Algo más que estancamiento

Sin lugar a dudas y con todo merecimiento, la publicación de mayor prestigio en nustro país sobre el Estado de las Autonomías es el anuario que publica la Fundación Pi i Suñer, elaborado por especialistas en Derecho Público de todas las Comunidades Autónomas. En la presentación del Informe del año 2000, tanto en la presentación escrita como en la oral en el Senado, el director de la publicación, Joaquín Tornos, catedrático de la Universidad de Barcelona, llamó la atención sobre el frenazo que se había producido a lo largo de esta última legislatura en la construcción del Estado autonómico. Nadie discute, dice el profesor Tornos, que el Estado autonómico está consolidado y que es una realidad potente, cuya supervivencia no está en peligro, pero hay síntomas de estancamiento, que pueden ser indicadores de problemas de cara al futuro. En política cuando no se avanza no se queda uno en el sitio en que está, sino que retrocede. Y esto es, posiblemente, lo que está ocurriendo con nuestro Estado Autonómico en estos momentos.Basta recordar como botón de muestra de dicho estancamiento que el debate sobre el Estado de las Autonomías que se puso en marcha en el Senado en la legislatura de 1993 a 1996, con la participación de los presidentes de las comunidades autónomas, no se celebra desde marzo de 1997 y que se ha paralizado por completo el debate sobre la reforma del Senado, que es, con mucha diferencia, la asignatura pendiente de mayor entidad desde un punto de vista institucional en el sistema político español.

Coincido plenamente con el diagnóstico que en el Informe se formula, aunque creo que se queda un poco corto. En mi opinión, estamos no sólo ante un estancamiento institucional, sino ante un retroceso político. El deterioro en las relaciones entre el Gobierno de la nación y los Gobiernos de varias comunidades autónomas está alcanzando un nivel desconocido en el pasado.

Obviamente, en el País Vasco es donde se plantean los problemas de mayor entidad. Hay una ruptura de relaciones, que está acabando incluso en los tribunales de justicia. En este momento hay dos querellas admitidas a trámite por la Audiencia Nacional del Gobierno vasco contra el Delegado del Gobierno, Enrique Villar, por haber afirmado expresamente en un programa de CNN+ que, aunque el Ministerio de Interior debería compartir información con el Gobierno vasco en materia antiterrorista, no se compartía por la connivencia de dicho Gobierno con los propios terroristas. Y sin llegar a los tribunales, ha habido denuncias públicas por parte del presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, de que la policía no transmitió a la Mesa del Parlamento vasco información sobre la documentación incautada a ETA relativa al parlamentario socialista Fernando Buesa en el interior del propio Parlamento, lo que impidió que se hubiera podido utilizar el material de las cámaras del propio Parlamento para la identificación de los terroristas o de sus colaboradores que habían obtenido dicha información.

Pero más expresiva del deterioro sea tal vez la ruptura de la lealtad constitucional por parte del Gobierno de la nación con los de otras comunidades autónomas distintas de la vasca. El presidente de la comunidad de Aragón, Marcelino Iglesias, protestó expresamente por no haber recibido información de ningún tipo sobre la posible actuación de ETA en su comunidad autónoma, una vez que se tuvo conocimiento de que se había tenido en el punto de mira al alcalde de Zaragoza. Y en esta misma semana ha tenido que volver a protestar por la negativa de RTVE de aceptar difundir una campaña institucional del Gobierno d Aragón sobre el Plan Hidrológico Nacional. ¿Cómo se puede negar información al presidente de una comunidad en materia antiterrorista y cómo puede una radiotelevisión pública negarse a emitir una campaña institucional del Gobierno de la comunidad que más se ve afectada por una medida de la importancia del Plan Hidrológico? La negativa ha sido recurrida ante los tribunales, dando un paso más en esa judicialización de la política, que todo el mundo dice no querer.

Pero, como casi siempre, es en Andalucía donde la desconfianza se manifiesta con mayor intensidad. Ahí está el caso del submarino Tireles como botón de muestra.

Es difícil encontrar un caso de mayor deslealtad que el que está protagonizando el Gobierno de la nación respecto del Gobierno de la Junta de Andalucía y de los gobiernos municipales de la zona. En un caso como este el Gobierno andaluz debería disponer de toda la información de que dispone el Gobierno de la nación. Y los alcaldes deberían haber sido recibidos expresamente por el presidente del Gobierno, no sólo para ser informados directamente por éste, sino además para poder trasladarle directamente la opinión de los habitantes de la zona afectada.

Nadie discute que estamos ante una cuestión de competencia estatal y que únicamente el Gobierno de la nación puede tomar una decisión al respecto. Pero en esa decisión tendría que ser tomada expresamente en consideración la opinión del Gobierno autónomo y de los gobierno municipales que se van a ver más directamente afectados por ella. El desprecio con que el Gobierno está tratando a las instituciones andaluzas resulta sencillamente escandaloso.

El Estado autonómico es un edificio muy complejo, que necesita no solamente un andamiaje institucional que tiene que estar siendo puesto a punto de manera permanente, sino que requiere además una dosis de lealtad constitucional importante por todas las partes que la integran. Las competencias del Estado y de las comunidades autónomas tienen que ser ejercidas de buena fe, máxime cuando lo normal es que el Gobierno de la nación sea de un color político distinto al de los de varias comunidades autónomasNi el Gobierno del Estado ni los de las comunidades autónomas pueden perder de vista que todos forman parte del mismo sistema político y que el todo no va a funcionar bien si no funcionan bien las partes y a la inversa. Esto es algo que cada día se está olvidando más.