La prensa desvela fondos ilegales en la campaña de Cardoso

Los partidos de la oposición y del Gobierno brasileño se han enzarzado en una batalla jurídica pública, tras la denuncia efectuada por el diario Folha de São Paulo sobre la existencia de una financiación ilegal en la campaña electoral para la reelección, en 1998, del actual presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso. Mientras, el presidente, prudente, se ha limitado a decir que las denuncias de la prensa a los políticos son signo de la "madurez democrática" de un país.Según documentos publicados por Folha, para la campaña de Cardoso existió una caja B, o fondo ilegal de financiación por lo menos de 1.000 millones de pesetas (diez millones de reales). Dicha cantidad no habría sido denunciada según las normas electorales y derivarían de empresarios varios sospechosos de haber recibido favores a cambio, tales como exenciones fiscales.

Una petición firmada por diputados de los siete partidos de la oposición, dirigida al Tribunal Superior Electoral, sugiere que al presidente Cardoso le sea aplicada ley 8.429/92, que regula los crímenes administrativos.

Según el diario O Estado de São Paulo, si la denuncia fuera presentada en los términos sugeridos, "podría acarrear hasta la pérdida de mandato del presidente con la suspensión de los derechos políticos durante cinco años".

Los partidos del Gobierno, sin embargo, no se han andado con chiquitas y han pedido enseguida que se investiguen las finanzas de los partidos de la oposición, convencidos de que en este asunto no existen partidos limpios y partidos sucios. "Todo esto es ridículo", ha sentenciado Mario Petrelli, el empresario que se encargó de la búsqueda de fondos para la campaña de reelección de Cardoso. Y ha afirmado literalmente: "En todas las elecciones existe quien da dinero extra a los partidos. ¿Es que el dinero que el Partido de los Trabajadores, de Lula (PT), recoge en las calles no es dinero extra?".

No cuadran las cuentas

El Gobierno ha hecho las cuentas entre lo declarado por Cardoso para su campaña (unos 4.000 millones de pesetas) y lo declarado por su antagonista Luis Inazio Lula da Silva (200 millones) y afirma que sólo en camisetas de propaganda Cardoso se había gastado 300 millones, por lo que las cuentas de Lula no cuadran.Los analistas políticos han aprovechado este escándalo para resaltar que Brasil necesita de una reforma política en la que se recoja el difícil tema de la financiación pública de los partidos para evitar posibles irregularidades.

Algunos han puesto como el mejor ejemplo para aplicar el sistema que utiliza en España sobre la financiación de los partidos políticos por parte del Estado.