Barak congela los fondos palestinos bajo la presión de los 'halcones'

Ehud Barak ha empezado a utilizar las finanzas para sofocar la Intifada palestina. Ayer dio el primer paso al congelar el traspaso de fondos a la Administración de Yasir Arafat. El Gobierno israelí adoptó esta decisión pocas horas después de que sobre el terreno se acentuara la presión militar con nuevos bombardeos estratégicos sobre cuatro ciudades autónomas. Pero ni las presiones bélicas ni las económicas parecen hacer mella en los jóvenes de la Intifada, que ayer prosiguieron acosando al Ejército ocupante.

El Gobierno israelí dejará de transferir fondos a la Autoridad Nacional Palestina, interrumpiendo así los acuerdos económicos pactados entre ambos en 1995 en París, dentro del proceso de paz. Los fondos bloqueados por el Ejecutivo hebreo son esencialmente tres: los derechos de aduanas de los productos procedentes del exterior con destino a Cisjordania y Gaza y que son cobrados puntualmente al llegar a las fronteras israelíes en nombre de la Administración palestina, pero con el compromiso de entregárselo a ellos; la devolución de determinados impuestos de algunos productos de consumo destinados a los territorios autónomos (TVA), y, en tercer lugar, las ayudas sociales y familiares destinadas a los obreros palestinos en Israel.El montante de los fondos congelados es muy difícil de calcular -sólo en TVA supone al año para los palestinos un ingreso de 650 millones de dólares (1.300 millones de pesetas)-, pero en cualquier caso, provocará unas dificultades añadidas a la Administración palestina, que tiene ya serios problemas para pagar puntualmente a sus 115.000 funcionarios, entre ellos más de 30.000 miembros de las fuerzas de seguridad, y que constituyen de manera global el centro y el grupo de empleo más importante de los territorios.

Barak logrará con esta medida condenar al paro a todos los funcionarios palestinos, añadiéndolos a los otros 120.000 obreros desempleados que habitualmente trabajaban en Israel, pero que el cierre de los territorios los ha dejado sin trabajo e ingresos. Pero las cifras no acaban aquí, ya que a estos 235.000 parados oficiales se les suma la fuerza obrera de los clandestinos, sobre todo de Cisjordania.

Las sanciones económicas contra la población palestina podrían agravarse en los próximos días si las autoridades deciden dar otro paso adelante y cortan el suministro eléctrico de numerosas poblaciones autónomas y de los locales de la Administración de Yasir Arafat. La excusa la tienen en la mano: no se han pagado los últimos recibos, correspondientes al mes de octubre. Los informes comerciales difundidos ayer aseguran que la compañía eléctrica israelí ha acumulado sólo en Gaza una deuda de nueve millones de shequels (unos 400 millones de pesetas). Un corte de luz dejaría a oscuras las oficinas de la burocracia palestina, pero también supondría el cierre de periódicos, radio y televisión.

Barak decidió utilizar la economía como arma de lucha contra la Intifada palestina el miércoles por la noche, después de haber ordenado a los tanques y a la aviación que destruyeran objetivos militares y civiles de cuatro ciudades autónomas: Tulkarem, Salfit, Hebrón y Jericó. El bombardeo era la respuesta militar al asesinato de cuatro ciudadanos israelíes, entre ellos dos soldados, el pasado martes en sendas emboscadas de la guerrilla palestina en Gaza y Ramala. Pero la operación era también el resultado de las presiones de los halcones del Gobierno, del Ejército y de los colonos, que no dejan de reclamar "mano dura contra los palestinos".

"No hay una solución milagro para resolver el problema palestino. Sólo podemos arreglar las cosas en una mesa de negociaciones", aseguraba ayer Barak en un tono relativamente más tolerante. El mediador norteamericano, Dennis Ross, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Ígor Ivanov, intentaban ayer establecer canales de negociación entre israelíes y palestinos. Dos palestinos murieron ayer por disparos israelíes.