"El Consejo Económico y Social debe ser autónomo para ganar en credibilidad"

Rosamar Prieto-Castro dejó la dirección de Consumo en la Junta para hacerse cargo del Consejo Económico y Social (CES) andaluz, un organismo que tardó seis años en ser creado y que, según su presidenta, necesita de mayor autonomía para legitimar sus pronunciamientos sobre las normas socio-económicas del Ejecutivo autonómico. Una idea que, según Prieto-Castro, también comparte la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, departamento del que depende el CES, y cuenta con el respaldo total de los agentes sociales.Pregunta. Ha pasado más de un año desde su constitución, pero del trabajo del Consejo apenas hay noticias.

Respuesta. Creo que hemos hecho bastantes cosas teniendo en cuenta las dificultades de poner en marcha un órgano de este tipo. Éste es un periodo muy ingrato, hay mucho trabajo que no se ve, de infraestructura, de reuniones, de búsqueda de espacio: cuando se constituyó el Consejo mi primera sede fue una sala de reuniones del viceconsejero de Trabajo e Industria. Es muy importante tener las instalaciones y los medios antes de empezar a trabajar. Eso sí, tengo que destacar la participación de los miembros del consejo en nuestras actividades; eso es muy importante, porque el Consejo tiene 36 miembros entre representantes de los sindicatos, la CEA, consumidores, las universidades, las cooperativas, los ayuntamientos. Y esa representación es lo que da al Consejo su fuerza.

P. ¿Cuál ha sido la actividad desarrollada hasta ahora?

R. Hemos tenido ya seis plenos ordinarios y no ha habido ninguno extraordinario porque el Gobierno andaluz no nos había pedido ningún informe. Ahora, el día 22 de noviembre tendremos uno extraordinario porque la Junta nos acaba de reclamar un dictamen sobre el proyecto de ley de Pesca; habrá varias reuniones de la comisión de políticas sectoriales, que pasará su informe a la comisión permanente antes de que se pronuncie el pleno. Ése es el mecanismo que yo quiero impulsar: trabajar en las reuniones previas para conseguir acuerdos muy amplios.

P. En un año, ¿la Junta tan sólo les ha remitido una norma?

R. Sí, el proyecto de ley de Pesca es la primera norma que nos han mandado para dictaminar. Es verdad que ha coincidido una etapa electoral, la formación del Gobierno, etc, pero en este año ha habido algunos decretos que podrían haber pasado ya por el Consejo Económico y Social. Acabamos de llegar a un acuerdo con la Consejería de Presidencia para que las normas de contenido económico y social, que son casi todas, no pasen a Consejo de Gobierno sin tener el informe del CES. Hasta ahora han salido algunos decretos, pero aquí me he guiado por lo que me han dicho otros presidentes de Consejos Económicos y Sociales: no reclamar al principio todas las competencias para ir haciendo las cosas que se hagan bien, hasta estar totalmente organizados; cosa que creo que el año que viene ya será posible.

P. ¿Qué harán si la Junta no sigue las recomendaciones de sus dictámenes?

R. Estoy convencida de que no va a pasar, pero si no existe esa sensibilidad, tendremos que ponerlo de manifiesto; sobre todo en aquellos casos en que los informes tengan un respaldo muy mayoritario en el pleno. Tener en cuenta ese dictamen sería mucho más positivo para la norma que se quiera aprobar.

P. Ustedes también tienen la posibilidad de realizar sus propios informes...

R. Sí, el planteamiento es hacerlo a través de colaboraciones externas. De hecho, el de la economía sumergida lo va a hacer la Universidad de Sevilla, el de la concertación social lo harán la CEA, UGT y CC OO, otro estudio sobre la situación del empleo en el sector turístico lo va a hacer un equipo de catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide; el de inmigración la Universidad de Almería, la Universidad Internacional hará otro estudio sobre el del impacto de la normativa urbanística y el de nueva economía lo elaborará el Instituto de Desarrollo Regional.

P. ¿300 millones de presupuesto son suficientes?

R. Lo que ocurre es que en los presupuestos aún no se ha reflejado el coste de todo el personal, que estará completo a mediados de enero; para entonces ya seremos 20 personas dependientes del Consejo. En cuanto tomen posesión ese presupuesto aumentará. En el resto de partidas, tenemos aproximadamente lo mismo que en 2000 y entendemos que es suficiente para funcionar.

P. ¿Cuál es la plantilla actual del Consejo?

R. Aquí hemos funcionado el primer año con cinco personas. Por eso digo que estoy contenta con el trabajo hecho hasta ahora. Creo que con la estructura de 20 tendremos suficiente para esta legislatura. Ahora, hay determinados trabajos que no lo podrá hacer un funcionario o incluso un miembro de la comisión. Ésta es una de las razones por las que creemos que hubiese sido idóneo desde el principio que el Consejo tuviese autonomía orgánica y funcional; con los plazos que marca la ley, vamos a tener que hacer dictámenes en periodos muy escasos de tiempo, apenas 20 días. Lo ideal sería que pudiésemos contratar a un experto para que nos haga un trabajo sobre el que basar nuestras decisiones. Ahora mismo eso es impensable.

P. Que un órgano que debe pronunciarse sobre normas de la Junta dependa de una Consejería parece poco coherente.

R. Lo que planteó por unanimidad el pleno del Consejo el 4 de julio fue que se hicieran las gestiones necesarias en aras de conseguir la autonomía orgánica y funcional y una sección presupuestaria propia. Nuestro modelo a seguir es el Consejo Consultivo, que es un órgano más de la Junta, que tiene su propia autonomía. Después de llevar un año funcionando nos reafirmamos en esta opinión: el Consejo debe ser más autónomo para tener más agilidad en el funcionamiento, y por supuesto para ganar en credibilidad.

P. ¿Cuáles han sido esas gestiones?

R. La comisión permanente se reunió con cada uno de los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios; y todos están de acuerdo en la lógica de nuestro planteamiento. Como este año no va a existir ley de acompañamiento, hemos planteado un cambio en nuestra ley a través de una disposición adicional en la ley de Presupuestos. Y si no es posible, que creemos que sí, se podría asegurar la pata económica, con la creación de una sección presupuestaria autónoma y dejar la pata legal para después, con una modificación de la ley del Consejo en el Parlamento, por el trámite de urgencia. Esto tiene que salir, porque los Consejos Económicos y Sociales del resto de comunidades autónomas, salvo un par de excepciones, gozan de esa independencia.