Salud de la democracia

El anteproyecto de Ley Reguladora del Derecho de Petición enviado al Consejo de Estado establece la obligación de las administraciones de acusar recibo y responder a cuantas demandas reciban. El de petición es un derecho recogido en el capítulo de derechos y libertades de la Constitución y que, 22 años después, sigue sin plasmarse en una norma positiva. Aunque tardía, es una iniciativa que va en el sentido de favorecer la participación de los ciudadanos en la vida pública. Esa noticia coexiste con otras que más bien provocan desánimo, como la denuncia del incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de situar al Parlamento en el centro de la vida política, en particular en lo relativo al control del Ejecutivo.La Constitución remite a una ley ulterior la determinación de la "forma y los efectos" del derecho de petición que reconoce a todos los españoles. En ausencia de esa ley, se ha venido aplicando una norma de 1960. El anteproyecto establece que el derecho de petición podrá ser ejercido por cualquier persona natural o jurídica y que de su ejercicio no podrá derivarse perjuicio para el peticionario. Podrá dirigirse a cualquier institución, Administración o autoridad con capacidad decisoria y versar sobre cualquier asunto que sea competencia del destinatario. Se trata de un derecho tradicional que puede considerarse el contrapunto necesario del sistema representativo parlamentario, en cuanto relaciona directamente al ciudadano con la Administración, sin mediaciones.

La otra forma de participación del ciudadano se canaliza a través de sus representantes en el Parlamento, escenario en que se ejerce la función de control y vigilancia del poder ejecutivo. La oposición ha denunciado que en los seis meses de legislatura el Gobierno ha acumulado ya 34 ausencias en los plenos de control en el Senado y un retraso considerable para responder a las preguntas planteadas en comisión: 40 no han recibido respuesta sobre un total de 53. También han denunciado la reticencia de algunos ministros a comparecer en el Parlamento, señalando en particular al de Exteriores, el único que no defiende en el Congreso el presupuesto de su departamento y que lleva semanas esquivando su obligación de dar explicaciones ante los diputados sobre el asunto del submarino Tireless.Síntomas de desapego como la escasa participación electoral y el desinterés por la vida pública observado en las encuestas podrían tener su explicación en esa suficiencia con que los gobernantes sitúan en el último lugar de sus ocupaciones la de rendir cuentas: no molesten, estamos trabajando. Pero una de sus obligaciones es justamente someterse al control de la oposición. Sin ese mecanismo de confrontación pacífica, el sistema parlamentario perdería una de sus funciones centrales.