El Síndic de Greuges pide que se apruebe el Plan para inundaciones

Las riadas que ha sufrido Cataluña desde el pasado mes de junio se han cobrado la vida de 11 personas. Los graves y repetidos efectos de estos fenómenos naturales y la falta de un marco para prevenirlos ha llevado al síndic de greuges, Anton Cañellas, a reclamar al Gobierno de la Generalitat que apruebe el Plan Especial para Inundaciones (Inuncat), que sigue sin ser sancionado tres años después de haber sido redactado.

En la realización del Inuncat participaron varios departamentos de la Generalitat, expertos de la Administración central y representantes de los municipios. La redacción final del texto se logró en marzo de 1997. Pese a ello, tres años más tarde sigue sin ser aprobado por el Ejecutivo catalán ni homologado por el español. La entrada en vigor de este plan de prevención es una de las reclamaciones que el Síndic de Greuges plantea a la Generalitat -especialmente a los departamentos de Medio Ambiente y de Interior- como principal paso para evitar o reducir las muertes y los daños materiales que causa este tipo de catástrofes naturales. Precisamente, una de las actuaciones que plantea el Inuncat es el análisis de las zonas potencialmente inundables con la finalidad de proteger a la población y poder organizar los recursos necesarios para hacer frente a las emergencias derivadas de inundaciones.

El Síndic de Greuges incluye la petición de que se apruebe el Inuncat en un informe, que cubre desde mediados de mayo hasta finales de octubre de este año, en el que evalúa la actuación de la Administración catalana en materia de prevención e intervención ante el riesgo de inundaciones. En la mayor parte de las ocasiones, explica el informe, las actuaciones de mejora en lugares que han sufrido el efecto de las aguas torrenciales se han llevado a cabo después de producirse una inundación, y no en función de un plan preventivo.

El informe propone asimismo la adopción de otras medidas, como la calificación del territorio por su nivel de riesgo de catástrofes naturales, así como declarar zonas no urbanizables o forzar el traslado de instalaciones cuando se determina que la zona es peligrosa. El Síndic reclama a las autoridades municipales que ofrezcan más información a los ciudadanos sobre el grado de riesgo de la zona donde viven y acerca de las medidas de prevención y actuación en caso de riadas.