Juicio a Villapalos por una supuesta malversación en su etapa como rector

El Tribunal Superior de Madrid ha decidido sentar en el banquillo de los acusados al consejero de Educación y ex rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, según indicaron ayer fuentes jurídicas. Además, se le ha impuesto una fianza de 40 millones de pesetas para responder de una eventual responsabilidad civil. El fiscal le acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales, supuestamente cometidos cuando era rector, y solicita tres años de prisión y 12 de inhabilitación.

Responsabilidad civil

Además de a Villapalos, el alto tribunal madrileño también ha decidido sentar en el banquillo, por los mismos delitos, al ex gerente general de la Universidad Complutense Jesús Calvo Soria, para quien el fiscal pide las mismas penas que para el hoy consejero de Educación. Los hechos que el fiscal imputa a Villapalos se remontan a 1990, cuando el ex rector abrió un expediente disciplinario al director del Departamento de Lógica y Filosofía de la Complutense, Manuel Garrido, por supuesta dejación en sus funciones como jefe del área. El expediente finalizó con una sanción de doble apercibimiento, que fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Madrid.

Garrido decidió interponer una querella contra Villapalos por entender que se habían producido irregularidades en la tramitación del expediente disciplinario, según afirma el fiscal. El entonces rector, con la finalidad de evitar que prosperase la querella, se puso en contacto con Garrido a través de un cuñado de éste, el abogado Antonio García Trevijano-Forte, y le ofreció una indemnización de 30 millones de pesetas a cambio de que no prestara declaración en el procedimiento penal, añade el ministerio público.

Con este fin, el 9 de mayo de 1995, el entonces rector de la Complutense, "sin que tuviera competencia alguna para ello", dictó una resolución por la que se acordaba abonar a Garrido 30 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Esta resolución fue entregada al día siguiente a Garrido, fecha en la que el profesor estaba citado a declarar ante el juez de Instrucción número 17 de Madrid, en la misma puerta del juzgado, lo que motivó que su comparecencia judicial se limitara a renunciar al ejercicio de las acciones penales. El fiscal añade que el procedimiento fue sobreseído.

Villapalos, según el fiscal, se puso en contacto con el entonces gerente general de la Complutense, Jesús Calvo Soria, quien, "con conocimiento de la ilegalidad del pago acordado, expidió con fecha 29 de mayo de 1995 las órdenes de pago bajo el concepto de anticipo provisional de fondos con carácter transitorio, abono de servicios".

Así, Calvo Soria firmó "dos cheques nominativos, uno a nombre de Manuel Garrido y otro a nombre de Antonio García Trevijano por importe de 15 millones de pesetas cada uno a través de los cuales se satisfizo dicha cantidad", recalca el escrito de acusación, que afirma que respecto de estas cantidades no se practicó retención alguna en concepto del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

Manuel Garrido acusó a Villapalos y a Calvo Soria de un delito de malversación de caudales públicos y pidió la apertura de juicio oral contra ambos.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos, de los que son responsables los dos acusados. De aceptar sus tesis el tribunal, el fiscal pide para ellos seis años y un día de inhabilitación para ser funcionario público por prevaricación y tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta por malversación.

El Tribunal Superior requiere a los dos acusados para que presten solidariamente una fianza de 40 millones que cubra las responsabilidades civiles que puedan declararse. Además, ordena que se reanude la tramitación de las piezas de responsabilidad civil contra Garrido y García Trevijano "para el aseguramiento de la restitución por cada uno de ellos de la suma de 15 millones de pesetas". Fuentes de la defensa de Villapalos indicaron ayer que habían recurrido la apertura de juicio oral contra su cliente por presunta prevaricación y malversación de caudales. Además, señalaron que la apertura de juicio oral contra el actual consejero de Educación no significa la quiebra del principio de la presunción de inocencia.

Los responsables de la defensa del consejero de Educación expresaron su total confianza en el sistema judicial y dijeron que están seguros de que la resolución "será absolutoria".

Villapalos será juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tratarse de una persona aforada.