, con "carácter excepcional", otorgar los pisos "en favor de ocupantes sin título suficiente" que acrediten residir en ellos antes del pasado 1 octubre. Una especie de amnistía.

Problema antiguo

UGT y CC OO consideran que la medidas encaminadas a legalizar "situaciones fraudulentas" fomentarán que "todo el que necesite una vivienda la adquiera al margen de los procesos legalmente constituidos". Según el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, la ley está dirigida a "personas que residen irregularmente, pero de buena fe, en viviendas del Ivima, no a quienes se meten por el sistema de la patada en la puerta".La ley establece que el proceso de legalización de las viviendas sólo se iniciará cuando se trate del "domicilio familiar permanente de la persona con quien se haya de suscribir el contrato". Quedan excluidos, por tanto, "aquellos ocupantes que hayan sido condenados por delito de usurpación de la vivienda en la que residan o que se encuentren incursos en causa penal por dicho delito". "Las personas que entren mediante el sistema de la patada en una vivienda son inmediatamente denunciadas por la Comunidad, por lo que su situación no podrá ser legalizada en ningún caso", explica Cortés.

El Ivima ofrecerá a los ocupantes del piso "la posibilidad de adquirirlo en régimen de derecho privado". El precio de la venta será el mayor de los dos siguientes: el resultante de aplicar un descuento del 20% al precio de referencia que fije el Ivima o el que resulte de aplicar el precio máximo de venta para las viviendas de protección oficial de régimen general. Cuando no fuera posible la venta -por ejemplo, si el adquirente no tiene suficiente dinero-, el Ivima podrá alquilarle la vivienda.

El Ivima "iniciará acciones legales destinadas al desahucio del ocupante que no acepte suscribir alguno de los dos contratos" propuestos. Y también contra quienes "no acrediten residir en la vivienda con anterioridad" al pasado 1 de octubre.

En 1995, la Comunidad publicó el decreto 25/1995 que legalizaba las "situaciones de ocupación irregular de viviendas y locales" del Ivima por personas que no dispusieran de unos ingresos superiores a 2,5 veces el salario medio interprofesional. "A pesar del éxito de aquella medida", explica un informe de la Consejería de Presidencia, "no han tenido cabida en ella todas las situaciones de ocupación irregular. Ahora se pretende solucionar problemas distintos, de familias en otro nivel de necesidad que ocupan sin derecho una vivienda". Y continúa: "Se plantea la difícil disyuntiva de optar por el desahucio o por un régimen excepcional que lo evite, pero que solucione el problema sin conceder, no obstante, privilegio alguno".

La solución, según Presidencia, es ofrecer la venta de la vivienda a un precio superior al de protección e inferior al de mercado. "Con esta medida se pretende resolver un problema antiguo para el Ivima, ofreciendo alternativas que no estimulen la búsqueda de una residencia sin título".El proyecto de ley obtuvo el voto favorable del Consejo Económico y Social (CES). Los representantes de UGT y CC OO en este organismo mostraron su "total acuerdo" con la "regulación sustantiva" que propone el Gobierno regional y en que se legalice la transmisión "de padres a familiares" de las viviendas, pese a que "no exista documentación al respecto".

UGT y CC OO son contrarios a que se legalice la situación de "las personas que ocupen una vivienda que han comprado de forma irregular a los adjudicatarios" o bien la ocupen "a través de la patada en la puerta, es decir, a los llamados okupas". Y añaden: "Hay que recordar que las personas que necesitan vivienda deben apuntarse en una lista de espera y, en función de sus necesidades o del azar (algunas se adjudican por sorteo), aguardar a obtener vivienda". Los sindicatos advierten: "Si se legalizan situaciones fraudulentas, se fomentará que quien necesite un piso lo adquiera al margen de los procesos legalmente constituidos".