La coordinadora de enseñanza de euskera rechaza cualquier vinculación con ETA
La dirección de la coordinadora AEK, dedicada a la enseñanza de euskera a adultos, rechazó ayer tajantemente tener relación alguna con ETA y haber defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social 1.489 millones de pesetas, tal y como asegura el juez Baltasar Garzón en un auto. El magistrado imputa a 19 miembros de AEK la pertenencia o colaboración con ETA. El Gobierno vasco que, según el magistrado, ha concedido a AEK 3.362 millones en subvenciones improcedentes, rehusó opinar. El PP pidió la comparecencia de la consejera de Cultura en el Parlamento vasco.
Voluntarios
El auto del juez Baltasar Garzón relaciona directamente a la coordinadora de enseñanza del euskera a adultos con la estructura organizativa del entramado criminal de ETA-KAS, donde AEK estaría integrada como una organización sectorial dentro de ASK, la organización revolucionaria de KAS para el movimiento popular. La acusación mereció la respuesta inmediata del organismo. El responsable de AEK en Vizcaya, Erramun Osa, uno de los inculpados por Garzón, y Xabier Ugalde, responsable en Álava, comparecieron ayer en rueda de prensa junto con los otros diez miembros que conforman la dirección de la coordinadora para "reafirmarse" en que el único fin del organismo es la enseñanza del euskera y situar el auto de Garzón en la "cruzada que ha desatado el PP para intentar hacerse con la presidencia del Gobierno vasco".
Criminalizar ideas
Los directivos de AEK lo negaron todo en euskera y castellano ante un grupo numeroso de estudiantes de AEK que asistieron a la conferencia de prensa. También rechazaron "la más mínima relación" con la empresa publicitaria Ardatza y con la editora del desaparecido diario Egin. Garzón les implica en disversas colaboraciones con Ardatza y de haber prestado ayuda financiera a Orain, editora del citado rotativo. Los responsables de AEK explicaron que, "en contra de lo difundido", los 19 encausados no pertenecen al organismo. "Es cierto que algunos lo son, otros abandonaron AEK hace tiempo y otros nunca han tenido relación con nuestra asociación".
El principal argumento esgrimido por AEK para defenderse de la acusación de fraude tuvo como eje fundamental que la coordinadora era una organización formada por voluntarios que, durante los primeros años de su actividad, se dedicaban a la enseñanza del euskera de manera altruista y que no fue hasta 1995 cuando se firmó el primero acuerdo marco con el Gobierno vasco para la regularización laboral de los profesores, que se ha hecho de manera "escalonada" y que fue conocido por la Cámara. Osa dijo que "no es verdad" que AEK haya defraudado 1.489 millones y recurrió a las auditorias hechas para concluir que en el curso 97-98 sufrió un déficit de más de 32 millones; cantidad que al año siguiente superó los 173 millones y el pasado curso alcanzó los 136 millones. "Enseñar euskera no es un negocio y si hemos salido adelante ha sido gracias a las txoznas (casetas), rifas y demás que al señor Garzón le parecen tan sospechosas". Osa quiso llamar la atención sobre el hecho de que el auto cita "reiteradamente" al Ejecutivo de Vitoria por la concesión de subvenciones anuales a AEK , mientras que no alude al Gobierno de Navarra, que hace lo mismo desde 1991, "pero da la casualidad de que está formado por UPN", resaltó. A su juicio, la intención del auto es arremeter contra el Gobierno vasco.El Ejecutivo de Vitoria evitó referirse al auto de Garzón y a las subvenciones que concedió a AEK, que en el periodo entre 1991 y 1999, superaron los 3.362 millones. El Departamento vasco de Cultura esperará a pronunciarse "hasta tener el auto, leerlo y valorarlo". No precisaron si tomará la iniciativa de pedir la documentación al juez Garzón o esperará a que el magistrado se la haga llegar. "Por ahora sólo sabemos lo publicado por los medios informativos. Suponemos que si alguna actuación nos repercutiera, por ejemplo la colocación de la coordinadora bajo administración judicial, se nos haría llegar", señalaron.
El coordinador de IU en Euskadi, Javier Madrazo, consideró ayer que el auto de Garzón es una "operación político-judicial al dictado de Mayor Oreja". Mientras el secretario de Organización de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, dijo que "se vuelven a mezclar conceptos políticos y culturales con el mundo de la violencia, criminalizando ideas en base a la teoría política del Gobierno de Aznar".El PP solicitó la comparecencia urgente en la Cámara de la consejera de Cutura, Mari Carmen Garmendia, para que explique y aclare todo lo relacionado con esas ayudas públicas. Además, reclamó información documentada sobre todas las ayudas aprobadas por el Ejecutivo vasco a ese organismo desde 1996.
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